El apoyo a la agroalimentación permite mantener más de 4.500 empleos, la mayoría en pymes rurales

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, ayudas por importe global de 82,5 millones de euros correspondientes a la convocatoria de 2022, para incentivar inversiones de industrias agroalimentaria.

Unos recursos que se reparten entre todas las provincias de Castilla y León y supondrán una inversión generada superior a los 221 millones de euros, y que según los cálculos realizados por el departamento que dirige Gerardo Dueñas servirán para mantener 4.518 empleos y generar otros 334 a través de 52 proyectos, en su mayoría -el 90 por ciento- implantados en el medio rural.

Tres de cada diez beneficiarios de estas ayudas son del sector cárnico, mientras que el 21 por ciento son industrias dedicadas a la alimentación animal, el 15 por ciento frutas y hortalizas, y el 10 por ciento se corresponden con el sector lácteo, entre otros. Además, seis de cada diez son pymes y algo más del 15 por ciento de los titulares son empresas cooperativas.

Esta convocatoria, cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, vio alterado su calendario de gestión como consecuencia de la inestabilidad ocasionada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el encarecimiento de las materias primas, la escalada de los precios de la energía y las severas distorsiones sufridas en el comercio mundial, por lo que fue necesario introducir en el 2023 un plazo adicional para que las empresas solicitantes pudieran adaptar sus proyectos a estas adversas condiciones que afectaban al suministro de bienes de inversión, con un encarecimiento de los costes inicialmente previstos.

Por todo ello y para paliar los efectos negativos de dicho retraso, entre otras medidas, el Ejecutivo que preside Fernández Mañueco elevó el importe de los fondos convocados, de tal manera que se situaron en la mayor cifra de ayudas convocadas para la industria agroalimentaria de la última década.

El presidente de la Junta ha apuntado en su perfil de la red social "X", que las industrias agroalimentarias son un sector fundamental para Castilla y León "porque contribuyen a dinamizar nuestra economía, a crear y mantener empleo, y a asentar población en el medio rural"

"Nuestra apuesta por la modernización y la mejora de la competitividad del sector agroalimentario de #Cla Comunidad se traduce en hechos y en inversiones", apunta.

Deuda

Por otra parte, la Consejería de Economía y Hacienda ha dado cuenta al Consejo de Gobierno sobre sobre el acuerdo relativo al endeudamiento máximo a corto plazo a formalizar por la Comunidad en 2024 que ha fijado en un importe de 1.200 millones de euros, igual que en el año 2023.

Se establece esta cantidad, sin perjuicio de restricción de que el saldo vivo de la Deuda del Tesoro no supere a 31 de diciembre el 10 % del total de las operaciones corrientes consignadas en el estado de ingresos de los Presupuestos Generales de la Comunidad, que atendiendo al actual marco normativo establecido por el Decreto 24/2023, de 28 de diciembre, se prorrogan en 2024 los Presupuestos Generales para 2023.

Asimismo, en cuanto a las operaciones de deuda a largo plazo, el volumen máximo que la Comunidad puede formalizar en 2024, atendiendo a la normativa sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y dentro del actual marco de prórroga presupuestaria (artículo 30.1 de la citada Ley 3/2022, de 29 de diciembre), se establece en 1,4 millones sin perjuicio de que posteriormente se pueda fijar el volumen definitivo.

Por otra parte, la aportación de Castilla y León al endeudamiento general de las autonomías españolas sigue siendo limitada y mantiene una ratio de deuda en términos de PIB del 20,5 por ciento, inferior en 1,8 puntos porcentuales a la media autonómica que se sitúa en el 22,3 por ciento, según los últimos datos actualizados por el Banco de España correspondientes al tercer trimestre de 2023.

En segundo lugar, la Comunidad tiene una buena calificación financiera (la misma que España según la agencia Moody´s) lo que la confiere capacidad de acceso a los mercados financieros en condiciones atractivas.

Por último, la mayor parte de la cartera de deuda de Castilla y León, más del 75 por ciento está financiada a tipo de interés fijo, y menos de un 25 % aproximadamente está concertada a interés variable, lo que mitiga el impacto directo de la subida del euribor.

Otros acuerdos

Asimismo, la Junta ha acordado solicitar al Gobierno de España la declaración de Zona Gravemente Afectada por una Emergencia de Protección Civil a las provincias afectadas por la borrasca Juan que dio lugar después a episodios de avenidas en los cauces en los siguientes días.

Igualmente, el Gobierno regional ha aprobado un gasto de algo más de un millón de euros dirigidos al Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, ChemCyL, encargado en la Comunidad del cribado poblacional, gratuito y voluntario para los recién nacidos, la prueba del talón, al objeto de diagnosticar lo antes posible patologías que pueden marcar el desarrollo del futuro de los niños e iniciar de la forma más rápida el posible tratamiento.

Respecto a la Consejería de Familia e Igualdad, también ha salido adelante un expediente que autoriza la construcción de hogares para menores en Salamanca, que funcionará mediante el modelo de unidades de convivencia. Se trata de un edificio de nueva planta, presupuestado en 4.3 millones de euros.

El edificio está destinado al servicio de atención residencial para menores desprotegidos, es decir, acogerá a menores con expediente de protección tutelados por la Junta de Castilla y León y que tienen una medida de acogimiento residencial, en tanto no sea posible llevar a cabo un acogimiento familiar.

El centro tendrá una capacidad para 32 personas, ocho por unidad de convivencia. Cada una de las dos plantas del edificio contará con dos de estos espacios, que se diseñarán de acuerdo con el modelo que se está implantando en todos los centros residenciales de la Junta, es decir, viviendas particulares para fomentar el confort y la independencia de los convivientes.