El campo recrudece sus protestas en Castilla y León

Los agricultores y ganaderos de Castilla y León han retomado esta semana con una inusitada fuerza sus protestas para denunciar su situación y reclamar medidas urgentes al Gobierno de España y a Europa principalmente, en defensa de su futuro.

Si el lunes un grupo de agricultores ralentizaba el tráfico en la N-122 entre las provincias de Soria y Burgos, y en la madrugada del lunes al martes se producían serios altercados entre manifestantes y la Guardia Civil en la provincia de Zamora, tras cortar la A-6 a la altura de Paradores de Castrogonzalo -que se saldó con varios agentes heridos, algunos de ellos con fracturas de clavícula y de dedos, y dos agricultores detenidos-, este miércoles el campo ha vuelto a la carga con varias acciones en la provincia de Salamanca y en Burgos.

Así, alrededor de medio centenar de agricultores ha vuelto a cortar la AP-1, en esta ocasión a la altura de Briviesca (Burgos), cuando unas horas antes lo habían hecho entre Fresno de Rodilla y Monasterio de Rodilla, primero, con quema de neumáticos además, y Monte de Costaján, después, provocando varios kilómetros de retenciones, lo que está provocando problemas de circulación en ambos sentidos. Un corte al que se une a otro en la N-627, en Basconcillos del Tozo, según informa la Dirección General de Tráfico (DGT)

La protesta en Briviesca está ocasionando varios kilómetros de retenciones, con largas colas de camiones atascados, entre Briviesca y Prádanos de Bureba, en una jornada en las que las movilizaciones del campo ya han afectado a varias carreteras de la provincia, aunque sin incidentes, ni detenciones o heridos por el momento.

Y en la provincia de Salamanca, alrededor de 150 agricultores, convocados por Asaja, Coag, Upa y Uccl, se han manifestado este miércoles por la mañana frente a la planta de bioetanol de la localidad salmantina de Babilafuente para exigir a las administraciones competentes que se respete la ley de la Cadena Alimentaria.

Los agricultores concentrados acusan a esta planta de vulnerar la ley de la Cadena Alimentaria al adquirir el maíz que usan para sus productos a menor valor que su precio de producción. En concreto, creen que están comprando el cereal por debajo de los 200 euros, cuando el coste real está por encima de los 260-270 euros.

Por ello, quieren exigir con estos actos de protesta, que esa ley se ponga en marcha y funcione realmente para salvaguardar la viabilidad de las explotaciones agrícolas de los agricultores españoles.

Esta reclamación se une a las tantas que se están llevando a cabo en el sector en las últimas semanas para denunciar que les están "arruinando" debido que tienen grandes inversiones para producir y no consiguen hacer viables las explotaciones, lo que está provocando una gran impotencia y que se estén produciendo altercados con la Guardia Civil, dos sectores, además, "criminalizados por este propio Gobierno", según denuncian desde Asaja, con la creencia de que está jugando a una estrategia del cansancio.

Desde Upa, apuntan que el principal problema en el ámbito cerealista es que los precios han caído un 25 por ciento desde el inicio de la guerra en Ucrania, en 2022.

Por todo ello, las organizaciones agrarias van a presentar una denuncia ante varias instituciones nacionales y de ámbito autonómico, entre ellas el Defensor del Pueblo y el Procurador del Común de Castilla y León, sobre la compra de productos por debajo de su coste de producción.

El rechazo a las políticas medioambientales de la UE, el aplazamiento de la BCAM 7 en la PAC -que consideran "inadmisible"- y la adquisición de productos de otras partes del mundo como Marruecos, con requisitos más laxos que los que puede haber en España, son otras de las denuncias agrarias.