El CES exige medidas urgentes ante el cierre de oficinas bancarias en el medio rural

El Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León defiende que es “necesario” que las administraciones públicas con competencias en materia financiera adopten “medidas con carácter urgente” para paliar la situación generada en el medio rural por el cierre de oficinas bancarias.

El órgano consultivo recuerda, en las recomendaciones de su Informe Anual 2021 recogidas por Ical, que se trata de un servicio “prioritario” y expone que “el acceso al dinero en efectivo, además de mantener la economía en el medio rural, constituye un derecho por el que deben velar las administraciones públicas”.

El CES denuncia que Castilla y León es, junto con Cataluña, la comunidad autónoma más afectada por el cierre de oficinas bancarias y muestra su “preocupación” por su creciente desaparición, que “está afectando especialmente al medio rural, agravando la situación de muchos pueblos que disponen cada día de menos servicios básicos, y, que además, cuentan con una población envejecida y en general, con pocas competencias digitales con las que afrontar las nuevas exigencias que se les quieren imponer, además de escasa cobertura digital”.

Asimismo aboga por la implantación de un modelo fiscal diferenciado que reconozca el hecho de que la Comunidad es un productor excedentario en España de energía, especialmente renovable.

Este hecho diferencial debe reconocerse, indica el CES en las recomendaciones de su Informe Anual de 2021, “empezando por una fiscalidad favorable para personas y empresas que se establezcan en el medio rural, donde se genera una buena parte de esa energía”. A juicio del órgano consultivo, esta medida “actuaría como un factor de discriminación positiva para afrontar el reto demográfico y la despoblación”.

“La producción eléctrica en Castilla y León, especialmente de carácter renovable, es muy superior a sus necesidades y esto genera un excedente, que aporta al conjunto nacional sin recibir a cambio contraprestación alguna”, argumenta para urgir que se abra el debate.

Asimismo exige a la Junta la actualización de la Ley contra la Violencia de Género en la Comunidad, que data del año 2010, para proceder a la elaboración de una nueva política en materia de erradicación de esta lacra en Castilla y León. Además, el CES recomienda a la Junta que, para la elaboración de la nueva Ley, se tenga en cuenta el documento de bases recogido en el Acuerdo del Consejo del Diálogo Social en materia de lucha contra la violencia de género firmado en la Comunidad en el año 2021.

En sus recomendaciones del informe de 2021 de la institución propia de la Comunidad, recogidas por Ical, el CES recuerda que en el documento firmado por los actores del Diálogo Social se manifiesta que “la lucha contra la violencia de género es y debe seguir siendo un compromiso inaplazable e incuestionable”, y pide fomentar la participación de la sociedad civil en su conjunto “sensibilizándola e implicándola en esta tarea de erradicación”.

En cuanto a las políticas de igualdad entre hombres y mujeres, el Consejo Económico y Social recuerda que es “un principio fundamental de la Unión Europea” y pide por ello a la Junta que “incremente los esfuerzos para desarrollar las medidas recogidas en el Plan de Igualdad de Género, Corresponsabilidad y Juventud” con el fin último de “avanzar en la construcción de una política pública con perspectiva de género”.

“Nuevos planteamientos” en las residencias

Además, el CES solicita a la Junta de Castilla y León la aprobación “a la mayor brevedad posible” de una normativa que regule los centros de cuidados de larga duración para personas mayores, también conocidos como residencias, que incluya “nuevos planteamientos” con los que disponer de un modelo “actualizado, resiliente y acorde a los nuevos tiempos”.

A ello se une la exigencia a la Junta para que utilice “los medios materiales y de personal necesarios” para devolver la atención presencial sanitaria establecida de manera previa a la pandemia de Covid-19 en el territorio castellano y leonés, garantizando con ello “una prestación sanitaria integral y de calidad tanto en el medio rural como en el urbano”.

Otras dos peticiones de este organismo pasan por reclamar una mejora de manera “continua” del operativo de lucha contra incendios forestales, además de recordar que el plan de restauración para las zonas afectadas debe acordarse “en el marco del Diálogo Social” y contar con los colectivos afectados y las administraciones locales y se reclama una “estrategia común” y una gobernanza compartida para la reversión demográfica en aquellas comunidades más despobladas, entre ellas Castilla y León.