Castilla y León inadmite el requerimiento del Gobierno sobre las medidas antiaborto

El Consejo de Gobierno de Castila y León ha acordado este jueves, con el informe favorable de los servicios jurídicos, rechazar el requerimiento efectuado por el Consejo de Ministros del pasado martes, que planteaba la incompetencia del Consejo de Gobierno de Castilla y León en relación a actuaciones que menoscaben la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, dado que no se ha aprobado ninguna acción o norma en esta materia.

La Junta de Castilla y León manifiesta en su escrito de contestación “la inexistencia del objeto sobre el que versa el requerimiento”, ya que el Estado pretende ampararse en declaraciones políticas que son completamente ajenas a la aprobación de normas, el dictado de actos o resoluciones, o cualquier tipo de instrumento jurídico, cuya existencia se niega rotundamente, según ha indicado el consejero y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en posterior rueda de prensa

Otro de los fundamentos que justifican el rechazo a la solicitud del Gobierno de la Nación es que, dado que no hay un hecho impugnable, se incumple el requisito que exige un requerimiento de esta naturaleza, que es que “se especifiquen con claridad los preceptos de la disposición o puntos concretos de la resolución o acto viciados de incompetencia”; algo que no ha podido hacer el Gobierno porque no existe acto alguno que impugnar.

Además, el Consejo de Ministros ha planteado un requerimiento por un conflicto constitucional de competencias cuando ni siquiera discute “la titularidad de la competencia”, sino su “hipotético ejercicio” por parte de la Administración autonómica. Por tanto, la falta de presupuesto para la jurisdicción reservada al Tribunal Constitucional conlleva necesariamente la inadmisión del presente requerimiento.

La Junta de Castilla y León ha rechazado el requerimiento del Estado, que sólo se entiende desde “una voluntad torticera y espuria” ya que, “de forma proactiva e inmediata”, el Ejecutivo de la Comunidad, a través de su presidente y del consejero de Sanidad –competente en la materia–, habían dado respuesta y explicaciones a las solicitudes del Gobierno, negando la existencia de ningún acuerdo que contraviniera la Ley. Este requerimiento sólo se justifica en la búsqueda de una “controversia política”, “pretendiendo mantener en el tiempo una situación de conflicto público interadministrativo con fines políticos por el momento preelectoral en el que se produce”.

Lo que queremos con este rechazo es intentar que concluya ese el debate político y “ataque del Gobierno contra Castilla y León” y que “finalice esta sobreactuación que lleva a la propaganda”. “Siempre hemos sido leales con ellos y nos llama la atención la rapidez a la hora de tomar medidas con medidas de carácter preventivo», opinaba.

“No se modifica el protocolo”, volvió a reiterar el consejero, Carlos Fernández Carriedo, quien ha recalcado que el pasado jueves se acordó una “serie de mejoras para las prestaciones sanitarias de las mujeres embarazadas”. “No se va a obligar a ninguna decisión a los profesionales sanitarios, queremos mejorar las condiciones y los recursos de los que disponen y en ningún caso estas mejoras van a suponer una coacción hacia la mujer que asiste al centro sanitario”, indicó Fernández Carriedo.

No podía faltar la pregunta sobre si peligra el pacto con Vox, a lo que el consejero ha manifestado que “las coaliciones siempre son complejas, pero podemos gobernar juntos. Somos dos partidos distintos y mi experiencia me dice que estamos haciendo cosas útiles”. Y ante un hipotético adelanto electoral, ha señalado que “le corresponde al presidente, pero que le guía el hecho de hacer lo más útil para los ciudadanos”.