Turismo

Castilla y León protege y da seguridad jurídica a viajeros y agencias de viajes

La Junta aprueba el proyecto de Decreto para regular las contrataciones de servicios e incidencias

El consejero portavoz Carlos Fernández Carriedo atiende a la prensa tras el Consejo de Gobierno
El consejero portavoz Carlos Fernández Carriedo atiende a la prensa tras el Consejo de GobiernoLeticia PérezIcal

El Gobierno que preside Fernández Mañueco da un nuevo paso hacia adelante en su afán por conseguir la excelencia turística, incidiendo en la protección de los viajeros y dando estabilidad al sector, sobre todo a las agencias de viajes y centrales de reserva.

Así, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde este jueves, a propuesta de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, que dirige Gonzalo Santonja, de Vox, al Proyecto de Decreto por el que, entre otras cuestiones, se regula la necesidad de ampliar la oferta y reforzar las garantías de los viajeros, para lo cual se recoge una cobertura mínima de 100.000 euros por las agencias por posibles incidencias que puedan surgir de un viaje combinado (dos o más servicios en el mismo paquete) o servicios de viajes vinculados (paquete con dos o más servicios facturados de forma independientes), así como para incrementar la profesionalización del sector.

Este decreto responde a la adaptación de la regulación de las agencias de viajes a la nueva ordenación, derivada de la trasposición al derecho nacional de la directiva de viajes combinados y viajes vinculados, que atribuye a la administración turística la obligación de regular y controlar el sistema de garantías, puntos encaminados a mejorar la seguridad de los clientes a la hora de contratar un servicio.

"Este proyecto de decreto es una regulación muy esperada por el sector", destacaba el portavoz de la Junta, Caros Fernández Carriedo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Y es que, entre las novedades de esta normativa, es que se simplificarán todos los aspectos relacionados con las agencias de viajes. Por ejemplo, a partir de ahora no existirá una diferencia entre mayoristas y minoristas en términos de agencias.

En segundo lugar, el nuevo decreto incide de manera significativa en el sistema de garantías, ya que elimina a aquellas agencias o intermediarios turísticos que no disponen de ciertas garantías, así como en la solvencia del mercado a través de un sello de seguridad jurídica.

"Respondemos a la prestación de los servicios de las agencias de viajes y garantizamos los rembolsos de los pagos anticipados que hacen los clientes, en caso de situaciones fraudulentas, y también, si se diese el caso, de la repatriación si se produjese alguna incidencia en el extranjero", decía el también consejero de Economía y Hacienda, quien ponía en valor también con este decreto se cubre la posible insolvencia por parte del intermediario turístico.

En términos empresariales, se simplificará la tramitación de los procedimientos administrativos, por lo que a partir de ahora solo hará falta la presentación de la declaración responsable para el acceso al ejercicio de intermediación turística por parte de las agencias de viajes. Con este punto se contribuye a la supresión de obstáculos administrativos en el marco jurídico para el funcionamiento de estas empresas turísticas.

"En definitiva, este nuevo proyecto de Decreto busca dotar a los clientes de servicios turísticos de mayor seguridad jurídica y económica a la hora de contratar un servicio con una agencia de viajes", finalizaba Fernández Carriedo.

Antecedentes y motivación

Los antecedentes y la motivación de esta nueva legislación parten de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre de Turismo de Castilla y León, que regula las actividades de intermediación turística en los artículos 48 y 49, definiéndolas como el desarrollo de actividades de mediación y organización de servicios turísticos de forma profesional, a través de procedimientos de venta presencial o a distancia, y estableciendo su clasificación en dos tipos distintos: Agencias de Viaje y Centrales de Reserva, reservando a una norma reglamentaria posterior el establecimiento de los requisitos exigibles a las mismas, según informan fuentes de la Junta.

Esta nueva ordenación de las actividades de intermediación turística desarrolla las previsiones contenidas en el artículo 49 de la citada Ley e incorpora, como una de las novedades principales de esta nueva regulación, un nuevo sistema de garantía frente a los viajes combinados y servicios de viaje vinculados que se deriva de la normativa europea. Además, se regula la actividad de las agencias de viajes que puede prestar sus servicios de forma presencial o bien online.

Por otro lado, la Comunidad de Castilla y León es titular en exclusiva en materia de promoción del turismo y su ordenación en el ámbito territorial de la región. Y la exigencia de regular el nuevo sistema de garantías, que deriva del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de trasposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viajes vinculados, implicó, igualmente, la necesidad de modificar la normativa vigente

Como consecuencia de todo ello, se elabora este decreto que ahora se aprueba, y sustituye a la normativa reglamentaria vigente que data de 2001, respondiendo a la necesidad de ampliar la oferta, dar respuesta a las demandas novedosas de servicios, así como para profesionalizar el sector, lo que permite promover la calidad y la excelencia del turismo como estrategia de futuro. El contenido del Decreto se estructura en cuatro capítulos, en los que se integran treinta y seis artículos, tres disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una derogatoria y dos disposiciones finales.