El PP "blindará" por ley en dos meses el Estado del Bienestar

El PP avanza en su compromiso de legislatura de garantizar los servicios públicos esenciales en todo el territorio. O lo que es lo mismo, el denominado Estado del Bienestar, que no es otra cosa que asegurar la atención sanitaria, la educación y los servicios sociales.

Y es que el Grupo Parlamentario Popular ha registrado este lunes en las Cortes una proposición de Ley que espera aprobar con el apoyo unánime de la Cámara autonómica en dos meses, "Blindamos los servicios públicos esenciales por ley, para garantizar su prestación en igualdad a todos los ciudadanos de nuestra comunidad", aseguraba el portavoz del PP en las Cortes, Raúl de la Hoz, mientras destacaba que estos servicios "son la joya de la corona" de la Comunidad, "que puede presumir de contar con la mejor educación, los mejores servicios sociales y uno de los mejores sistemas sanitarios".

Una norma, comprometida por Fernández Mañueco, con la que el PP acorazará estos servicios públicos esenciales, con especial hincapié en el medio rural para garantizar que los ciudadanos pueden acceder a ellos en condiciones de igualdad.

Así, la iniciativa, que ya conoce Vox, socio de Gobierno de los populares, asegurará la asistencia sanitaria a todos los castellanos y leoneses en todo el territorio, ya que, entre otras cosas, garantiza que permanecerán siempre abiertos los 247 centros de salud actuales además de fijar una serie de parámetros para los consultorios. Por ejemplo, en aquellos municipios donde no haya un centro sanitario existirá una consulta presencial «a la demanda» en el caso de las poblaciones de 50 habitantes. De 51 a 100 vecinos, la consulta será un día a la semana, mientras que de 101 a 200 habitantes, serán dos días. En el caso de municipios de entre 201 y medio millar de personas serán tres los días y para los de más de 500 vecinos, de lunes a viernes.

De la Hoz reconocía que esta regulación implicará una «reordenación o redistribución» de los profesionales sanitarios ante la escasez existente. Si bien, recordaba que este déficit de sanitariso no es un problema exclusivo de Castilla y León, y que aunque llevan tiempo trabajando en la incorporación de nuevos profesionales, es el Gobierno el que tiene la sartén por el mango y el que puede agilizar la llegada de más sanitarios.

Doble garantía

El portavoz popular, además, destacaba la "doble garantía" de esta ley a los servicio públicos, puesto que cualquier supresión que se quiera llevar a cabo debe pasar primero por Consejo de Gobierno y después debatirse en las Cortes regionales.

En materia educativa, la proposición de Ley del PP garantiza, entre otras cosas, el mantenimiento de los actuales 186 colegios rurales agrupados, incluidos aquellos que cuenten con tan solo tres alumnos. Al respecto, la norma recoge que solo se podrán suprimir estas aulas en caso de que transcurran dos cursos escolares sin que haya actividad educativa por falta de alumnos.

Y en relación a loa servicios sociales, la ley del PP asegura el mantenimiento de los CEAS así como las prestaciones del catálogo en cada zona de acción social además del volumen de financiación a las entidades locales y respetando la autonomía local.