Hacia un nivel de rentas digno en las explotaciones familiares

Un modelo social agrario que mantenga un nivel de rentas digno, de la mano de profesionales en pequeñas y medianas explotaciones.

Esta es una de las reivindicaciones que defiende la Alianza Upa y Coag como objetivo prioritario ante las próximas elecciones agrarias del 12 de febrero, y un problema que se compromete a luchar para resolver en el futuro, ya que muchas explotaciones no son rentables hoy por los precios que perciben por sus productos y por los que ingresan menos de lo que les cuesta producirlos.

De la misma forma, urgen a controlar y regular el mercado, a partir de un observatorio regional de precios, así como dar soluciones a la sobrepoblación de ciertas especies de fauna salvaje “para evitar que expulsen del campo a los agricultores y ganaderos”, en palabras del secretario regional de UPA, Aurelio González, y del coordinador regional de COAG, Lorenzo Ribera, durante un coloquio en Palencia, donde abordaron los logros conseguidos, además de poner sobre la mesa los retos a corto y medio plazo.

En ese sentido, Rivera anima a la participación de estas elecciones agrarias, ya que Palencia es una de las provincias donde en los últimos comicios de 2018 votaron más profesionales, el 83 por ciento, por lo que se aspira a que esa tendencia se reproduzca en el resto de provincias, además de lograr representatividad en aquellas zonas en las que, a día de hoy, no la tienen.

La Alianza congrega una representatividad del 29 por ciento en la provincia palentina, donde habrá un 12 por ciento de electores menos que en las pasadas elecciones, con 3.500 totales, de los que 3.100 son agricultores y el resto son entidades jurídicas que poseen una explotación dentro de Palencia.

La Alianza lanzó un mensaje de “pluralidad e independencia”, unido a una profesionalidad con la que se defiende a los agricultores y a las pequeñas y medianas explotaciones, de la mano de una agricultura profesional, social y familiar, que es la que está implantada en toda España.

Lorenzo Rivera discrepa del modelo que defiende Asaja, algo que es lícito, pero que no comparten desde UPA-COAG, al descartar las declaraciones que realizó en Soria el presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, al asegurar que “defiende las grandes explotaciones y pedir que se copie el modelo chino”. “No hay que copiar nada de ese modelo, porque está totalmente anacrónico, desfasado y que no tiene nada que ver con una cobertura social, ni sostenibilidad económica y medioambiental”, decía, en declaraciones recogidas por Ical.

Aunque existen claras diferencias, recuerda que han sido capaces de llegar a acuerdos a la hora de llevar a cabo movilizaciones, donde se han logrado aspectos positivos para el campo tras el esfuerzo y el trabajo de la Alianza.

Por su parte, su homólogo regional en UPA, Aurelio González, lanza un mensaje de futuro, porque hasta ahora se ha realizado un buen trabajo y se pone en valor, pero queda mucho por hacer.

“Tenemos por delante grandes objetivos, porque nosotros sabemos hablar de despoblación, no como los políticos, que no dan soluciones. Todo ello pasa por evitar el cierre de cualquier explotación agrícola o ganadera por falta de rentabilidad, por lo que hay que buscar fórmulas que vayan en esa dirección”, aclara.

Subrayó que hay que seguir con la inversión en los regadíos, porque el futuro pasa por esa modernización, además de conseguir una mayor capacidad de embalsamiento de agua.

Precios y leyes

González apuesta por conseguir que la Ley de la Cadena Alimentaria funcione “mucho mejor” que ahora para evitar la “especulación existente” con los precios, de la mano de un Observatorio Regional de Precios que marque en una página oficial los costes de producción de todos los sectores. “Así ninguna empresa podrá reírse o chantajear a ningún trabajador del campo”, afirma.

Destaca que se debe volver a una regulación de los mercados para frenar la importación de productos agropecuarios, de “forma masiva”, procedentes de fuera de la Unión Europea, los cuales “no cumplen las mismas exigencias ambientales y de calidad” que los españoles. “Hay que acabar con la hipocresía política y la flexibilización de las normas, al traer productos que presentan tratamientos prohibidos desde hace más de 30 años, lo que ejercen como una competencia desleal”.

Respecto al problema con la Ley de Montes en Castilla y León, una normativa que impide a los ganaderos pastar en las zonas que se han quemado durante cinco años, pero, en verano, no permite realizar las actividades agrarias debido al calor, unas temperaturas lógicas en esa fecha, puntualiza.

“Es una ley que se hizo hace muchos años y pensando en castigar y culpabilizar a los agricultores de los incendios. Hasta que no ha habido catástrofes, no han entendido que los incendios se frenan en las zonas de labor y en los pastos limpios”, por eso hay que cambiar esa normativa.

Además, advierte de que existe un grave problema con la fauna salvaje en Castilla y León, dado que todos los animales que hay en el campo, ya sean ciervos, corzos, conejos, jabalíes o lobos, “se comen lo que producen las personas que están en el campo”.

La Junta debe hacer una normativa para que asume los costes que conlleva la existencia de esa fauna que, en muchos casos, “está arruinando a ganaderos y agricultores”.