La covid deja en Castilla y León a 426.000 personas en exclusión social, según Cáritas

La crisis sanitaria del coronavirus llegó hace más de dos años para trastocarlo todo. La forma de vida, lo social, lo económico, y, sobre todo, las vidas humanas. Pasado este tiempo, la pandemia sigue presente y el virus sigue circulando, pero gracias a la vacunación hay menos muertes y la vida, poco a poco, está recuperando la normalidad.

Si bien, la covid ha dejado tras de sí también muchos damnificados. En concreto, alrededor de 426.000 personas que se han quedado fuera de la sociedad o excluidos, de los cuales 225.000 se encuentran en situación severa, 79.000 más que antes de la crisis sanitaria, y tres grandes brechas en ese mapa de la pobreza autonómica: las de género, inmigrantes y edad.

Estas son algunas de las conclusiones que se extraen del informe sobre la exclusión y desarrollo social que han presentado este miércoles la fundación Foessa y Cáritas autonómica de Castilla y León, y en el que se pone de manifiesto también que esta situación de exclusión se está cronificando.

Con cada nueva crisis aumentan los afectados y por contra las épocas de bonanza no sacan del agujero a los que estaban”, advertía el obispo de Astorga, encargado de Cáritas española, Jesús Fernández, durante la presentación del estudio.

Un informe en el que se revela también que en Castilla y León uno de cada seis habitantes, el 18 por ciento, está en situación de exclusión social. El presidente regional de Cáritas, Antonio J. Martín de Lera, por su parte, mostraba también su preocupación porque no ha terminado la covid y ya se ven nuevos problemas sociales derivados de la invasión rusa en Ucrania y del aumento de los precios de la luz, el gas o los carburantes que están poniendo en jaque a cientos de miles de familias y pequeñas empresas.

“Con relación a los años anteriores, se ha dado un fuerte aumento, del número de personas acompañadas por nuestros programas de atención a necesidades básicas, con problemas crecientes de desempleo, ingresos, vivienda y salud mental”, señala el presidente de Cáritas autonómica.

A pesar de que la dinámica en Castilla y León es ligeramente menos negativa que en el conjunto de España, la crisis sanitaria ha afectado a muchos hogares en la Comunidad, reduciendo notablemente su espacio de integración plena.

En 2018, seis de cada diez hogares en Castilla y León se encontraban en esta situación, ahora menos de la mitad de los hogares (49.7%) participan con total normalidad en la sociedad.

Brechas abiertas

También se advierte de un crecimiento de dos brechas que siguen activas: el género y la nacionalidad de origen. Además, se comienza a abrir una brecha que cada vez cobra más fuerza en la Comunidad: la edad. La crisis de la Covid está feminizando aún más el espacio de exclusión en Castilla y León.

La exclusión social en los hogares encabezados por mujeres ha pasado del 17 por ciento en 2018 al 25 por ciento en 2021, un incremento que multiplica por 2,5 el registrado durante el mismo periodo en el caso de los hombres (que pasaron del 12 al 15 por ciento).

El país de origen también constituye un rasgo diferencial en el caso de las brechas de exclusión. Más de la mitad de los hogares encabezados por una persona de origen extranjero se encuentran en situación de exclusión, esto significa 3,5 veces mayor que en los hogares encabezados por alguien de nacionalidad española, lo que dibuja una nueva línea de profundidad en la sociedad fracturada.

Una tercera brecha se abre en la sociedad castellanoleonesa por el incremento de la tasa de exclusión entre las personas más jóvenes. Uno de cada cuatro jóvenes menores de 30 años está afectado por procesos de exclusión social.

En este informe, como solución, se plantean los siguientes puntos:

1. Mantener estables para el futuro las medidas provisionales tomadas en el caso de la salud, la

vivienda o la protección social, adaptándolos a los distintos periodos de estabilidad económica.

2. Mejorar la cobertura del Ingreso Mínimo Vital, ya que supone un notable avance social. Según

datos del Ministerio, hasta septiembre del pasado año, se habían aprobado más de 51.000

solicitudes del Ingreso Mínimo Vital, que incluyen aproximadamente unas 35.000 personas

beneficiarias, esto supone alrededor de una persona beneficiaria por cada cuatro personas en

situación de pobreza severa en Castilla y León (el 25% frente al 19% en España).

3. Reclamamos un estado de bienestar que dé acceso a los derechos de todas las personas,

empezando por los más vulnerables. Así como una desvinculación del acceso a los derechos con

el mercado laboral.

4. Es urgente implementar medidas que reduzcan la hiperflexibilidad laboral, los empleos no

cualificados, temporales y precarios, que afectan sobre todo a los sectores más excluidos.

5. La complementación de los salarios escasos con otras medidas redistributivas, a modo de

estímulos al empleo.

6. Garantizar un sistema de salud público de calidad y un cambio de estrategia en la atención a

personas dependientes. Para garantizar la igualdad y evitar la exclusión social, es preciso

incrementar la inversión en atención sanitaria, para mejorar la calidad y atender

específicamente la salud mental. Una salud mental que ha vuelto a sufrir un gran impacto con

la pandemia.

7. Establecer un plan contra la exclusión residencial. Casi dos de cada diez familias

castellanoleonesas residen en viviendas inadecuadas y una cuarta parte sufren problemas de

inestabilidad residencial. Más de 119 mil hogares no tuvieron dinero suficiente, para el pago de

los gastos relacionados con la vivienda.