Los delitos contra la libertad sexual se disparan en Castilla y León

Los delitos contra la libertad sexual siguen al alza, y durante el pasado año aumentaron en Castilla y León cerca de un 20 por ciento, hasta totalizar 1.354 procedimientos incoados en la Comunidad, de los que 1.021 lo fueron en diligencias previas, concepto que incluso se incrementa más, un 25 por ciento.

Así se desprende de la Memoria 2022 de la Fiscalía de Castilla y León, presentada este jueves con motivo de la Apertura del Año Judicial 2023-2024, donde se pone de relieve que esta es una de las formas delincuenciales que mayor alarma despiertan en la sociedad.

Durante el 2022 se acordaron 32 medidas de prisión provisional, un 18 por ciento menos que el año anterior, y se redactaron por las fiscalías 215 escritos de acusación frente a las 188 del año anterior, un 14,3 por ciento más que en 2022. Igualmente, se dictaron 228 sentencias, 16 menos, lo que supone un descenso del 6,5 por ciento.

Los delitos más calificados fueron los abusos sexuales, 61 (10,9 por ciento más que en 2021), seguidos del de abusos sexuales a menores de 16 años, que fueron 57, con un 46,1 por ciento más respecto al año anterior.

En conjunto, principalmente en materia penal, cuyos procedimientos representan la actividad principal de las fiscalías, durante el año 2022 se han incoado 75.153 diligencias previas, 6.871 diligencias urgentes, 15.262 juicios por delitos leves, 128 sumarios y 23 procedimientos con jurado, es decir, un volumen total de nuevos procedimientos de 97.437, casi 100.000, que supone un 9,3 por ciento más que las del año anterior, en el que se incoaron 89.126 asuntos por estos mismos conceptos. Crecen, además, un 23 por ciento por encima de 2020, aunque se observan las mismas mismas cifras que en 2019, antes de la pandemia, cuando se llegó a los 95.000.

El número de procedimientos abreviados incoados por los juzgados de instrucción ascendió a 8.780, cifra muy superior a la del año anterior, que fue de 6.573. El número de procedimientos pendientes en esta materia a finales del año pasado, 3.493, es superior a la de finales de 2021 (3.027).

Los grupos de delitos más calificados a través de este procedimiento han sido contra el patrimonio, lesiones (en los que se incluyen los delitos de violencia de género y doméstica), contra la seguridad del tráfico (conducción bajo el efecto de bebidas alcohólicas y conducción sin permiso) y contra la Administración de Justicia (delito de quebrantamiento de condena o medida cautelar en todos los supuestos).

Por otro lado, el número total de diligencias urgentes fue de 6.871, número superior en un 8,8 por ciento a las cifras de 2021, que fue de 6.312. Los delitos leves incoados en 2022 fueron 15.262, de los que el 55,4 por ciento se celebraron con intervención del Fiscal.

Sumarios

En cuanto a los sumarios, presentaron un incremento de 97 en 2021 a 128 en 2022, la mayor parte de ellos por delitos contra la libertad sexual. La Fiscalía achaca este ascenso en su Memoria a que “las cifras de delitos graves en Castilla y León son afortunadamente limitados”.

Los fiscales de Castilla y León en el año 2022 asistieron a un total de 15.331 juicios, distribuidos de la siguiente manera: 6.475 ante los Juzgados de lo Penal, en procedimientos abreviados y juicios rápidos, 8.454 en juicios ante los Juzgados de Instrucción, en delitos leves, 402 ante las audiencias provinciales, en abreviados, sumarios y jurados.

Criminalidad

En los delitos contra la vida en el año 2022 se incoaron por delitos de homicidio y sus formas un total de 215 procedimientos, el año anterior 195 y 207 en 2020. En este grupo de delitos se formularon por el Fiscal 57 escritos de acusación, se acordaron 27 medidas de prisión y se dictaron 55 sentencias. Por el delito de asesinato se incoaron cinco procedimientos, se formularon 11 escritos de acusación por hechos, algunos de los cuales ocurridos en años anteriores, y se dictaron 15 sentencias.

Por los delitos de homicidio aparecen como incoados en todo tipo de procedimientos 62 casos, que dieron lugar a 12 escritos de acusación del Fiscal y 17 sentencias y 22 medias cautelares de prisión. En los delitos de homicidio por imprudencia se iniciaron 133 procedimientos. Se formularon por el Fiscal 34 escritos de acusación, igual al año anterior (29) y se dictaron 23 sentencias frente a las 35 del año 2021 y cuatro medidas cautelares de prisión.

En los delitos de auxilio e inducción al suicidio se han incoado 15 expedientes el años pasado. Por los delitos contra la integridad física se han incoado un total de 28.098 procedimientos. En el caso de los delitos contra la integridad física (lesiones) llama la atención la enorme diferencia entre las incoaciones y el número de éstas que desemboca en calificaciones del Fiscal, 2.196, es decir, un 7,82 por ciento, cifra casi idéntica a la del año anterior, que fue del 7,12 por ciento. En este grupo de delitos se acordaron 58 medidas cautelares de prisión provisional y se dictaron 1.978 sentencias.

Por último, en lo que respecto a los delitos por violencia de género, en 2022 el número de procedimientos iniciados fue de 1.032, prácticamente igual con el año precedente, que fueron 1.035. Se realizaron por las fiscalías 524 calificaciones y se dictaron 173 sentencias.

En España, la Memoria de la Fiscalía alerta de que las mujeres del mundo rural y las mayores de 65 años son más vulnerables a la violencia de género y pide medidas para atender sus necesidades. En 2022 se registraron 50 feminicidios íntimos consumados, un dos por cinto más que en 2020 (49) y un 3,8 por ciento menos que en 2021. La Fiscalía pone el foco en la incidencia “muy preocupante” de los feminicidios y violencia de género en el ámbito rural.

Por otro lado, la Fiscalía de Castilla y León sugirió, “como iniciativa legislativa”, la creación de una nueva tipificación legal específica para cuando la víctima de un delito contra la seguridad vial sea un ciclista o motorista. Así, se podría dotar a las víctimas de un “plus de protección penal motivada por su posición de debilidad” respecto de los coches y camiones y “establecer una respuesta penal, un castigo distinto, cuando la víctima del accidente sea persona de uno de estos dos colectivos”.

La Memoria va más allá y valora la posibilidad de reducir la frecuencia de los exámenes psicotécnicos para conducir cuando la edad de las personas es más avanzada. A juicio del organismo dirigido por Santiago Mena, es “indiscutible que el paso del tiempo afecta a las capacidades de cualquier persona para desenvolverse en la vida diaria, y ello también se puede y debe de decir cuando de la conducción de vehículos se refiere”. “La disminución progresiva de la plena capacidad de nuestros sentidos, conforme la edad avanza, o la aparición de patologías que exigen del control a través de determinados tipos de medicación, ocasionan muchas veces una pérdida importante de las aptitudes y condiciones necesarias para la conducción de vehículos que afectan a la seguridad vial”, alertó la Fiscalía.

En este sentido, aboga por “encontrar un equilibrio entre los derechos individuales y el colectivo de la seguridad pública”, que pasa por un “adecuado examen del mantenimiento de las necesarias capacidades para poder conducir un vehículo a motor”. Entre ellas, propone una frecuencia menor en los periodos de renovación, “a partir de determinada edad”. Sin embargo, la propia entidad consideró que es “insuficiente si no se realizan exámenes médicos adecuados a las circunstancias de cada conductor”. “Es en este punto donde quizá el método seguido de examen hasta este momento haya de mejorarse”, recomienda la Fiscalía.

Y en relación a los delitos cometidos a través de nuevas tecnologías, la Memoria constata un “ligero repunte” en la comisión de delitos de violencia sobre la mujer a través de esta vía. La de Valladolid precisa que la incidencia es cada vez mayor, pues las nuevas tecnologías se utilizan en torno a la mitad de los delitos de amenazas, acoso, quebrantamientos y delitos leves de vejaciones, especialmente al finalizar la relación.

Coinciden las fiscalías en que el principal problema que plantean estos delitos es la dificultad de prueba de la autoría cuando no está acreditada la titularidad del aparato emisor, o cuando el investigado niega la autoría de los mensajes que aparecen en los pantallazos aportados por la víctima, que “obligarían a practicar una pericial, incompatible con la tramitación de la causa por el cauce de las diligencias urgentes”.

Seguridad y salud en el trabajo

En 2022 se produjeron 1.664 diligencias previas incoadas por delitos de lesiones imprudentes por accidente laboral. La Fiscalía señala que las investigaciones de los accidentes laborales “con frecuencia son largas y complejas”, en especial en aquellos casos en los que concurren varias empresas y subcontratas con “numerosos mandos intermedios y personas con funciones de seguridad”. Al respecto, la Fiscalía precisa la creación de una policía especializada para agilizar los procedimientos.

También llama la atención sobre las dificultades técnico-jurídicas sustantivas o procesales planteadas, en una tramitación procedimental que “suele ser lenta, debido entre otras causas a la tardanza en la elaboración de las periciales”, y también por las numerosas documentales, “las dificultades en algunos casos de localización del perjudicado, la desaparición de empresas subcontratistas intervinientes y a veces, por la realización de numerosas diligencias estériles en la investigación, pero que son solicitadas por la acusación particular”.