
Economía
Castilla y León exige al Gobierno una reunión para debatir la adenda de los fondos europeos
Se alía con Madrid, Galicia, Ceuta, Murcia y Andalucía para pedir «un mayor diálogo y transparencia»

«Diálogo y transparencia», además de una nueva reunión conjunta para trabajar sobre la nueva adenda de los fondos europeos. Es lo que han pedido varias comunidades autónomas al Gobierno, entre ellas Castilla y León, denunciando además la mala ejecución y el diseño en su aplicación y proponiendo una cogobernanza real con las autonomías españolas y con los ayuntamientos.
«Los fondos europeos no son patrimonio del Gobierno, sino que pertenecen a todos los españoles», indican a través de un comunicado conjunto los Gobierno de Castilla y León, Madrid, Ceuta, Galicia, Andalucía y Murcia, cuyos consejeros económicos, entre los que se halla Carlos Fernández Carriedo, lamentan que el Ejecutivo central «vuelva a incurrir en los mismos errores que con el diseño del plan de ejecución de los Fondos Europeos y no haya negociado con las comunidades las líneas de inversión o los objetivos.
Las comunidades autónomas consideran, una auténtica incongruencia del Gobierno la falta de diálogo cuando prevé que sean las propias comunidades autónomas las que movilicen estos préstamos a través de un fondo, además de los mecanismos ICO. «La falta de cogobernanza y transparencia de la que hace gala el Gobierno» esconde claras debilidades que aleja la posibilidad real de éxito en el desarrollo de un plan que es «una oportunidad histórica para España», y rechazan la tesis de que «el proyecto de adenda es fruto del intenso diálogo con las comunidades autónoma» o «tras un intenso proceso de consulta con las administraciones territoriales» pues no responde a un proceso abierto de diálogo, consenso y debate. De hecho, afirman que no tenían conocimiento del nuevo Plan y han podido conocerlo por la información trasladada a través de la prensa.
Según destacan también en un comunicado, la adenda a dicho plan profundiza en «las carencias del plan inicial y no contiene ningún mecanismo de transparencia a la par que la vicepresidenta Calviño ha utilizado esta solicitud para encubrir insolvencias del plan anterior y pedir más tiempo para el cumplimiento de los compromisos».
Por último alegan la necesidad de implicar además de a las propias comunidades autónomas, a los ayuntamientos, sindicatos y patronal económica, así como con las entidades financieras participantes.
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