Los cazadores se preparan para tomar las calles contra Sánchez

Los cazadores siguen en pie de guerra contra el Gobierno de Españapresidido por el socialista Pedro Sánchez y se preparan para volver a tomar las calles de todo el país en contra del “aberrante” anteproyecto de Ley de Bienestar Animal.

Desde Castilla y León, la Federación autonómico confía y espera que el PSOE regional que lidera Luis Tudanca “no sea cómplice de la traición” que está orquestando su partido a nivel nacional y apoye la actividad cinegética y al medio rural, como ya lo hizo apoyando las recientes reforma de la Ley y la nueva Ley de Caza, y se manifieste en contra de este anteproyecto.

Las federaciones de caza de todo el país iniciarán inminentes movilizaciones y volverán a llevar la “marea naranja” de cazadores a las calles, como ya ocurrió el 20 de marzo, si no se excluye a la actividad cinegética del proyecto de Ley de Derechos de los Animales que el Consejo de Ministros del Gobierno de España aprobó el pasado 1 de agosto y que supondría “el fin de la caza al someterla a una gravísima situación de indefensión jurídica”.

Desde la aprobación del proyecto de Ley Animalista el pasado 1 de agosto, la Real Federación Española de Caza (RFEC) y las federaciones autonómicas han creado una comisión de trabajo específica para elaborar un programa de acciones contra un texto que sería “letal” para la actividad. Además, han calendario de reivindicaciones y movilizaciones a pie de calle para protestar directamente contra la postura del PSOE, que “ha incumplido todas sus promesas y acuerdos en relación a la exclusión de la caza de este proyecto de Ley de Derechos de los Animales”.

Cabe recordar que el pasado 29 de marzo, tras una reunión de trabajo celebrada con la RFEC en su sede nacional, el PSOE se comprometió, según los cazadores, a excluir a los animales auxiliares de la caza del Anteproyecto de Ley de Derechos de los Animales.

Por parte de los socialistas, Juan Francisco Serrano, portavoz de Agricultura del PSOE en el Congreso de los Diputados. Precisamente, el propio Juan Francisco Serrano afirmó públicamente el pasado 23 de junio en una Jornada de Bienestar Animal, organizada por la Fundación Artemisan y El Mundo, que la postura del PSOE sería “que los animales auxiliares de caza queden fuera del borrador. No podemos comparar un animal auxiliar de caza como es el del medio rural con un animal de compañía como es el de una ciudad”.

Sin embargo, en el texto aprobado posteriormente el 1 de agosto por el Consejo de Ministros no se excluye a la caza ni se tienen en cuenta estas consideraciones. “Este incumplimiento manifiesto de los compromisos adquiridos y la falta de respeto al sector cinegético han generado una profunda indignación entre los cazadores de toda España, que se movilizarán contra un proyecto de Ley elaborado sin consenso y contra la deriva anticaza del PSOE”, sentencian.

En este sentido, la comisión creada por la RFEC y las Federaciones Autonómicas está elaborando una hoja de ruta para coordinar las acciones reivindicativas a pie de calle que se celebrarán próximamente, a la vez que se recaba el apoyo de otros sectores ante el fuerte rechazo social que ha generado una Ley Animalista que cuenta con la oposición del mundo rural, colegios veterinarios, científicos, ecologistas y conservacionistas y asociaciones y actividades unidas en torno a la naturaleza y los animales.

El PP, con los cazadores

La secretaria general y portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra,ha exigido este viernes al Gobierno la retirada del proyecto de Ley de protección, derechos y bienestar de los animales y manifestó su apoyo al sector de la caza.

Así lo hizo Gamarra tras mantener una reunión telemática con el presidente y con el vicepresidente de la Federación Española de Caza, Manuel Gallardo, y José María Mancheño, respectivamente, y en la que también participó el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, Pedro Rollán, en la que ha manifestado la necesidad de consensuar un nuevo texto con expertos, entidades, asociaciones implicadas, comunidades y ayuntamientos. En este sentido, solicita al Ejecutivo que aborde su regulación pactando una ley con los sectores afectados y asegurando que se respetan las competencias de cada administración.