Sociedad

El Gobierno hace un requerimiento oficial a la Junta de Castilla y León para que “se abstenga de aplicar cualquier medida antiabortista”

El Ejecutivo central afirma que “utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en los términos establecidos en la normativa vigente”

La ministra de Sanidad, Carolina Darias
La ministra de Sanidad, Carolina DariasJuan Manuel Serrano ArceEuropa Press

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Sanidad, ha realizado un requerimiento oficial a la Consejería de Sanidad de Castilla y León para que se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa con respecto a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

El Ejecutivo central afirma, a través de un comunicado, que “utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en los términos establecidos en la normativa vigente”.

Asimismo, el departamento que dirige Carolina Darias, indica que “el Gobierno de España velará para que no se lleven a cabo acciones que supongan mermas a sus derechos fundamentales en ninguna circunstancia, ni en ningún territorio del Estado, ni por parte de Administración Pública alguna”.

En este sentido, añade que “ante esta situación, los ministerios de Sanidad, Política Territorial, Hacienda y Función Pública y Presidencia están en permanente coordinación para estudiar, establecer y coordinar las medidas pertinentes”.

Para poner en conocimiento de la Junta esta medida, el Ministerio ha enviado este domingo 15 de enero una misiva en la que le solicita que “se abstenga de aprobar y aplicar ninguna medida que vulnere o menoscabe lo establecido en la normativa actual que regula la Interrupción Voluntaria del Embarazo. (Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, el Real Decreto 1825/2010, de 25 de marzo; y la Guía Común del Sistema Nacional de Salud sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Método Farmacológico)”.

Además, el Ejecutivo central señala que ”en caso de haber sido esta ya adoptada, el cese inmediato de cualquier protocolo, acuerdo, instrumento o comunicación al respecto que establezca cualquier tipo de obligación, instrucción, indicación o recomendación al personal sanitario con la finalidad de obligar, indicar, ofrecer o sugerir a la mujer embarazada que ha decidido libremente interrumpir voluntariamente su embarazo o no haya manifestado expresamente su intención de llevar este a término la realización de pruebas no necesarias desde el punto de vista médico”.

El Gobierno también exige que “la realización de pruebas diagnósticas no contravenga el conocimiento científico actual y las recomendaciones recogidas en las guías de salud nacionales e internacionales avaladas por las sociedades científicas”, y que “se comunique de manera inmediata al Ministerio de Sanidad los protocolos, instrumentos, comunicaciones o instrucciones escritas o verbales mediante las que se pretendan llevar a cabo las actuaciones anunciadas”.

De no cumplirse este requerimiento “íntegra e inmediatamente” por parte de la Junta, el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez advierte que “no descarta implementar actuaciones jurídicas adicionales, a la vista de que las medidas anunciadas por la Junta de Castilla y León pueden contravenir abiertamente el ordenamiento jurídico”.

Por último, el Gobierno de España “estudiará si es necesario ejercer otras acciones legales, dado que la aplicación de las medidas anunciadas por parte de la Junta de Castilla y León podrían vulnerar el ejercicio efectivo de derechos fundamentales y también se extralimitan de las competencias que corresponden a esta Comunidad Autónoma”.

Agradecimiento de Tudanca

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, valoróen su cuenta de Twitter el requerimiento oficial a la Consejería de Sanidad de la Junta para que se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa con respecto a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), después del anuncio del protocolo de atención a la mujer embarazada, aprobado el pasado jueves, 12 de noviembre, en Consejo de Gobierno.

Las mujeres de Castilla y León sí tienen quien defienda sus derechos frente a la coalición del miedo de PP y Vox. No permitiremos que se dé un solo paso atrás. Gracias al gobierno de España por poner todos los medios a su alcance para evitar el plan de Mañueco y García-Gallardo”, sentencia.

Este mismo fin de semana, defendía que “la Junta de Castilla y León tiene que dejar de estar en manos de la extrema derecha -Vox- y el señor Alfonso Fernández Mañueco no es un digno presidente; las mujeres se lo han demostrado”.

Para Luis Tudanca, lo que ha ocurrido en Castilla y León es “es absolutamente terrible” y ha generado, “de nuevo”, dos días de “esperpento, declaraciones cruzadas e intentos de rectificación”. Una situación que, a su juicio, demuestra que “el Partido Popular y el señor Mañueco han intentado salir el embrollo” porque tienen “un pavor absoluto a la reacción de las mujeres de todo el país defendiendo sus derechos y, una vez más, dándoles una lección”.

El líder socialista lamentó que con sus declaraciones de ayer el presidente de la Junta confirma que “efectivamente va a haber una modificación del protocolo” y que “se pretende coaccionar y presionar a las mujeres que libremente quieren ejercer su derecho a interrumpir voluntariamente su embarazo”, al tiempo que “también se está poniendo presión sobre los profesionales”. “Basta ya”, concluyó Tudanca.