Castilla y León suma 6.000 hogares beneficiarios del bono social térmico el último año, hasta los 88.000, que recibirán entre 413 y 797 euros

El programa de ayudas para compensar los gastos térmicos ocasionados a los consumidores más vulnerables por el uso de la calefacción y el agua caliente sanitaria o cocina, más conocido como bono social térmico, beneficiará a 88.000 hogares de Castilla y León, después de haber aumentado en 6.000 en el último año. Todos ellos recibirán entre 413 y 797 euros, que son los importes que corresponden por estar ubicados en las zonas climáticas más frías del país.

El bono social térmico, que se creó en 2018 por un real decreto ley de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, consiste en ayudas de concesión directa para paliar la pobreza energética y busca compensar los gastos necesarios para garantizar el suministro de energía para usos térmicos o el apoyo a actuaciones de ahorro o mejoras de eficiencia energética a los consumidores vulnerables.

Fuentes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades apuntaron a la Agencia Ical que prevé realizar los pagos únicos -correspondientes al año 2022- a partir de mayo, tras actualizar la base de datos y modificar los números de cuenta solicitados. Inicialmente el decreto ley establecía que el pago debía hacerse en el primer trimestre del año, pero ese plazo se declaró inconstitucional. Por lo tanto, no existe plazo establecido para pagar el bono.

El real decreto ley establece quienes son los beneficiarios del bono social térmico y cómo se determina la cuantía que percibirán, que calcula el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, teniendo en cuenta su grado de vulnerabilidad y la zona climática en que están empadronados. Se divide a los consumidores por nivel de renta y situación familiar entre vulnerables (familia numerosa o con niveles de renta por debajo de los 18.799 euros al año), vulnerables severos (renta anual menor o igual al 50 por ciento de los umbrales establecidos para ser considerados consumidores vulnerables) y vulnerables severos en riesgo de exclusión (con niveles de renta de los consumidores vulnerables severos, que además reciben atención por parte de los Servicios Sociales). En el conjunto de España, hay 1,3 millones de ciudadanos que tienen derecho a la ayuda.

De momento, la Junta, como administración encargada de la gestión y el pago de las ayudas, remitió las dos últimas semanas de marzo a todos los beneficiarios una comunicación, indicando la cantidad que les corresponde, una vez que las comercializadoras de referencia han facilitado los listados de clientes con el bono eléctrico, a fecha de 31 de diciembre.

Además, la carta de la Consejería indica el número de cuenta disponible para hacer el ingreso, aunque muchos beneficiarios reclaman modificar la entidad bancaria. El año pasado, había 82.000 beneficiarios y se recibieron más de 17.500 comunicaciones de solicitud de cambio del número de cuenta.

Por lo tanto, deben rellenar un modelo de respuesta remitido o bien modificarlos a través de una aplicación informática. “Una vez se revisen todas las comunicaciones que se están recibiendo, y se actualice la base de datos con esa información se empezarán a realizar los pagos. Por la experiencia de años anteriores, antes de pagar, deben revisarse la totalidad de las comunicaciones, porque hay beneficiarios que remiten más de una comunicación sustituyendo a la anterior”, precisó Familia.

Por otro lado, el real decreto ley obliga a las comunidades autónomas a informar a los beneficiarios de que existe la posibilidad de renunciar a la ayuda.

Los fondos para pagar el bono social, que vienen a complementar la ayuda percibida en concepto de bono social eléctrico, proceden del Ministerio aunque la Junta de Castilla y León denunció, según trasladó a Ical, que no transfirió la totalidad del dinero, correspondiente a 2021, a la Comunidad hasta el 29 de diciembre del año pasado