El Consejo Consultivo reduce a 18 días hábiles la resolución de dictámenes

El Consejo Consultivo tardó una media de 18 días hábiles en resolver dictámenes en los primeros cinco meses de 2023, una cifra que se sitúa en el objetivo de la institución para este año, de 20 días, y por debajo también de la media de 2022, que fue de 22 jornadas, y los 28 de 2021. Así se desprende de la presentación del presidente de la institución propia, Agustín S. de Vega, que trasladó hoy la Memoria Anual del pasado año a la Comisión de Presidencia de las Cortes, donde recordó que se aprobaron 696 dictámenes, ninguno de ellos con votos particulares, y resolvió 208 recursos.

En un acto “de transparencia democrática” y de reconocimiento a la cercanía hacia los procuradores de las Cortes para supervisar su actividad anual, De Vega recordó que en 2023 se celebran los 20 años de funcionamiento del Consultivo, así como una década de la adscripción del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (Tarcyl), periodo que ha contado con más de un millar de resoluciones y 14.000 resoluciones en litigio en estos 10 años.

El año pasado, recordó de Vega, el 56,03 por ciento de los expedientes (390) fueron solicitados por la Administración autonómica, el 43,83 por ciento (305) por las entidades locales y uno por las universidades públicas. De hecho, tras siete años en que las consultas mayoritarias eran de entidades locales, en 2022 han sido superadas por las de la Junta, debido fundamentalmente a la existencia de dos bloques novedosos: por un lado, de la Consejería de Sanidad, que además de las consultas habituales ha solicitado dictamen en 94 expedientes de responsabilidad patrimonial con motivo de los daños y perjuicios derivados de la pandemia de la COVID-19; y por otro, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, que ha tramitado 78 expedientes de responsabilidad patrimonial por perjuicios a los cotos de caza a consecuencia de la prohibición de la caza del lobo, principalmente en Zamora, que encabeza la presentación de recursos, junto a Valladolid, León y Burgos.

A la comparecencia de este lunes acompañaron a S. de Vega los consejeros electivos Valle Ares y Francisco Ramos, que recientemente fue operado quirúrgicamente, y el consejero nato y expresidente de la Junta, Juan Vicente Herrera. De Vega destacó la labor de esta institución propia como “garante de la legalidad” de las decisiones administrativas y de contratación pública y explicó que las normas y su interpretación fundamentan tanto los dictámenes del Consejo como las resoluciones del Tribunal.

Respecto a las materias dictaminadas, un año más, los asuntos de responsabilidad patrimonial han sido los más numerosos. De los 696 dictámenes, tres de cada cuatro, es decir 530, son de responsabilidad patrimonial.

Por otro lado, el presidente del Consultivo señaló que de las comunicaciones oficiales recibidas relativas a dictámenes emitidos el pasado año sobre las resoluciones finalmente adoptadas por las administraciones consultantes, casi el 96 por ciento han mantenido el criterio adoptado por el Consejo, lo que pone de manifiesto la “auctoritas de la institución”, que aumenta del 94 al 96 por ciento en 2022, que denota una “doctrina más amplia y respetada” del Consejo.

Actividad del Tarcyl

En relación con la actividad del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (Tarcyl), en 2022 se resolvieron 208 recursos de los 194 presentados, si bien algunos de ellos correspondían a 2021. Casi siete de cada diez de ellos (143) fueron dirigidos frente a contratos de servicios, siendo el principal acto recurrido el de la adjudicación (40,38 por ciento), seguido del de pliegos (35,58) y del de exclusiones y no exclusiones (19,23 por ciento).

La suma de los valores estimados recogidos en los recursos presentados el año pasado alcanzó 5.434 millones de euros. Los de mayor cuantía son los 736 millones de transporte sanitario terrestre, 162 millones del servicio de basuras de Burgos y 75 del servicio de teleasistencia.

En 2022, el impacto de los recursos del Tarcyl afectó principalmente a Valladolid, León y Burgos, pero un importante número de recursos incidió en toda la Comunidad por tratarse de valor supraprovincial. La media de resolución es de 28 días hábiles frente a 13 meses de de la vía contenciosa, según destacó el presidente. De las 14 sentencias sobre recursos del Tarcyl, 11 han ratificado la posición del Tribunal y tres han causado suspensiones.

Recomendaciones

Entre las recomendaciones, De Vega recordó que algunas de ellas ya se han trasladado en años anteriores. Tachó de “insuficiente” la evaluación de impactos preceptivos en las memorias de justificación de proyectos normativos, “principalmente el económico y presupuestario”. A su juicio, la Administración autonómica “suele alegar que no dispone de esos datos en el momento de redacción del proyecto normativo”, pero consideró que no aportar una “mínima estimación o soslayar el impacto presupuestario es una práctica contraria a los principios de buena regulación y calidad normativa”. Por ello, aseguró que la evaluación debe ser “adecuada, suficiente y emitida por centros directivos competentes en la materia”.

También aconseja abordar “más claramente el concepto de ruralidad”, con criterios “homogéneos y razonables”, una figura jurídica que “sea confluente con medidas del sistema normativo autonómico”; y para eso apeló a un “análisis detallado del mapa local y estructura de poblamiento de la Comunidad”.

El Consejo constata que en algunas normas el trámite de alegaciones concluye a las 14 horas del último día. Apostó por extender hasta las 23.59 horas porque la “finalidad es facilitar, no dificultar la participación de los ciudadanos”.

Alabanzas al Consultivo

Así, el portavoz del Grupo Socialista en la Comisión, Luis Briones, alabó la labor del Consejo Consultivo, que “no se solapa con el Consejo de Estado”, y tuvo una “especial mención” a Juan Vicente Herrera, bajo cuyo mandato se auspició la creación de la institución hace 20 años.

Briones realizó un recorrido histórico de estas dos décadas y criticó que “algún grupo nuevo en el último año” ha dudado de esta institución y “proponía reducir su presupuesto”, que en 2023 sera de 2,7 millones. “Toca poder cambia mucho la forma de cómo se ven algunas de estas instituciones, ya no son tan críticos y no quieren ahogar este Consejo”, comentó en relación a Vox.

Igualmente, el portavoz del PP, David Fernández, destacó el “rigor” de los dictámenes y resoluciones y “rapidez” de los expedientes, con los que se consiguen estos niveles de “auctoritas”. Aludió al resultado de “aprobar leyes” sin los preceptos consultivos, en referencia a la acción política del Gobierno regional. “En Castilla y León estamos lejos de esos niveles y estamos orgullosos de esta institución”, dijo.

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Carlos Menéndez, hizo una “especial observación” para que el trabajo del Consultivo “vaya de la mano de la gestión eficiente y recursos públicos, que debe ser una máxima de cualquier gobernante e institución, como está recogido en el acuerdo de Gobierno entre PP y Vox”.

El procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, consideró que estos datos denotan la “inutilidad de las Cortes, incapacitada de renovar los órganos propios”, como también sucedió con el Procurador del Común. “Son las Cortes más inútiles de la historia”, se despachó. A su juicio, la “mejor manera” de reconocer a la institución sería “proceder a la renovación de los cargos”. “Estos informes refuerzan la necesidad de la institución propia”, incidió.

Igualmente, Vanessa García, de UPL-Soria Ya, fue la más dura e invitó a Sánchez de Vega a “instar” a la Administración autonómica “a acometer las reformas contra la despoblación y no sólo a trasladarlo a una revista”. “Somos una historia de olvido y abandono en la España rural”, tachó, en relación a las medidas que se ponen en marcha en Soria, en muchos casos “prácticas políticas ideadas” desde las ciudades. “Este fenómeno de despoblación se ha acentuado con el transcu