El Consejo de Cuentas quiere poner en marcha un Plan de Fiscalizaciones “pionero e innovador”

El Consejo de Cuentas ha llevado esta tarde para su debate y votación en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León el proyecto del Plan Anual de Fiscalizaciones para el 2022, que ha sido presentado por el presidente Mario Amilivia definiéndolo como “pionero e innovador” en su contenido, que “garantiza un control externo permanente, centrado en las prioridades de gasto autonómico, fundamentalmente de gasto social, y en la importancia de la Administración local en esta Comunidad”.

El órgano de control externo retoma sus comparecencias después de varios meses a causa, primero, de la tramitación parlamentaria de los presupuestos y, segundo, de la convocatoria anticipada de elecciones, lo que se tradujo, por causas ajenas al funcionamiento de la institución, en la existencia en la actualidad de 30 informes que están pendientes de su presentación ante la Comisión.

Apeló por ello Amilivia a la colaboración de la Comisión “para superar en los próximos meses esta acumulación coyuntural y volver a poner al día lo antes posible la presentación de nuestros informes” a la vez que volvió a recordar que “el Consejo de Cuentas es la única institución de control externo de España que no aprueba

autónomamente su Plan Anual de Fiscalizaciones, al ser competencia última del Parlamento autonómico”.

El documento incluye 24 nuevos informes con 23 fiscalizaciones de carácter legal y especial, más el informe anual de seguimiento de las recomendaciones. Además, recoge las fiscalizaciones procedentes del Plan 2021, cuya finalización se proyecta en el presente ejercicio. El contenido del Plan ha sido consensuado, aprobado por unanimidad, elaborado por los técnicos de la institución y propuesto por cada uno de los tres departamentos que conforman el Consejo.

El presidente destacó que es “pionero e innovador” en la medida en la que “fiscalizan materias sensibles que hasta ahora no se habían tratado por los órganos de control externo, como las referentes a las nuevas tecnologías, la ciberseguridad y la investigación”. Añadió que los trabajos proyectados garantizan un “control permanente del sector público”, por un lado, “con el constante seguimiento de las recomendaciones que efectúa el Consejo, especialmente en el informe anual, el último de los cuales constató un grado de aceptación del 81% por parte de los entes fiscalizados”; y por otro lado, “permitiendo una visión amplia y homogénea de las grandes líneas de la gestión de las administraciones públicas de la Comunidad, ofreciendo datos comparables y su análisis evolutivo”.

Apuntó también que “es un Plan coherente con la estructura presupuestaria de la Comunidad al prestar atención preferente a las grandes prioridades relacionadas con las principales políticas de gasto social”. En relación con el gasto sanitario se prevé la fiscalización financiera de la Gerencia Regional de Salud, con especial referencia a los pagos derivados del contrato del Hospital Universitario de Burgos. En materia educativa se abordará el posicionamiento de las 4 universidades públicas en los rankings internacionales.

El documento recoge asimismo el análisis de la gestión del Programa Presupuestario de Deuda Pública; la comprobación de los planes de medidas antifraude de la Comunidad Autónoma en el ámbito de la nueva sistemática de gestión de los fondos de recuperación y resiliencia; la fiscalización de los beneficios fiscales de la Comunidad, así como un trabajo específico sobre contratación menor que complementará la fiscalización anual de carácter legal sobre la contratación en la Administración autonómica.

El Plan también es expresión de la “importancia que concedemos a la Administración local en una Comunidad de gran extensión y dispersión poblacional, que cuenta con cerca de 5.000 entidades entre diputaciones, ayuntamientos, juntas vecinales y mancomunidades”. En este ámbito se incorpora el análisis del nivel de prestación y asistencia de las diputaciones provinciales a los pequeños municipios y la contratación administrativa ejecutada en el pasado ejercicio. Además, se verificará el impacto en la situación económico-financiera de las entidades locales de la suspensión de las reglas fiscales; la evaluación de la situación creada en las finanzas locales con la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana o el análisis de los municipios que más incumplen con la rendición de cuentas.

Además, se realizarán tres nuevos trabajos sobre seguridad informática de los ayuntamientos de Valladolid, Salamanca y León, en línea con la serie de siete auditorías realizadas a municipios de tamaño intermedio y las que se encuentran en elaboración referidas a los ayuntamientos de Ávila, Burgos y Palencia. La programación prevista en el ámbito local se completa con la fiscalización de los municipios de Ponferrada y Guijuelo.

El Plan para 2022 fortalece la “ejemplar” colaboración que el Consejo de Cuentas desarrolla con el Tribunal de Cuentas en la realización coordinada de fiscalizaciones. Recogiendo, en este sentido, los trabajos sobre la gestión de los fondos europeos de recuperación y resiliencia. Fruto de esta colaboración son, por ejemplo, dos informes ya aprobados, pero pendientes de comparecencia, referidos a la administración electrónica de las entidades locales y a la aplicación por la Administración autonómica de la normativa en materia de dependencia.