Más de 200 millones para que los sectores productivos de Castilla y León puedan paliar la nueva crisis

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, garantizó que los sectores productivos de la Comunidad recibirán una cantidad superior a los 200 millones de euros con medidas tanto para la recuperación económica tras la pandemia como paliativas de la nueva crisis generada por la inflación.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, señaló que los 200 millones comprometidos por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para medidas de apoyo a las empresas vinculadas a la recuperación económica después del impacto de la COVID-19, se verán incrementados con el programa presentado la semana pasada al aumentarse los “gastos e intervenciones en favor de las pymes”.

“Las medidas las colgaremos en la web, tanto las que garantizan la recuperación como las relativas a paliar la crisis” provocada ahora por la inflación, apuntó Fernández Carriedo, asegurando en todo caso que la suma será superior a los 200 millones comprometidos.

Todo ello tras anunciar que en el Portal de Gobierno Abierto de la Junta ya se encuentra el trámite de inicio del Proyecto de Ley por el que el Ejecutivo autonómico rebajará “de forma urgente” los impuestos con motivo de la situación económica. Una medida anunciada la semana pasada, dentro del Plan integral anticrisis, y que con su publicación en la web pasa a estar abierta para que “cualquier persona o institución que quiera elaborar una iniciativa con relación al texto, lo pueda hacer”.

Se trata de un trámite previo al parlamentario, que busca “conocer las opiniones, iniciativas y propuestas ciudadanas” sobre medidas como la reducción del tipo mínimo del tramo autonómico del IRPF, el incremento en un 40 por ciento de la deducción autonómica del IRPF por paternidad o maternidad en municipios de menos de 5.000 habitantes, la rebaja del impuesto de transmisiones patrimoniales tanto de bienes inmuebles como de explotaciones agropecuarias en el mundo rural, y la bonificación del cien por cien en los arrendamientos de fincas rústicas y del 95 por ciento en las licencias de caza y pesca.

Esto sitúa a Castilla y León, en opinión del portavoz, como “la Comunidad con un mejor tratamiento al mundo rural en política fiscal”. El texto también incluye la supresión temporal de la tasa de evaluación de la acreditación de las competencias profesionales y la prórroga durante un año de la congelación del importe de varias tasas, “al contrario de lo que se hace por parte del Gobierno con la no deflactación por la subida del IRPF”.

Asimismo, avanzó que, como parte del Fondo de Cooperación Local, se han movilizado esta semana 469 inversiones a 237 municipios de más de 1.000 habitantes, al ser las localidades beneficiarias de esta medida.

Estas son compatibles con las que se están desarrollando en colaboración con las diputaciones provinciales para municipios de menor tamaño, como explicó Fernández Carriedo, y parten de un fondo de 50 millones previsto al que, dentro del Plan anticrisis, se incorporarán 20 millones de euros adicionales.

Educación

En la rueda de prensa también participó la consejera de Educación, Rocío Lucas, y explicó que su departamento ha ofrecido impartir la educación gratuita de 2-3 años a 682 centros públicos y privados de Castilla y León con el objetivo de atender a 12.800 alumnos potenciales en un tramo educativo, recordó, que no es obligatorio.

En todo caso, sostuvo que todos ellos estarán sostenidos con “fondos públicos” e informó de que 103 necesitarán acometer obras de acondicionamiento tras la revisión de los técnicos. Además, el proceso podría suponer la contratación de entre 300 o 400 personas.

Lucas dio cuenta al Consejo de Gobierno de este escenario, anunciado el pasado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ya que el Gobierno autonómico destaca la “importancia de la educación” desde esta edad para contribuir a “la socialización y desarrollo afectivo de los pequeños”, además de que la OCDE afirma que los alumnos que “asisten a educación infantil tienen mejores resultados en el informe PISA que los que no lo hacen”.

En este sentido, recordó que desde el principio su departamento ha querido contar con todos los centros que tenían “esta experiencia” porque las familias “han confiado en ellos estos años”, tanto los públicos de los ayuntamientos, Junta y pymes.

“Queremos que los padres puedan elegir con total libertad”, expuso Lucas, quien enumeró que se trata de cuatro tipos de centros: los públicos de Educación Infantil y Primaria (CEIP) que asumen ahora este tramo de edad; los dependientes de la Junta; los gestionados por las entidades locales; y los centros privados, casi todos pymes. “Con esta red nos aseguramos que haya plaza para todos los nacidos en 2020 y puedan elegir el que más les interesa”, subrayó.

De los 682 centros, 406 son de carácter público y 276 privados, que cumplen todos los requisitos de espacios, ventilación, iluminación, accesos y personal decretado en la normativa. De los primeros, 240 son de titularidad de ayuntamientos y 166 de la Junta. Aún con todo, remarcó que todo el servicio “está financiado con fondos públicos”. También indicó que al menos 103 necesitan acometer obras de acondicionamiento tras la revisión de los técnicos y tras el “exhaustivo estudio” de las direcciones provinciales de Educación, con lo que se prevé que llegarán aptos para el inicio de curso en septiembre.

Lucas señaló que entre 15 y 20 centros privados han quedado fuera del proceso porque no cumplían la normativa y les emplazó a adecentar otro espacio o instalaciones, o en el futuro “adaptar” la contratación de personal si es ese el problema para volver a concurrir en el proceso.

Por el momento, se encuentra abierto el proceso de admisión desde el 18 de abril hasta el 12 mayo, para después adjudicar las plazas en junio y la posterior matriculación, pero ya “con criterios únicos” que coordinará la Consejería mediante una aplicación informática. Solo cuando se registren más solicitudes que vacantes se producirá un desempate que tendrá en cuenta rentas y valores como la proximidad, entre otros.

Contratación de personal

En cuanto al personal, avanzó que la negociación se encuentra en un punto abierto con los sindicatos, en la Mesa de Laborales, de la que ya se han celebrado dos reuniones, si bien admitió que existirá una ratio de docente por unidad en zonas rurales y otra en urbana, como ocurre con la etapa de de 3 a 6 años. Al ser, según la normativa, titulados en Educación Infantil y pertenecer “unas horas” al Cuerpo de Maestros, Lucas estimó una contratación de entre 300 y 400 personas gracias a esta nueva aplicación.

En todo caso, significó de nuevo que se trata de un modelo financiado por la Junta, ya que la Administración autonómica traspasa los fondos que requieran a los ayuntamientos y pymes “para pagar las nóminas”, además de las 136 propias de la Junta. Sobre este reparto, la consejera consideró que a día de hoy es “difícil” de calcular porque el proceso está abierto y se desconoce “dónde se matriculará cada uno”.

Sin embargo, reconoció que las retribuciones distinguirán entre trabajadores de la Administración regional, con su propio convenio colectivo, y el de los ayuntamientos y pymes, “con lo que será un tema de relaciones laborales”. En todo caso, existe “un porcentaje de módulo que se abonará a cada una de las unidades educativas que participe en el proceso”.

Por último, remarcó que el objetivo es “mirar por el interés general y atender el servicio y la calidad de los alumnos” y aseguró que no le consta el “malestar” de las asociaciones, tanto de centros públicos como privados. “Será positivo para las familias. Y a la Junta le toca buscar el equilibrio para un sector fundamental como es la educación”, concluyó.

Otros acuerdos

Por otra parte, el Gobierno regional aprobó tres expedientes de la Gerencia Regional de Salud por los que aprueba un gasto superior a 2,3 millones de euros destinado a la contratación de diversos suministros asistenciales para los hospitales de Salamanca y Ávila y de mantenimiento tecnológico en el de Palencia.

Además dio luz verde al expediente presupuestario presentado por la Gerencia Regional de Salud con el fin de dotar de una nueva sala de rayos X multifunción, digital y con telemando al Hospital Santiago Apóstol, en Miranda de Ebro (Burgos). Para ello, Sacyl destinará 400.000 euros.

El nuevo equipamiento de diagnóstico mediante imagen se ubicará en una de las salas del Servicio Radiodiagnóstico del centro hospitalario mirandés. Esta inversión permitirá mejorar la calidad del ámbito asistencial.

Por último, el Ejecutivo autonómico autorizó, con un presupuesto superior a 856.868 euros y con un periodo de vigencia de dos años, la adquisición de los reactivos necesarios para la realización, en dos ejercicios, del cribado avanzado de aneuploidías, prueba basada en un análisis de ADN fetal en la sangre materna, sin riesgo para la gestante ni para su bebé y disponible en todos los hospitales de Sacyl.

Nombramientos

Por otra parte, el Consejo de Gobierno anunció que Indalecio Escudero, Jesús García-Cruces, Juan Pedro Medina y Mar Sancho se suman al nuevo Gobierno como viceconsejeros en diferentes áreas y responsabilidades. Además, la Junta nombra a Raquel Alonso y a José Francisco Hernández como delegados territoriales en Valladolid y Ávila, respectivamente.

Indalecio Escudero asumirá la Viceconsejería de Administraciones Públicas y Atención al Ciudadano; Jesús García-Cruces la de Asistencia Sanitaria, Planificación y Resultados en Salud y Gerente Regional de Salud; Juan Pedro Medina la de de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural; y Mar Sancho la de Acción Cultural.

De igual modo, Ana Álvarez-Quiñones será la nueva secretaria general de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, mientras que Augusto Cobos, anterior delegado territorial en Valladolid, asume la responsabilidad como director general del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León.

Por su parte, Eduardo Cabanillas será el director general de Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios; Enrique Sánchez-Guijo el director general de Deportes; Irene Muñoz, directora general de Relaciones Institucionales; José Máximo López, director general de Transparencia y Buen Gobierno; y Juan Carlos Prieto como director general de Patrimonio Cultural.

Viceconsejeros

En primer lugar, Indalecio Escudero fue nombrado como viceconsejero de Administraciones Públicas y Atención al Ciudadano, perteneciente a la Consejería de Presidencia. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid y ha sido director General de Competitividad de la Industria Agroalimentaria y de la Empresa Agraria de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (agosto 2019-abril 2022).

Escudero es funcionario del Cuerpo Superior de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, ha trabajado en la Administración Local donde ha sido jefe de gabinete de Presidencia de la Diputación Provincial de Valladolid (julio 2011-junio 2019). También ha desempañado distintos puestos en la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Jesús García-Cruces, nuevo viceconsejero de Asistencia Sanitaria, Planificación y Resultados en Salud y Gerente Regional de Salud, es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid en 1991 y doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en 2013.

García-Cruces es médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria así como en Medicina Preventiva y Salud Pública y posee un Máster Superior en Gestión Sanitaria por ICADE 1999-2001; y otro Máster Superior en Gestión y Dirección de Servicios Sanitarios por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, 2002.

En relación a su experiencia profesional, fue director gerente de la Gerencia Regional de Salud (diciembre de 2021 a abril de 2022); jefe de servicio de Gestión y Servicios Generales del Servicio Regional de Salud de la Comunidad de Madrid (2001-2002); director general de Desarrollo Sanitario de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, 2006 – 2011, entre otros.

En tercer lugar, el viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural, Juan Pedro Medina, es ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid (1988) y funcionario en la administración de Castilla y León, en el Cuerpo Facultativo Superior de Ingenieros Agrónomos (1992).

Desde el 2003 es director general de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Castilla y León y fue coordinador de Ayudas a la Renta de la Dirección General de Política Agraria (2000-2003) y jefe de servicio de Ayudas Agrícolas de la Dirección General de Política Agraria (1997-2000).

Por último, Mar Sancho, que asumirá la Viceconsejería de Acción Cultural, es licenciada en Derecho y fue la directora general de Políticas Culturales y Comisionado para la Lengua Española de la Junta de Castilla y León.

Cuenta con 22 años de experiencia en materia de competitividad empresarial, ha desempeñado los puestos de Directora General de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización de Castilla y León y Directora General de ADE Internacional EXCAL.

Además, posee una amplia trayectoria internacional, habiendo trabajado en internacionalización y en captación de inversiones en distintos países de Latinoamérica y en Estados Unidos. Asimismo, ha sido experto senior para la Unión Europea y USAID.

Otro nombramientos

Ana Álvarez-Quiñones será la nueva secretaria general de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, quien posee una Licenciatura en Derecho por la Universidad de Valladolid (1984-1989) y cursos de Doctorado completos en Derecho Civil y Penal (1993-1995).

Es funcionaria de Carrera del Cuerpo de Letrados de la Administración de la Comunidad de Castilla y León desde 1991 y, en etapas anteriores, ha sido directora de la Escuela de Administración Pública de Castilla y León, jefe de servicio de Organización y Secretaría del Gabinete del Presidente de la Junta de Castilla y León y directora de Comunicación de la Junta de Castilla y León.

La nueva delegada territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia de Valladolid, Raquel Lourdes Alonso, es arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid (2009-2015), concejala por el Partido Popular de Alaejos (Valladolid) y funcionaria del Cuerpo Superior de la Junta de Castilla y León (A1).

En relación a la provincia de Ávila, el delegado territorial, José Francisco Hernández, es licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca y desempeñó esta responsabilidad desde septiembre de 2016 hasta el pasado enero.

Fue concejal y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ávila (Junio 1999- Junio 2015); y secretario general técnico de la Asociación de Transportistas Abulenses (Ávila) (Junio 1995-Junio 2010).

Directores generales

Augusto Cobos, anterior delegado territorial en Valladolid, asume la responsabilidad como director general del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valladolid (1992) y en Derecho por la Universidad de Valladolid (1999).

Cobos es miembro del REDI (Red de Economistas Docentes e Investigadores) del Consejo General de Economistas de España. Además, ha ocupado diferentes cargos como el de subdirector de Relaciones Internacionales de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales (2003-2006) y los de director de Área de Relaciones con la Empresa (2006-2010) y del Área de Empresa y Empleo de la Universidad de Valladolid (2010-2014).

Eduardo Cabanillas, que será el director general de Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios, posee como formación una Ingeniería Agrónoma por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid.

Es funcionario de carrera del Cuerpo Facultativo Superior de Ingenieros Agrónomos de la Comunidad de Castilla y León desde 1988; y ha sido vicepresidente 1º del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, entre otras experiencias laborales.

Enrique Sánchez-Guijo, como nuevo director general de Deportes, es licenciado en Ciencias Económicas y Máster MBA. Fue presidente del Comité Paralímpico Europeo y recibió la Medalla de Oro al Mérito Deportivo de la Junta de Castilla y León y del Gobierno de España. Sánchez-Guijo es socio fundador de Diplosport – Diplomacia Deportiva y es campeón paralímpico.

Respecto a la directora general de Relaciones Institucionales, Irene Muñoz, es licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Burgos y graduada en Derecho, por la Universidad de Valladolid.

En su experiencia profesional destaca como funcionaria de carrera, jefa del servicio de Intermediación, Orientación y Ocupación en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, además de ser asesora en la Viceconsejería de la Presidencia de la Junta.

José Máximo López, nuevo director general de Transparencia y Buen Gobierno, es licenciado en Derecho por la Universidad de Burgos y posee un Máster Universitario en Derecho Matrimonial Canónico en la Universidad Internacional de La Rioja.

Abogado, perteneciendo al Colegio de Abogados de Burgos, en ejercicio desde 2002 hasta 2007, aunque como abogado no ejerciente. Fue diputado nacional (2013-2015), procurador en las Cortes de Castilla y León (2015-2019) y concejal del Ayuntamiento de Aranda de Duero (1999-2013; 2015-2019).

Como director general de Patrimonio Cultural estará Juan Carlos Prieto, quien es Arquitecto por la Universidad de Valladolid. En mayo de 1994 fue nombrado director del Centro de Estudios del Románico y en diciembre de 1994, promoviendo la transformación de una asociación cultural en una fundación, es nombrado Director General de la Fundación Santa María la Real, tarea que ha desarrollado hasta junio de 2021

Además, en junio de 2021 fue nombrado Secretario General del Patronato de la Fundación Santa María la Real, cargo que ha venido desempeñando hasta abril de 2022.