Castilla y León pide al Gobierno que derogue ya la protección del lobo: "Ya no hay excusa"

El pasado 20 de diciembre, hace casi un mes, la Comisión Europea propuso modificar el estatuto de protección del lobo para que pase de estar "estrictamente protegido" a únicamente "protegido".

Una iniciativa que se acogía con ilusión y esperanza en Castilla y León ya que se da la razón a la Junta y los ganaderos en sus denuncias por los daños que la sobreprotección de este animal está provocando en el campo y la naturaleza desde que el Gobierno de Pedro Sánchez, con la ministra Teresa Ribera a la cabeza decidiese incluir al lobo en la lista de especies protegidas de la Península Ibérica y, de paso, prohibir su caza también al norte del río Duero.

El último ataque de lobos se producía este lunes en una propiedad privada y cercada en el término municipal de El Hoyo de Pinares, en el que ocho corderas perdían la vida .

Desde entonces, el Gobierno regional ha pedido al Ministerio públicamente en varias ocasiones aunque sin éxito que retirara la orden ministerial que incluye al lobo en el listado de especies protegidas de la Península Ibérica (Lespre) para recuperar el estatus anterior a septiembre de 2021 cuando el cánido era gestionable por la Comunidad al norte del Duero.

Algo que se ha vuelto a hacer este martes, tras la reunión entre el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y los responsables de las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León.

Durante este encuentro, han acordado remitir una carta a la vicepresidenta y ministra Ribera en la que le piden que derogue "de forma inmediata” dicha orden

“El Gobierno ya no tiene excusa para no hacerlo y solo falta que haya voluntad política para hacerlo", señalaba el consejero, al tiempo que volvía a atender la mano al Gobierno para sentarse a hablar y planificar cómo volver al sistema anterior.

Tanto la Junta como las organizaciones agrarias han acordado la elaboración de un documento de unidad de acción que enviarán a la ministra y en el que reclamarán también al Ejecutivo de Sánchez “colaborar y trabajar” para que “se haga efectiva la decisión de la Unión Europea, que obligará a modificar el Convenio de Berna, lo que daría pie a cambiar la Directiva Hábitat y pasar el lobo del anexo 4 a 5 para hacerlo en toda Europa gestionable, “como estaba en Castilla y León hasta 2021”.

Los ganaderos, además, reclaman una mejor atención al profesional en caso de siniestros y reducción de la burocracia. También que se mejoren los criterios de tasación y de la valoración de los daños, que haya indemnizaciones compensatorias justas y ágiles por todos los daños sufridos en los ataques, tanto directos como indirectos, y que se compense "con justicia" el lucro cesante, así como poder acabar con tantos lobos como hay actualmente mediante un control poblacional firme.

Donaciano Dujo, de Asaja, aseguraba que lo primero que tiene que quedar claro es que las gentes del campo trabajan todos los días para producir alimentos para la sociedad, "no para ver animales muertos por los ataques del lobo", y por eso apuntaba que las indemnizaciones han de compensar un daño que nunca es en su totalidad.

Aurelio González, de la alianza UPA-COAG, reafirmaba su apoyo a la Consejería en esta su intención, pero advertía que volver a la situación anterior "tampoco es suficiente".

"Tenemos que ir a más. La situación anterior suponía que al norte del Duero la especie era gestionable y se hacía una gestión cinegética, pero aquella gestión cinegética era totalmente insuficiente, y hay que decir bien alto que estamos en más peligro de extinción los ganaderos que los lobos", decía, en declaraciones recogidas por Efe.

Finalmente, Jesús Manuel González Palacín, de UCCL Castilla y León, aseguraba que el lobo no solo está muy lejos de estar en peligro de extinción, sino que más bien está en "clarísima expansión" desde hace años con unas consecuencias gravísimas para el sector. En este sentido, denunciaba la "imposición ideológica" por parte del Gobierno de Sánchez que no tiene sentido, ni científico ni de datos objetivos".