Eficaz herramienta para resolver la escasez de secretarios en los ayuntamientos de Castilla y León

La Junta de Castilla y León, en defensa del municipalismo, ha aprobado un nuevo Decreto que servirá como herramienta eficaz para ayudar a resolver la escasez de secretarios en los ayuntamientos. El objetivo principal es conseguir mayor agilidad en la cobertura de manera interina de los puestos de habilitado nacional y mayor formación de estos funcionarios, lo cual redundará en una mejor calidad en la prestación de los servicios.

Así lo ha anunciado el consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, durante la presentación de la norma, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. De esta forma ha señalado que con esta medida se pretende reducir la volatilidad en el desempeño del puesto por los funcionarios interinos, logrando así una mayor estabilidad en la prestación del servicio.

“Todo ello redundará en beneficio de las corporaciones locales y de los vecinos, fruto de la defensa de la Junta de una seña de identidad de este Gobierno como es el municipalismo, y en la lucha contra el reto demográfico”, ha añadido.

Jesús Julio Carnero ha recordado que desde hace ya varios años se observa una “gran” cantidad de puestos vacantes en la escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, en sus diferentes subescalas, motivado, entre otras causas, por el “creciente” e “imparable” número de jubilaciones de estos funcionarios. “No habría problema si el Gobierno de España, competente a la hora de organizar estos cuerpos, dotara a los ayuntamientos de suficientes secretarios. La última oferta pública de empleo, dotada con 600 plazas para todo el país, es muy escasa y por eso reivindicamos una mayor oferta”, aseveró.

Todo ello deriva que las entidades locales, ante la falta de funcionario de carrera con habilitación nacional, tengan que recurrir a la figura del funcionario interino, por lo que resulta imprescindible la existencia de una regulación para su nombramiento ágil, adaptada a la normativa actual y que proporcione seguridad jurídica tanto a los aspirantes como a las propias entidades locales.

La redacción del nuevo decreto pretende solucionar algunos problemas como la escasa formación de algunos aspirantes nombrados, debido a que no se exigía la superación de ninguna prueba selectiva para poder ser nombrado en un puesto; la escasa permanencia en el puesto; la falta de agilidad en el funcionamiento de la bolsa de trabajo creada para la subescala de Secretaría Intervención, o la inexistencia de bolsas de trabajo para las subescalas de Secretaría de Entrada y de Intervención Tesorería. Los ayuntamientos serán los encargados del concurso oposición aunque la Junta establecerá una calificación de méritos homogénea para toda la Comunidad.

Curso universitario

Por otra parte, las cuatro universidades públicas de Castilla y León -Burgos, León, Salamanca y Valladolid- recibirán 100.921.524 millones para financiar sus gastos de funcionamiento y de personal durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, según ha dado el visto bueno el Consejo de Gobierno.

En concreto, se trata de la aportación que realiza la Consejería de Educación para este cuarto trimestre, un presupuesto que, sumado a los otros tres, asciende en 2022 a 403,7 millones de euros, un dos por ciento más que en el pasado año.

La financiación que realiza la Consejería de Educación a las universidades públicas de Castilla y León permite a estos centros de enseñanza superior contribuir a la modernización de la sociedad y a la retención de talento.

De esta cantidad, 11.400.790 euros corresponden a la Universidad de Burgos (UBU); 16.895.276, a la Universidad de León (ULE); 35.751.194, a la Universidad de Salamanca (USAL); y 36.874.263 euros, a la Universidad de Valladolid (UVA).

Estas aportaciones servirán para ayudar a dichas instituciones a alcanzar los tres “grandes” retos que tienen planteados en la actualidad: reforzar la excelencia en la formación de los estudiantes universitarios mediante una enseñanza más personalizada que permita avanzar en la mejora de su rendimiento académico; fomentar y afianzar una investigación científica de calidad; y aumentar la transferencia de conocimientos desde las universidades hacia la sociedad y las empresas para contribuir al crecimiento económico y a la creación de empleo de calidad en Castilla y León.

En materia sanitaria, el Ejecutivo autonómico ha dado luz verde a un expediente de la Consejería de Sanidad, por un importe total de 1,53 millones de euros, destinado al suministro de licencias de acceso y uso de información científica, incluidas revistas electrónicas, plataformas y bases de datos hasta el año 2025 del editor “Elservier”, para la Biblioteca Sanitaria Online de la Gerencia Regional de Salud.

El objetivo de esta contratación es “satisfacer la necesidad de obtención de información médica y la actualización en los diversos campos de la ciencia, para conservar y optimizar la competencia profesional” además de continuar realizando las tareas asistenciales de formación, docencia e investigación que le son propias.

En esta ocasión se incorporan dos nuevas bases de datos, “Embase” y “Scopus”, a cuyos contenidos pueden acceder todos los profesionales del Sistema Público de Salud de Castilla y León, lo que amplía potencialmente el número de usuarios.

El número de descargas del contrato anterior, que transcurrió entre abril 2020 hasta abril 2022, ascendió a 963.660, cifra que, según la Junta, “denota el interés de los profesionales de Sacyl por tener los últimos conocimientos científicos y técnicos”.