Protestas

CSIF se moviliza por una jubilación anticipada voluntaria por coeficiente reductor en la Sanidad

Cientos de trabajadores sanitarios se concentran por toda Castilla y León, donde han recogido ya más de 12.000 firmas de las 60.000 de España para tal fin

Concentración de CSIF frente a la Delegación del Gobierno en Valladolid para reclamar la implantación entre los sanitarios de la jubilación anticipada voluntaria por coeficiente reductor
Concentración de CSIF frente a la Delegación del Gobierno en Valladolid para reclamar la implantación entre los sanitarios de la jubilación anticipada voluntaria por coeficiente reductorRubén CachoIcal

Decenas de trabajadores sanitarios se han concentrado este martes ante las subdelegaciones del Gobierno de España en Castilla y León, convocados por el sindicato CSIF, para reclamar la opción de la jubilación anticipada voluntaria por coeficiente reductor para todos los empleados de la Sanidad, un colectivo compuesto por unos 80.000 profesionales en esta Comunidad.

En Valladolid, durante la protesta, que ha reunido a más de medio centenar de participantes, el presidente autonómico de Sanidad de Csif, Enrique Vargas, aseguraba que se trata de una demanda a nivel nacional que ha sido reivindicada en todas las provincias españolas este martes con concentraciones.

"Lo que pedimos es contar con la posibilidad de acceso a la jubilación anticipada por coeficiente reductor en el colectivo de Sanidad, que registra 2.500 accidentes anuales en España por cada 100.000 trabajadores", decía el dirigente sindical, mientras advertía de que los trabajadores están expuestos a riesgos biológicos, químicos, radiológicos y psicológicos, que trabajan en la calle, acuden a domicilios, despeñan su función a turnos o de noche, en festivos y no festivos, no sentados tras una mesa.

Asimismo, apuntaba que la Ley recoge esa posibilidad ante la existencia de penosidad, peligrosidad o toxicidad, unas condiciones que, según apuntaba, se cumplen en el colectivo sanitario.

Finalmente, el representante de CSIF avanzaba que se han recogido unas 60.000 firmas en España, aproximadamente 12.000 de ellas en Castilla y León, para su entrega al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que tiene la competencia, con el fin de reclamar este derecho "que es de justicia", y también se han dirigido al Defensor del Pueblo, entre otras iniciativas