Las elecciones en el campo dan inicio al nuevo año agrario en el que las opas exigen la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria

La campaña para las elecciones agrarias en Castilla y León, que se celebran el 12 de febrero, dará inicio al nuevo año para el campo en la Comunidad, en el que las organizaciones profesionales agrarias centrarán sus reivindicaciones en exigir al Gobierno una aplicación rigurosa de la Ley de la Cadena Alimentaria, en pedir a la Junta una mayor interlocución y en solicitar a Europa una mayor flexibilidad en la nueva PAC que para las opas de la Comunidad “nace muerta”.

Todas las organizaciones profesionales agrarias confían en mejorar sus resultados de 2018 en las elecciones agrarias. Asaja, que en febrero de aquel año se convirtió en la vencedora con el 42 por ciento de los votos, confía en “revalidar y mejorar los resultados” dado que, en palabras de su presidente, Donaciano Dujo, su organización es “el tractor que mueve las reivindicaciones del campo en Castilla y León” como demuestra, a su juicio, “el trabajo, la pelea y los resultados de estos años”.

En todo caso, la principal petición de Dujo a los agricultores y ganaderos de la Comunidad es a la participación en dichos comicios, con el objetivo de que el 12 de febrero “vayan a votar los 38.800 agricultores convocados”, bajo la perspectiva de que “cuantos más votos, más fuerza tendrán las opas y el sector” para “defender sus intereses”.

Por su parte, UPA y COAG anunciaron recientemente la renovación de su alianza para presentarse conjuntamente a las elecciones agrarias. Unos comicios a los que llegan bajo el lema ‘Lo nuestro es defender lo tuyo’ y donde esperan, como apuntan tanto el secretario general de UPA, Aurelio González, como el coordinador autonómico de COAG, Lorenzo Rivera, “dar el callo y ganar las elecciones” bajo la perspectiva de ser las organizaciones que defienden “una agricultura familiar, que es la que se lleva en Castilla y León” y ser así “alternativa a la otra fuerza mayoritaria”, en relación a Asaja.

UCCL también acude a los comicios con la esperanza de “mejorar resultados” tras las elecciones de 2018, donde uno de cada cuatro electores apostaron por la Unión de Campesinos de Castilla y León. Su coordinador, Jesús Manuel González Palacín, espera que los agricultores y ganaderos de Castilla y León reconozcan el “buen trabajo” realizado estos cinco años en su defensa de los agricultores a título principal para la nueva PAC.

“Nosotros teníamos el mismo discurso en todas las comunidades y las otras organizaciones decían una cosa distinta en cada territorio”, explica Palacín a Ical, apuntando que con esto último “se perdió la gran oportunidad de orientar la PAC a los verdaderos profesionales del campo”. En todo caso, y de cara a la campaña, consideró que si son desde UCCL “capaces de que la gente lo sepa, el resultado será muy favorable” para la organización en las próximas elecciones agrarias.

Ejecución de la Ley de la Cadena Alimentaria

No obstante, las elecciones no apartan a las opas de su espíritu reivindicativo para un año agrario en el que esperan, en primer lugar, que el tiempo atmosférico “sea benévolo” para que los cultivos y los pastos puedan “crecer” y se obtenga una “buena producción”, al contrario de lo que sucedió en el ya pasado 2022.

Pero el principal objetivo que marcan las opas es que la Ley de la Cadena Alimentaria “se aplique con el máximo rigor para que ni un solo producto agrícola se venda por debajo de los costes de producción”, tal y como apuntó el presidente de Asaja y en lo que coincidieron desde la Alianza UPA-COAG bajo la perspectiva de “garantizar la producción de alimentos” asegurando la “rentabilidad” de las explotaciones, algo que, bajo su perspectiva, solo se logra con el cumplimiento de dicha Ley.

También para UCCL es un objetivo prioritario conseguir que las Administraciones pongan en marcha “herramientas concretas para poder aplicar” la Ley de la Cadena Alimentaria como la publicación de “costes de producción oficiales para tener una referencia a la hora de negociar los contratos” ya que, sin estos costes oficiales, “la Ley no sirve para nada”.

Redefinición de la PAC

Y es que el objetivo que asegura Palacín que tiene todo agricultor y ganadero de Castilla y León es “vivir del precio que nos pagan” y por ello reclaman una cantidad “digna y justa”, así como una PAC “flexible” en cuanto a las exigencias medioambientales porque la que entra en vigor este 1 de enero “está diseñada hace siete años con un escenario diferente”, por lo que necesita “redefinirse para un escenario de crisis alimentaria a nivel mundial en el que Europa necesita producir alimentos”.

También desde la Alianza UPA-COAG critican la nueva PAC, desde la perspectiva de que “la agricultura tiene futuro pero no por el camino por el que nos lleva la Unión Europea”, por lo que Lorenzo Rivera aventuró que el documento “tendrá una reforma intermedia” y, finalmente, “no durará mucho” porque la realidad se impondrá.

En el mismo sentido se manifiesta Donaciano Dujo, que define la nueva normativa comunitaria como “un tocho de 1.00 páginas” que aconsejó a las instituciones europeas, nacionales y autonómicas “que lo tiren a la basura” y rehagan un documento para una PAC “profesional y productiva” que es “lo que necesitan los agricultores para ser libres y producir alimentos”.

Otras reivindicaciones

Asaja también insiste en exigir un “cambio de rumbo” a la CHD en el Plan Hidrológico mientras pide a las administraciones ampliar los presupuestos para tener “más infraestructuras hidráulicas y más desarrollo de regadíos para estar en la media española”, para lo que será necesario incorporar 300.000 hectáreas más y modernizar “las 120.000 que faltan”. “Con eso, tendremos ilusión para incorporar a los jóvenes, crearemos riqueza, empleo, alimentos y desarrollo rural y medioambiental”, concluyó.

Su última petición, “que las decisiones políticas de criticar al sector se acaben”, coincide con la crítica de la Alianza UPA-COAG a “la obcecación del Ministerio para la Transición Ecológica de no retirar al lobo del Lespre” o a las críticas al sector del ministro de Consumo, Alberto Garzón, motivo por el que pidieron tanto a los ministerios como a las consejerías de la Junta que “dejen de utilizar a los agricultores y los ganaderos para sus guerras particulares”.

Precisamente, al Gobierno autonómico dirigieron sus últimas críticas los dirigentes de las opas que conforman la Alianza al exigir “que se nos facilite y financie el trabajo y que se nos reconozca como entidades colaboradoras” como forma de “recuperar el buen tono en la interlocución” con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, que “ha desaparecido” y “cuando reacciona, lo hace tarde, mal y nunca”.