Política

El PP en el Ayuntamiento de Valladolid insta a rechazar la derogación del delito de sedición

Los populares piden al alcalde Óscar Puente que no firme la adenda 2022 al Acuerdo de Servicios Sociales con la Junta “si considera que no cumple con la normativa”

La presidenta del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid, Pilar del Olm
La presidenta del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid, Pilar del OlmPP DE VALLADOLIDPP DE VALLADOLID

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid, que preside Pilar del Olmo, presentó una moción para instar al alcalde, Óscar Puente, a dirigirse al Gobierno y a todos los portavoces de los grupos políticos del Congreso de los Diputados y del Senado para que “suspendan la tramitación de manera inmediata de la iniciativa parlamentaria presentada para derogar el delito de sedición”. Además, los ‘populares’ piden también que no se lleve a cabo ninguna modificación en el Código Penal del capítulo dedicado a la malversación.

Igualmente, la moción solicita la reforma “inmediata” de la Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como la Ley del ‘Solo sí es sí’, para “corregir las deficiencias técnicas normativas y los efectos indeseados que está produciendo”. Entre ellas, solicita la inclusión de una disposición que prohíba la revisión de las penas a los condenados a los que la nueva ley fuese más favorable que la anterior.

Por otro lado, el PP municipal insta al regidor a no firmar la adenda 2022 al Acuerdo Marco para la financiación de los Equipos de Acción social básica y prestaciones y programas de Servicios Sociales, “si considera que no cumple con la normativa de Servicios Sociales y además perjudica a los ciudadanos de Valladolid”. El PP lanza esta invitación al alcalde tras las quejas de éste al convenio y asegurar que es el Ayuntamiento el que se hace cargo de los gastos que le corresponden a la Junta.

El acuerdo marco vigente establece la financiación y las condiciones para los años 2020 a 2023. En el momento de su firma, en febrero de 2020, Puente anunció que se estaba “planteando la vía judicial contra la Junta porque entendía que la financiación del Gobierno autonómico “no cumplía con las aportaciones que le correspondía, según la Ley de Servicios Sociales, con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos de Valladolid”.