Los Servicios Jurídicos de las Cortes de Castilla y León respaldan la actuación del presidente Pollán en la interrupción del pleno de presupuestos

Los Servicios Jurídicos de las Cortes de Castilla y León respaldan la actuación del presidente del Parlamento autonómico, Carlos Pollán, durante el pleno del pasado 23 de diciembre, en el que se produjeron dos interrupciones por un error de los grupos de PP y Vox en la votación a favor de las enmiendas socialistas al Proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas, que al final les llevó a hacer decaer su propio texto normativo. El informe, arroja, que estos parones durante la votación “no tuvieron relevancia jurídica ni afectaron a los debates”, ni tampoco “alteraron ni condicionaron la libertad de los procuradores para pronunciarse sobre la aceptación o rechazo” del texto.

Los Servicios Jurídicos de las Cortes enviaron ayer a los grupos, ante la reunión hoy de la Mesa y de la Junta de Portavoces, el informe, elaborado a petición de un escrito registrado por el Grupo Parlamentario Socialista, en el que solicitaba el estudio de “las eventuales consecuencias jurídicas” que pudieran derivarse de las “contravenciones del Reglamento”, a juicio de los procuradores del PSOE.

El informe de respuesta concluye que “resulta francamente difícil imaginar cómo la interrupción de una sesión plenaria que finalmente se reanuda y acaba sustanciando todos los asuntos incluidos en su orden del día puede perjudicar de algún modo el derecho de los miembros de la Cámara a participar en las funciones legislativas y de control al Gobierno atribuidas a esta, y en el caso que nos ocupa concretamente, a debatir, a enmendar y concurrir con su voto a la aprobación o rechazo de los proyectos y proposiciones de ley”.

Es decir, que según los juristas, las suspensiones del Pleno decretadas por el presidente de las Cortes “ni impidieron ni obstaculizaron en modo alguno el derecho de los procuradores y de los grupos parlamentarios a participar en el debate del Proyecto de Ley de Medidas y a ejercer respecto de este su derecho a voto”, explican desde la propia Presidencia de la Cámara en un comunicado. A estos efectos, la presunta vulneración del mandato del artículo 84 del Reglamento “carece de consecuencias jurídicas”.

Artículo 84

El informe analiza e interpreta las disposiciones contenidas en el artículo 84 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, y precisa que “basta constatar que las prohibiciones contenidas no poseen carácter absoluto” y por, consiguiente, “existen circunstancias que pueden conllevar una interrupción de una sucesión encadenada de votaciones”. “Obviando causas de fuerza mayor como problemas con el suministro eléctrico, avería del sistema de votación electrónica o interrupciones por problemas de orden público, lo que con mayor frecuencia obliga a la Presidencia de la Cámara a interpretar de manera flexible el artículo 84 del Reglamento, son cuestiones como solicitudes de votación separada de enmiendas, pedir aclaraciones a la Presidencia sobre lo que se va a someter a votación y ello”, continúa el escrito jurídico, esto puede “conducir, no sólo a la interrupción de las votaciones, sino a la suspensión de la propia sesión plenaria, cuando sea necesario proveerse de los elementos materiales requeridos para el tipo de votación solicitada”.

Para finalizar este punto, los Servicios Jurídicos de la Cámara concluyen que “la prohibición de interrumpir las votaciones o de hacer uso de la palabra mientras estas se realizan no tienen carácter absoluto, pudiendo ser excepcionada su aplicación”.

Primera suspensión

Ante la solicitud de los portavoces de los grupos Mixto y UPL-Soria ¡Ya! para que en la votación de la enmienda número 166 presentada por el procurador de Cs, Francisco Igea, sobre la dotación para los enfermos de ELA se utilizara el procedimiento de votación pública por llamamiento, el presidente de la Cámara decidió suspender la sesión por unos minutos.

Para los Servicios Jurídicos, “se trataba de una suspensión a todas luces justificada”, ya que al amparo de los artículos 28.1 y 119.2 del Reglamento, es el presidente el que tiene que “decidir si accedía o no a la petición formulada”. Para ello, prosigue el informe, “debía valorar si la forma en que se había producido tal solicitud (verbalmente y no por escrito), el momento en que se había producido (cuando ya se habían celebrado votaciones de enmiendas correspondientes a la Sección 09) y la adecuación o no de la misma a los criterios de ordenación de la sesión plenaria en el seno de la Mesa y de la Junta de Portavoces, debían conducir a su aceptación o rechazo”.

Esto lleva a los juristas a determinar que “existía una justificación razonable para esta primera suspensión”. También se señala que, incluso si se hubiera dado el supuesto de acceder a la petición formulada de interrupción de las votaciones, “hubiera sido inevitable pues, en tal caso, se hubiera hecho necesario esperar a contar con los medios materiales necesarios para la realización del tipo de votación solicitado”.

Segunda suspensión

La segunda suspensión, que se prolongó durante dos horas, se produjo inmediatamente después de la aprobación por la Cámara de las enmiendas y votos particulares presentados por el Grupo Parlamentario Socialista al Proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas tras el anuncio del presidente del resultado de la misma y al tomar la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz, quien solicitó la repetición de la votación de esas enmiendas y votos particulares.

Sobre esta petición se pronunciaron sucesivamente los portavoces Igea y el socialista, Luis Tudanca. Fue tras estas intervenciones cuando el presidente de las Cortes decidió suspender la sesión. En este punto, los Servicios Jurídicos destacan en su informe que los portavoces de los grupos parlamentarios Mixto, Popular y Socialista “hicieran uso de la palabra, interrumpiendo así el curso de las votaciones correspondientes al Proyecto de Ley de Medidas”, siendo “uno de ellos el portavoz del grupo parlamentario solicitante del presente informe”.

“Todos ellos se beneficiaron de la flexibilidad con la que el presidente de la Cámara interpretó la prohibición de hacer uso de la palabra durante el desarrollo de las votaciones contenida en el artículo 84″. Prosigue el informe que, “ante una reclamación sobre una cuestión de gran trascendencia, es absolutamente razonable que el presidente, haciendo uso de sus facultades, decidiera suspender la sesión” ante la solicitud de la repetición de la votación solicitada por el Grupo Popular, “petición que conllevaba la previa anulación de la votación sobre las enmiendas y votos particulares socialistas ya realizada”.

Esta segunda interrupción, abunda el informe, “se prolongó por el tiempo que la Presidencia de la Cámara estimó necesario para un adecuado estudio de la cuestión planteada”.

En conclusión, los Servicios Jurídicos de la Cámara, “en una interpretación integradora y conjunta del artículo 84 con principios sustantivos como los de garantizar la plena efectividad del principio democrático y el escrupuloso respeto a las facultades que forman parte del núcleo esencial de la función representativa de los procuradores”, concluyen que la actuación del presidente de la institución “en ningún momento supuso vulneración alguna de dicho Reglamento con transcendencia jurídica”, informa Ical.