La suspensión cautelar del contrato de ambulancias no afectará al servicio

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarcyl) ha acordado suspender el procedimiento de adjudicación del contrato del servicio sanitario terrestre en la Comunidad, y asume la cautelar que reclamó CGT hasta la resolución de su recurso frente a los pliegos de contratación.

La Consejería de Sanidad de la Junta destacó que la resolución del Tarcyl “no afecta para nada a la prestación de este servicio sanitario, que seguirá plenamente operativo en las mismas condiciones a tal y como se viene prestando actualmente”. Fuentes del departamento que dirige Alejandro Vázquez, indican que el Tarcyl concede la medida solicitada por CGT, referido a la suspensión cautelar del procedimiento de adjudicación del servicio de transporte sanitario terrestre, “sin entrar a valorar el fondo, a la espera de una decisión futura sobre el asunto”.

En todo caso, al tratarse de un procedimiento administrativo de adjudicación en fase de tramitación, la Gerencia Regional de Salud quiere recordar e insiste en que no afecta al servicio.

Tarcyl asegura en su resolución que “en el presente supuesto, una regla de prudencia aconseja que este Tribunal se pronuncie a favor de la suspensión del procedimiento”. “En efecto, la continuación del procedimiento produciría, de estimarse el recurso, un perjuicio no sólo a las empresas recurrentes, sino también a los licitadores que hayan podido concurrir a la licitación, así como al interés público, ya que la estimación del recurso conllevaría la retroacción del procedimiento con la consiguiente dilación en la contratación en cuestión”, indica en el texto recogido por Ical.

En el recurso especial en materia de contratación presentado el 21 de julio por la Confederación General del Trabajo- Federación Local de Sindicatos de Valladolid, se solicita que se suspenda el procedimiento de adjudicación hasta la resolución del recurso. El recurso se plantea frente a los pliegos que han de regir la contratación del del servicio sanitario terrestre en la Comunidad, y reclama la suspensión de su tramitación.

Tarcyl recuerda que la finalidad de la suspensión solicitada sería, en su caso, “garantizar la efectividad de una resolución de carácter estimatorio y, en todo caso, que el fundamento de las medidas cautelares descansa en que exista una situación tutelable, así como una apariencia de fumus boni iuris (apariencia de buen derecho)”.

Contra este acuerdo no cabe recurso alguno, sin perjuicio de los que procedan contra la resolución que ponga fin al procedimiento.

Cabe recordar que el Consejo de Gobierno aprobó el pasado 16 de junio, la contratación, por un importe de 736,2 millones de euros y con una duración de seis años y la inclusión de presupuesto para cubrir futuras necesidades, de la ampliación y mejora del servicio de transporte sanitario terrestre, tanto urgente como no urgente, para los pacientes a cuya asistencia está obligada la Gerencia Regional de Salud. Gracias a esta inversión, fruto de un profundo estudio, se pasará de las 605 ambulancias actuales a 706, lo que supone un aumento del 16,7 por ciento.

El recurso

CGT informa de que el recurso y las medidas cautelares reclamadas están relacionadas así con las “irregularidades” que afectan a los trabajadores, en “aras de proteger los intereses públicos y privados” comprometidos en la convocatoria.

El sindicato denuncia que la previsión de dotación de personal del pliego “no es ajustada a real necesidad del servicio” cuando “se ha constatado que un importante volumen de la plantilla realiza un importante de exceso de jornada de forma estructural y que ha devenido en ilegal”. Al respecto, CGT insiste en que los pliegos deberían exigir el personal necesario que se ajuste a las horas contratadas conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y no a una práctica de “exceso de jornada legal”.

CGT también plantea la existencia de un número importante de pleitos pendientes sobre reclamaciones económicas de las plantillas, que “incide de forma directa en la subrogación del personal y la eventual responsabilidad económica de la adjudicataria entrante”.

El sindicato sentencia en su demanda que desde el órgano de contratación se está facilitando “una información que no corresponde con la realidad social, generando una indefensión a las posibles empresas licitadoras así como a la plantilla actual”.

La organización sindical entiende que para el cumplimiento de los servicios debería incrementarse al menos en un tercio la plantilla actual que trabaja en la Comunidad.

CGT recuerda además que el convenio colectivo impulsado por otras organizaciones está recurrido ante la sala de los Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, porque “ha sido redactado en su totalidad para favorecer y dar herramientas a la parte empresarial” con una redacción “ambigua” que no cumple la normativa europea en materia de jornada, entre otras cuestiones como los EPIS o el tratamiento de estos empleados dentro del transporte y no como sanitarios.