Las familias de las niñas desaparecidas en Aguilar en 1992 no arrojan la toalla

La familia de las niñas de Aguilar de CampooVirginia Guerrero y Manuela Torres, desaparecidas en 1992, no arrojan la toalla después de que el Juzgado de Cervera de Pisuerga decidiera archivar de forma provisional las últimas actuaciones emprendidas al reabrirse el caso a cuenta de la aparición de una testigo, y han pedido a la Audiencia de Palencia que retome la investigación ya que consideran que aún quedan “muchos flecos sueltos, muchas dudas y muchas lagunas en la investigación”.

La abogada Carmen Balfagón y el criminólogo Ramón Chippirrás, en representación de las familias han informado este viernes acerca de la presentación de un recurso de apelación contra el archivo de las actuaciones junto al hermano de Virginia, Emilio Guerrero, y han afeado la actitud del juzgado de Cervera.

“Da la sensación de que no tienen muchas ganas de trabajar”, lamentaba Carmen Balfagón, en declaraciones recogidas por Efe, quien explica que en estos seis meses de nuevas investigaciones se han seguido tres líneas de investigación en torno a tres hombres, y que aunque uno de ellos descartado quedan cuestiones pendientes y saber que pasa con los otros dos.

En este sentido, la letrada pide que se mantenga la investigación sobre ambos, ya que, además, uno de ellos está relacionado con la línea que se abrió hace unos meses a raíz del testimonio de una mujer que vivió junto a una amiga una situación similar a la de Virginia y Manuela y pudieron escapar.

“Después de seis meses de investigación y de secreto de sumario, todavía no ha sido aclarado de qué color era el Seat 127que llevaba en 1992, año de la desaparición”, apuntan la abogada de la familia, que tampoco entiende que se le haya descartado solo “fiándose” de su testimonio afirmando que el coche era marrón, a pesar de que la mujer dice que el coche era beige claro y le ha reconocido “al cien por cien y sin ningún género de dudas”.

Son muchas las diligencias solicitadas por los abogados en torno a otra de las líneas donde ven “más lagunas”, ya que en 1992 el sospechoso tenía un 127 blanco y declaró que cuando desaparecieron las niñas él se había ido a estudiar a Estados Unidos, pero la investigación realizada ahora demuestra que en esa época no tenía pasaporte.

”Es una coartada imposible y a pesar de ello el Juzgado no sigue investigando”, señala, por su parte, Chippirrás, quien asegura que tampoco consta que en 1992 el sospechoso se viera implicado en otros delitos. Por ello, señala que han pedido también sus antecedentes, y que se dé importancia a una conversación en la que alega que “pudo saber lo que pasó”.

Los letrados señalan también el testimonio de la mujer que declaró en 1992 y se ratificó ahora, que las niñas se habían subido a un Seat 127 blanco el día de su desaparición, y que el coche estaba conducido por un hombre de entre 20 y 25 años. , han vuelto a solicitar que se busque a las niñas en la mina Fontoria, una mina de magnesita de seis metros de diámetro en Cantabria, donde se buscó en 1992 tras dos llamadas anónimas a la Guardia Civil.

”Entonces no se pudo llegar a todos los rincones pero ahora, con los medios que hay, sería posible drenar toda la mina y además es de magnesita por lo que los restos se habrían conservado”, afirma el criminólogo, informa Efe.

También se remiten a un informe de la Guardia Civil en 1993 en el que se señala que la cueva Cervatos, cerca de Reinosa (Cantabria), es un lugar idóneo para ocultar los cadáveres pero entonces no había medios para bajar a la cueva. “Hoy esos medios existen”, insiste la abogada.

En este punto, las familias piden a la Audiencia Provincial que sea “sensible” con las peticiones de los abogados y retome la investigación para saber lo que pasó con las niñas, y para despejar “las muchas dudas” que se han quedado sin resolver durante la investigación del Juzgado de Cervera de Pisuerga.

La abogada insiste en que las desapariciones no prescriben y que no desistirán “hasta que se agoten todas las vías”, aunque en caso de asesinato éste habría prescrito.

Y apela a “la humanidad y la generosidad” del presunto asesino para que admita de forma anónima lo que hizo e informar del lugar donde se encuentran las niñas.

Emilio Guerrero, hermano de Virginia Guerrero, ha pedido a la Audiencia “empatía” y ha dejado claro también que después de 30 años de sufrimiento no desea venganza “ni siquiera saber quién es (el autor), sino que solo quieren saber que pasó y dónde están.