La Junta duda de la seguridad jurídica de las medidas de ahorro energético de Sánchez

El polémico decreto energético sigue generando muchas dudas, máxime después de que la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera reculara ayer y dejara abierta la posibilidad de que los bares y restaurantes puedan ahora limitar el aire acondicionado en el entorno de los 25 grados.

Un cambio que vuelve a poner en la picota al Gobierno por sus formas de hacer las cosas, improvisando y sin consensuar nada con los sectores afectados. Precisamente estos último, los continuos vaivenes, es lo que el Gobierno de Fernández Mañueco en Castilla y León más reprocha a Sánchez y su equipo.

Por ello, y después de que el pasado viernes el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, de Vox, metiese presión al PP al asegurar que la Junta va a estudiar la posible inconstitucionalidad del decreto, hoy, el Gobierno regional anunciaba que ha remitido una carta a la ministra Ribera con una serie de peticiones desde la Región.

Entre ellas, que se posibilite la participación de las Comunidades Autónomas y de las corporaciones locales en las medidas de ahorro energético previstas en el Real Decreto Ley, y que se establezcan cauces de diálogo con los sectores productivos perjudicados por este decreto energético.

En la misiva, enviada por el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, la Junta recuerda que en la última Conferencia Sectorial de Energía celebrada el pasado jueves 28 de julio no se hizo referencia al contenido de la inminente aprobación por parte del Gobierno de la Nación del mencionado Real Decreto Ley y su impacto sobre multitud de actividades. «Y más cuando estas medidas -apunta- se aplican a la Administración y a diferentes sectores económicos».

Por este motivo, el también portavoz de la Junta ha pedido por carta la necesidad de que se celebre una reunión urgente de la Conferencia Sectorial de Energía, para así aclarar las dudas interpretativas que plantea el Real Decreto Ley 14/2022.

Dudas sin aclarar

En el Gobierno autonómico dudan de la seguridad jurídica de esta normativa y consideran necesario también que se clarifiquen algunos aspectos, como a quién corresponde la potestad y los mecanismos para controlar que se cumplen con las temperaturas establecidas y los horarios.

También para resolver las cuestiones relativas a la efectiva instalación de mecanismos automáticos de cierre de puertas o las limitaciones a partir de las 22 horas que se aplican en relación a la iluminación artística y monumental de las ciudades y municipios, e incluso hasta qué hora se limita la iluminación de los escaparates y edificios públicos.

Finalmente, en la carta, la Junta recuerda al Gobierno de España la solidaridad de Castilla y León con el conjunto de España en materia energética.

Chapuza legal

Por otro lado, a través de su cuenta de Twitter, el vicepresidente García-Gallardo ha asegurado que pedirá los informes jurídicos «pertinentes» para valorar la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Constitucional la «chapuza legal» de decreto energético aprobado por el Gobierno de Sánchez para impulsar el ahorro.

Además, el número dos de Mañueco y líder de Vox en la Comunidad señala que ya ha hablado con el presidente de la Junta y que en esa conversación se ha acordado estudiar dicha posibilidad de recurrir la posible inconstitucionalidad de esta nueva medida del Gobierno «en contra de los españoles».