Las depuradoras de Burgohondo y Mombeltran en Ávila cierran la depuración de los municipios de más de 2.000 habitantes tras una inversión de 250 millones

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, anunció que la futura puesta en funcionamiento de las EDAR de Burgohondo y Mombeltran, “completa la depuración de los municipios de más de 2.000 habitantes”, que supondrán 250 millones de inversión en 150 infraestructuras de este tipo.

Suárez-Quiñones visitó hoy el inicio de las obras del emisario y de la futura EDAR de Burgohondo que beneficiará a una población de 5.500 habitantes equivalentes, con una inversión prevista de 2,64 millones de euros. Además, visitó la de Mombeltran, prácticamente finalizada, con una inversión de 4,1 millones de euros.

La obra que visitó esta mañana el consejero en la localidad abulense de Burgohondo, la construcción de un emisario y una estación depuradora de aguas residuales, solucionará los problemas de vertido de la localidad, agravados en los meses de verano al tratarse de un municipio con una elevada presión turística, con gran presencia de segundas residencias, debido a su cercanía con Ávila capital y Madrid.

Burgohondo no dispone de ningún tratamiento de aguas residuales del casco urbano, realizando el vertido directamente sobre el río Chiquillo, afluente del río Alberche. Además, en su polígono industrial, la red de saneamiento existente se encuentra en desuso, sin salida al cauce, contando las industrias existentes con fosas sépticas individuales.

La obra recogerá los vertidos procedentes del casco urbano mediante un colector de 982 metros y 19 pozos de registro y los procedentes del polígono industrial mediante otro colector de 130 metros de longitud y seis pozos de registro. Una vez tratadas las aguas en la estación depuradora de aguas residuales (EDAR), estas se conducirán mediante un emisario de 141 metros de longitud hasta el arroyo Chiquillo, con una solución que evita la necesidad de bombeo de cabecera, reduciendo el coste de explotación por consumo energético y mantenimiento.

La obra fue adjudicada a las empresas UTE-San Gregorio-BIC Restauración y conservación, por un importe de 2.644.234 euros y el plazo de ejecución de 24 meses. La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio aporta el 80 por ciento y el Ayuntamiento de Burgohondo, el 20 por ciento restante, que la Junta va a financiar a 25 años para disminuir la carga económica, siendo explotada la depuradora por la empresa pública Somacyl. La obra está incluida en el Programa Operativo Feder.

Fuentes de la Junta indicaron que se da la circunstancia de que esta obra debería haberla realizado el Gobierno de España en el Plan coordinado de obras de depuración de municipios de más de 2.000 habitantes equivalentes de 2015, habiéndola ejecutado la Junta dada la trascendencia de su ejecución.

Actualmente, la Junta de Castilla y León está desarrollando en la provincia de Ávila 35 depuradoras en municipios de 500 a 2.000 habitantes, de las que 14 obras se encuentran en fase de ejecución, 3 obras en licitación, 2 con el proyecto redactado y pendiente de convenio, 15 obras en fase de redacción de proyecto y otra más en análisis, con una inversión de 24 millones de euros.

La Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl), dependiente de la Consejería, se encarga de la ejecución de las actuaciones y de su operación y mantenimiento durante 25 años. Las depuradoras en ejecución se encuentran en las localidades de Langa, Muñana, Muñogalindo, Sanchidrián, Hoyos del Espino, La Horcajada, Poyales del Hoyo, San Bartolomé de Pinares, El Fresno, Serranillos, Solosancho, Martiherrero, Santa María del Berrocal y Tornadizos de Ávila; y en licitación se encuentran ya las de Ramacastañas, Mingorría y Nava de Arévalo.

Este programa de depuración se enmarca en el Protocolo General de Actuación firmado entre el presidente de la Junta de Castilla y León y las nueve Diputaciones Provinciales firmaron en octubre de 2020. Desde entonces se ha elaborado el Programa de actuación para un total de 250 depuradoras, con una dotación financiera de 125 millones a compartir entre la Junta de Castilla y León (40 por ciento), Diputaciones Provinciales (40 por cienrto) y Ayuntamientos (20 por ciento).

La Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl), dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, se encarga de la ejecución de las actuaciones y de su operación y mantenimiento durante 25 años. El Programa de 250 depuradoras de la Junta para localidades entre 500 y 2.000 habitantes equivalentes en Castilla y León se encuentra en fase de desarrollo técnico y a esta fecha cuenta con 3 obras en fase de explotación, 72 obras en ejecución, 11 obras en fase de licitación, 45 con proyectos redactados pendientes de convenio, 86 proyectos en redacción y el resto en fase de análisis.

El consejero avanzó también esta mañana que el programa de depuración firmado entre la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y las nueve diputaciones provinciales el pasado martes 28 prevé la ejecución de 141 depuradoras en poblaciones de menos de 500 habitantes en la provincia de Ávila, con una inversión prevista de 17 millones de euros, informa Ical.

Suárez-Quiñones señaló que “estas infraestructuras hidráulicas cierran el amplio programa de depuración que ha venido desarrollando la Junta de Castilla y León para dar servicio a los pequeños municipios de la Comunidad, en coordinación con las nueve diputaciones provinciales. El consejero insistió en que todas estas actuaciones buscan conseguir el objetivo de cero de aguas sin depurar, en cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Directiva 91/271/CEE, sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas.

Este protocolo es el punto de partida para poder comenzar las obras en las más de 1.200 localidades que, según las confederaciones hidrográficas, no tienen vertido adecuado. La actuación beneficiará a más de 250.000 personas, y la inversión será similar a la contenida en el protocolo anterior, 128 millones de euros, y será financiada de la misma manera: la Junta de Castilla y León, el 40 por ciento; las diputaciones provinciales el 40 por ciento, y el 20 por ciento restante por los respectivos ayuntamientos. La Junta, a través de la empresa pública Somacyl, ejecutará las actuaciones y se encargará de su explotación y mantenimiento durante 25 años. “Cuando finalicen las obras previstas, el ‘vertido cero a nuestros ríos’ en la Comunidad será una realidad”, reiteró el consejero