CSIF urge la activación del 100% del operativo de extinción de incendios forestales en Castilla y León

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), alerta del peligro que corre nuestros bosques si la Junta de Castilla no asume que tiene que declarar ya “época de peligro de incendios forestales” y activa el 100% del operativo de incendios. Resulta inconcebible como después de sufrir una de las primeras más secas y cálidas de la historia, la Junta no haya sido capaz de activar más efectivos al operativo de incendios forestales. Mañana, 15 de junio, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio presentará la campaña de prevención de incendios forestales. En la misma, como es habitual, defenderá su modelo de “operativo flexible” a las circunstancias basada en los índices de incendios forestales.

“Desde CSIF nos preguntamos: ¿Qué clase de “flexibilidad” defienden si no activan el operativo dadas las condiciones climáticas en las que nos encontramos? A esto se une la manipulación que hacen de los datos. Y es que cuando dicen que están en funcionamiento tal número de autobombas o puestos de vigilancia de incendios, en realidad sólo están activos uno de los dos turnos que tienen; únicamente se activan todos los turnos durante los meses de julio, agosto y septiembre. Además, a esto une que, aunque sea época de peligro de incendios forestales, no sustituyen si los personas cae IT. Con ello, nos encontramos todos los años con situaciones tan inverosímiles, como tener una autobomba parada en pleno verano porque nadie sustituye a esa persona. Por desgracia, todas estas situaciones “nos siguen dado la razón, tras más de diez años de reivindicaciones sobre esa materia”, tiempo en el que” nuestro sindicato lleva insistiendo, sin resultados satisfactorios, sobre un imprescindible cambio integral en el modelo de prevención y extinción de esta lacra, que tanto afecta a los castellanos y leoneses”, afirman fuentes del sindicato.

Para el sindicato independiente, “la finalización del verano del pasado año, con la tragedia del incendio de Ávila, debía haber servido a la Junta para reflexionar. Es imperiosa la necesidad de revisión y negociación de un nuevo marco normativo sobre guardias de incendios, en el que se basa el funcionamiento de todo el operativo de prevención y extinción de incendios forestales en la Comunidad de Castilla y León, que se adapte a las actuales circunstancias normativas, socio-laborales y de estructura del combustible existente en el monte que nada tienen que ver con las existentes en 2004, fecha del actual Decreto vigente.

“CSIF insta a mantener ya un debate y un diálogo sincero y abierto con una administración autonómica voluntariosa, dispuesta a considerar nuestras propuestas, posibles, estudiadas y trabajadas, basadas en la experiencia real de los profesionales de la extinción de los incendios forestales”, añaden.

Además quiere un operativo INFOCAL de prevención y extinción de incendios forestales durante todo el año. El 40 por ciento de ellos se producen fuera de la época de peligro alto, por lo que es necesario un aumento de la inversión en prevención para que sea, por lo menos, igual a la media de lo que se invierte en otras comunidades, puesto que Castilla y León es la última en inversión por hectárea (5 euros), mientras que Galicia invierte 7 veces más o Cataluña 14 veces más.

“Es imprescindible que las plantillas se encuentren al 100 por ciento de ocupación cubriendo todas las vacantes, de todas las categorías del operativo, insiste CSIF. Se trata de un servicio esencial según la Ley de Protección Ciudadana de Castilla y León. Los agentes medioambientales e ingenieros forestales y de montes que dirigen la extinción se encuentran desamparados, y sin los recursos humanos y materiales necesarios, además de los propios medios de extinción”, afirman.

“Es urgente la reposición de vehículos debidamente rotulados y señalizados (prioritarios V1 azul) que permitan llegar al jefe de extinción el primero con la máxima seguridad. Se necesita un mínimo de agentes medioambientales, celadores, ingenieros o conductores para dirigir la extinción con garantías y con apoyo, en muchos casos para la sectorización en incendios que acaban convirtiéndose en GIF (grandes incendios forestales de más de 500 has.). Los riesgos y los costes se elevan mucho en estos incendios”, explica CSIF.

“Pasaría lo mismo con la investigación que lleva a cabo los agentes medioambientales de las brigadas de investigación (BIIF). Con fecha de 7 de febrero de 2018 fue aprobado uno de los puntos de la moción presentada por Ciudadanos, ante el Pleno de las Cortes de Castilla y León, en el que se instaba a la Junta a mejorar la investigación de las causas de incendios, con la creación de brigadas de investigación compuestas por agentes medioambientales/forestales con dedicación exclusiva, y para que estas dispongan de una bolsa que permita acudir a los incendios en su inicio, lo que redundaría en una importante mejora preventiva. Se ha invertido en formación de los agentes y esto no supone apenas coste añadido, solamente un mínimo de material y apoyo que puede llevar a encausar al autor del presunto delito, y a cobrar muchos de los gastos de extinción”, añaden.

Se debe acabar con el empleo precario en la extinción de incendios, remarca CSIF. Actualmente se hacen contratos de 3-4 meses, especialmente de puestos de vigilantes, conductores de autobomba y peones punta de lanza, para trabajos con mucho riesgo, responsabilidad y peligro. La solución propuesta por este sindicato pasa por el reconocimiento de la categoría de bombero forestal, y trabajar en tareas de prevención (podas y desbroces en líneas de defensa y cortafuegos) durante los 12 meses del año, que facilitan las labores de extinción en verano. Estos puestos de trabajo están ocupados por personal interino en más de un 75% del total.

“Es necesaria una actualización del Plan INFOCAL (Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León de 1999), con incorporación integral al 112 adaptando el decreto (2004) de extinción de incendios a las directrices básicas de planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales (2013), recalca CSIF. Las condiciones sociales y del combustible en el monte han cambiado mucho y, sobre todo, la plantilla de empleados públicos es ahora mucho más escasa”, aconseja el sindicato.

Por ello, aseguran es necesaria “la revisión integral de la normativa adaptándola a la de Protección Civil nacional. Toda esta adaptación legal no debe oponerse a la normativa laboral vigente en ningún caso, y debe concretarse un protocolo que claramente defina la forma de asignación de guardias según nivel de peligro declarado, evitando disparidades de criterios según provincias, y que evite los permanentes cambios de planes en el ámbito familiar que actualmente se producen”.

“Es necesario, igualmente, apostilla el sindicato independiente, un protocolo de despacho de convoyes que clarifique a diario a quién le podría tocar intervenir en caso necesario, y mejorar la compensación de las jornadas laborales. Estar fuera de casa, yendo o viniendo del incendio, es igual de penoso que estar en él. Existen requerimientos de Inspección de Trabajo para no pasarse de 12 horas de trabajo seguidas que muchas veces se incumple, y esto no se debe permitir por ninguna administración hablando de un servicio de emergencias del que dependen los administrados, no se trata de ‘heroicidades’”, subrayan.

El sindicato cree que “el sistema ‘flexible’ que parece defender la Junta no garantiza la consolidación de empleo de calidad, vinculado a la propia defensa contra los incendios forestales y al medio rural, como sí ocurre en comunidades vecinas como Extremadura, La Rioja o Galicia. “Llevábamos años denunciado el convenio colectivo de los laborales de la Junta de Castilla y León y, como pasamos en 2020 por unas elecciones sindicales, el resto de sindicatos nos han apoyado adhiriéndose a nuestra denuncia. Es hora de potenciar a los bomberos forestales, para que tengan su categoría profesional, pero no estamos viendo avances en la negociación”, apunta CSIF.

“El sistema mal llamado ‘flexible’, del que presume el consejero de Fomento y Medio Ambiente, ha quedado en entredicho al necesitar en Ávila la ayuda de otras comunidades autónomas y del Estado, por la manifiesta escasez de medios humanos y materiales propios”, concluye.