Los empleados públicos, en pie de guerra contra Sánchez por la pérdida de poder adquisitivo

Cientos de empleados públicos se han concentrado este viernes frente a las subdelegaciones del Gobierno de Castilla y León para defender unas mejores condiciones laborales en todas las administraciones pero, sobre todo, para exigir a Pedro Sánchez un nuevo acuerdo salarial que sea “más justo” para los funcionarios y que garantice la actualización de los sueldos en función del IPC y la recuperación del poder adquisitivo previo a los recortes del año 2010.

Convocados por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) los empleados públicos denuncian que siguen perdiendo poder adquisitivo mientras otros sectores están viendo actualizadas sus retribuciones.

"Es algo inaceptable", advierten desde el sindicato independiente, donde exigen al Gobierno que aplique el 0,5% adicional que se debe de 2024, por la vía del Real Decreto, tal y como se hizo la semana pasada con el personal militar. Una fórmula que, según este sindicato independiente, se podría aplicar para la subida de 2025 y la oferta de empleo público pendiente.

CSIF se queja que desde la firma del acuerdo retributivo entre el Gobierno, CCOO y UGT en noviembre de 2022, los empleados públicos han sufrido una pérdida de poder adquisitivo del 9 por ciento, y más del veinte si se considera el impacto de los recortes iniciados en 2010.

La equiparación salarial entre administraciones; la eliminación de la tasa de reposición en la oferta de empleo público de 2025; la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales para todos los empleados público; la implementación de la carrera profesional; y mejoras en las condiciones de jubilación, son otras de las reivindicaciones de los empleados públicos al Gobierno de España.

"Los empleados públicos son los que sostienen los servicios esenciales del Estado de bienestar., por lo que si no se adoptan soluciones urgentes, la precarización y la falta de reconocimiento acabarán por colapsar el sistema", advierten desde CSIF, que emplaza al Gobierno a abrir una negociación inmediata para abordar estos problemas.