CSIF alerta de que se está poniendo en peligro el correcto control de la cuenca del Duero

La falta de personal en la Confederación Hidrográfica del Duero resulta “acuciante” y está “poniendo en peligro” el correcto control y funcionamiento de la cuenca del Duero. Es lo que ha trasladado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) a la presidenta de la CHD, María Jesús Lafuente, en una reciente reunión.

Según los cálculos de CSIF, haría falta “aproximadamente un 20% más de personal en la CHD”, lo que equivaldría a unos 120 nuevos trabajadores y, sobre todo, “planificar de forma urgente la reubicación correcta de la plantilla”. Para el sindicato, reactivar el Plan Estratégico de Recursos Humanos, paralizado desde 2019, “resulta crucial” ahora, más si cabe teniendo en cuenta que la media de edad del personal supera los 54 años y que en diez años “la situación será caótica”.

Y es que, según CSIF, la “duplicidad entre administraciones” y la “descapitalización humana” que lleva años padeciendo la CHD está ocasionando “graves retrasos”, cuando no paralizaciones, en la tramitación de expedientes, en la imposición de sanciones o en autorizaciones para vertidos, sondeos o captaciones de agua... Citó como ejemplos retrasos de 3 o 4 años en la concesión de autorizaciones de pozos.

CSIF advierte del malestar y la mala imagen que, en los últimos años, tiene la CHD ante los ciudadanos debido a los retrasos en las autorizaciones y concesiones, por la problemática de duplicidad entre administraciones. Cuando desde la Junta de Castilla y León y CHD se exige la autorización de la otra para seguir con un procedimiento paralizan los expedientes de los solicitantes, sin tener éstos opciones para solventar su problema.

“Hay tan poco personal que no da tiempo a tramitar todos los expedientes que tenemos”, subraya Felipe Carbajo, portavoz de CSIF en la CHD, mientras expone que “es imposible” que un trabajador de vigilancia del agua del dominio público, por ejemplo, cubra los 1.500 kilómetros cuadrados de media que tiene asignados y además resuelva 300 o 400 expedientes anuales, más las denuncias.

Para CSIF, la causa de esta falta de personal, además de la escasa oferta de empleo público, es que “los trabajadores que se jubilan no tienen reposición”, que “los concursos de traslados no se cubren” y que “el personal se incorpora y en cuanto puede se marcha, ya que “las condiciones sociolaborales no son atractivas” y están “muy por debajo de las que gozan los trabajadores de la Administración central”.

“El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tiene muy castigados a los trabajadores de la CHD, al igual que al resto de confederaciones hidrográficas”, sostiene Carbajo, quien afirma que los salarios de los trabajadores del organismo autónomo son “los más bajos de toda la administración”, como también los son los complementos específicos.

Las diferencias salariales con respecto a otras administraciones, como Tesorería o Seguridad Social, supera el 30 o el 40%. A modo de comparativa, un agente medioambiental al entrar percibe entre 1.000 y 1.100 euros netos al mes o un administrativo unos mil euros, muy alejado de los 2.000 euros de media en el Ministerio.

A eso se une que las ayudas sociales son “casi nulas”, que prácticamente no se gratifican las horas extras y que solo cobran la productividad los niveles del 26 al 30; “el resto (el grupo mayoritario) está exento de percibirla, a diferencia de lo que ocurre en el Ministerio”. Por este motivo, CSIF pide a la presidenta de la CHD que se inicie el diálogo sobre las productividades y gratificaciones con los trabajadores del organismo.

“En todo somos deficitarios”, lamenta Carbajo, quien sostiene que “mientras no se corrijan todos estos agravios, la CHD irá en decadencia”. Por último, la organización sindical denuncia la existencia de alquileres y locales “superfluos” del organismo, como es el caso de Salamanca, donde “se están pagando 9.000 euros mensuales por unas oficinas cuando enfrente está el edificio de Carreteras de Fomento preparado para su traslado, sin que nadie tome decisiones”. O el caso de León, donde se adquirieron cuatro pisos en cuatro plantas diferentes que no cumple con la funcionalidad de atender al público, ni con la normativa de riesgos laborales.