Sanidad desbloquea la estrategia autonómica de salud mental, “decisiva” tras los efectos colaterales de la Covid-19

La Estrategia Autonómica de Salud Mental cada vez está más cerca, toda vez que el Plan de Acción nacional ha visto la luz en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, premisa para que pudiera ver la luz el documento que ultima ya el nuevo equipo de la Consejería de Sanidad.

El viceconsejero de Asistencia Sanitaria, Planificación y Resultados en Salud y gerente regional de Sacyl, Jesús García-Cruces, precisa a Ical que la estrategia de Castilla y León está “muy avanzada, pero no cerrada”, ya que la Consejería es partidaria de “luchar por objetivos comunes y globales para toda España”, con con matices por territorios, pero con una espina dorsal que vertebre las actuaciones en todo el país. “Tenemos que ser siempre proactivos e impulsar estrategias comunes y cuanto más, mejor” para los pacientes y los usuarios del sistema sanitario, precisa.

Considera el Plan de Atención de Salud Mental va a ser “decisivo y muy importante”, teniendo en cuenta, además, los efectos colaterales del COVID-19 que han provocado un aumento de la enfermedad mental y, teme, también, que puedan hacerlo los casos de suicidio por el repunte de los trastornos de ansiedad y depresión.

El plan, que estará cofinanciado entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, cuenta con un presupuesto de 100 millones de euros, a través de los Presupuestos Generales del Estado, durante los años 2022, 2023 y 2024. Se centrará en el refuerzo de los recursos humanos en salud mental; optimización de la atención integral a la salud mental; sensibilización y lucha contra la estigmatización; prevención, detección precoz y atención a la conducta suicida; abordaje de problemas de salud mental en contextos de mayor vulnerabilidad; y prevención de conductas adictivas con y sin sustancia.

Prevención en el primer nivel

Precisamente, desde la Consejería ya se están dando pasos para frenar esta realidad que en el caso del suicidio pide paso, por imperativo legal. De hecho, aparece recogido con mayor énfasis en el Plan Anual de Gestión de Sacyl para este año, la hoja de ruta que marca los objetivos del sistema. Se quiere que la Atención Primaria sea más proactiva en la detección del riesgo suicida en personas con diagnóstico de depresión o ansiedad en 2021, y se pide a los profesionales que estudien a estos pacientes y midan los riesgos.

De forma paralela, la Red Centinela Sanitaria de Castilla y León, dependiente de la Consejería de Sanidad, se ha propuesto medir, determinar los riesgos, los signos de alarma y la magnitud de la incidencia y describir el riesgo en la población que ha cometido un suicidio o que manifiesta/refiere ideas suicidas en la consulta de Atención Primaria, con especial atención a las diferencias por género.

También, está en marcha la Estrategia Autonómica de prevención de la conducta suicida, con el horizonte puesto en 2025, aprobada en diciembre del pasado año, y en la que se dan la mano Sanidad, Servicios Sociales y Educación.

Cuenta con un paquete de 71 medidas, que pasan por la prevención universal; prevención selectiva, dirigida a grupos de población que presentan mayor riesgo de conducta suicida; prevención indicada, que se dirige a determinadas personas altamente vulnerables dentro de la población, por presentar ya signos sugerentes de riesgo suicida o una enfermedad altamente asociada a dicho riesgo; vigilancia epidemiológica e investigación; y formación para capacitar a los profesionales en la detección, atención y seguimiento de personas en riesgo de suicidio.

Los datos

El compromiso de los estados miembros de la OMS para 2030 es reducir un diez por ciento las tasas de mortalidad por esta patología, la primera causa de muerte externa que casi duplica el número de fallecimientos por accidente de tráfico y multiplica por 72 el número de víctimas de la violencia contra las mujeres.

Las defunciones según causa de muerte correspondientes al año 2020 y recogidas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), revelan que en la Comunidad se produjeron ese año 228 suicidios (177 varones y 51 mujeres), diez más que en 2019, con un aumento del 4,5 por ciento, algo inferior al del conjunto nacional, del 7,35 por ciento. Las tasas de suicidios ajustadas por edad son ligeramente superiores en Castilla y León que en España: 6,79 por 100.000 habitantes frente a 6,38.

Se han reducido en el caso de las mujeres (de 53 a 51) e incrementado en los varones (de 165 a 177). Entre los menores de 44 años, el suicidio se redujo en todos los grupos de edad, incrementándose ligeramente en los grupos de edad más avanzada.

La tasa de suicidios en los hombres es 3,1 veces mayor que la de las mujeres, tanto en España como en la Comunidad. Según la OMS, en el suicidio se produce la paradoja de género, ya que los hombres presentan mayores tasas de suicidio, mientras que las mujeres llevan a cabo un mayor número de tentativas. Este hecho podría deberse a la mayor letalidad de los métodos de suicidio empleados por los hombres.

También existen diferencias importantes en relación con rangos de edad y sexo. Para los varones, las tasas de suicidio se incrementan con la edad; la más elevada es la tasa de los mayores de 79 años que multiplica por cuatro la de los jóvenes entre 15 y 29 años. En el caso de las mujeres, la tasa bruta de suicidios no experimenta variaciones significativas por rango de edad, con valores más estables.

El indicador de mayor riesgo para un futuro suicidio es el de intento o intentos previos. Se estima que durante los seis primeros meses e incluso durante el primer año después del intento, el riesgo aumenta entre 20 y 30 veces, y que el grupo con mayor riesgo de suicidio consumado por tentativas previas es el de las personas mayores. También, es clara la asociación entre suicidio y la presencia de trastornos mentales.