Estiman que el biometano podría generar una inversión de 10.000 millones y crear más de 5.000 empleos en Castilla y León

Los colegios de ingenieros industriales de Castilla y León reclamaron a las administraciones que apuesten por la instalación de plantas de biometano inyectable a la red de gas natural, una energía limpia generada a partir de residuos agrícolas, ganaderos y subproductos orgánicos de la industria agroalimentaria y que, estiman, podría generar una inversión de 10.112 millones de euros y crear más de 5.156 empleos directos y 10.915 indirectos en la Comunidad.

El órgano colegial destaca que se trata, con diferencia, de la autonomía con más potencial en este sentido, pues cuenta con capacidad para albergar unas 520 plantas de biometano, casi la cuarta parte potencial desarrollo nacional (2.300 plantas), que producirían 37.780 millones de kilovatios hora al año (kWh/año) (el 23 por ciento del total nacional previsible), según el ‘Estudio de la capacidad de producción de biometano en España’, elaborado por la Asociación Española de Gas (Sedigas), en colaboración con PwC y Biovic.

A juicio de los ingenieros, este tipo de energía “cumple con los estándares de la economía circular” y “contribuiría a fijar población y a dinamizar la economía en el medio rural”.

A la luz de estos informes elaborados por expertos en esta materia, el colectivo insta al Gobierno de la nación, a la Junta y a las corporaciones locales a facilitar -en función de sus competencias- la construcción de plantas de gas metano con incentivos económicos y fiscales, “simplificando trámites y reduciendo la burocracia”.

“Un impulso decidido a favor de esta energía renovable es una apuesta por el futuro, por la descarbonización, por la economía circular, por la independencia energética, por la creación de empleo y la generación de riqueza, especialmente en el medio rural”, afirmaron los representantes de los colegios de ingenieros industriales de Castilla y León, en el transcurso de la reunión que han mantenido para analizar la situación de la Comunidad en relación con el compromiso internacional de reducción de los gases contaminantes.

En el encuentro han participado los decanos de los colegios de Burgos-Palencia, Ignacio Velázquez, y de León, Antonio Fernández, así como el presidente del Colegio de Valladolid, Iñaki Bengoetxea, y el exdecano de León Agustín Nogal. Además, los representantes de los colegios de ingenieros industriales han contado con el asesoramiento del ingeniero industrial Óscar Fernández Campo, de la empresa Comacal, que ha intervenido en la integración de los equipos de combustión de varios proyectos de este tipo.

El informe pone en valor también la tipología de las plantas de biometano, en el que cobra gran relevancia la actividad agroalimentaria de la Comunidad. Estima que podrían operar 271 plantas de residuos agroganaderos, de lodos (depuradoras de aguas residuales) y de residuos sólidos urbanos, así como 215 de residuos de cultivos intermedios y 34 de biomasa forestal.

Por otro lado, si se cumplieran las previsiones de crecimiento en toda España, las plantas de biometano podrían producir 163.000 millones de kWh/año, lo que permitiría cubrir cerca del 45 por ciento de la demanda nacional de gas natural, con un impacto en la economía de las familias muy significativo.

De hecho, añade el informe de Sedigas, si en España se hubiera generado esta producción en 2022, habría supuesto un ahorro de unos 4.000 millones de euros en la factura de los consumidores.

Cuatro nuevas plantas

Castilla y León cuenta en la actualidad con una única planta de biometano que inyecta gas a la red para su distribución, ubicada en la provincia de Burgos. Sin embargo, este mismo año entrarán en funcionamiento cuatro más, “lo que pone de manifiesto la capacidad de crecimiento que ya tiene esta fuente de generación”, informó el Colegio.

En concreto, está prevista la entrada en funcionamiento de una factoría en Villacastín (Segovia), otra en Ólvega (Soria) y dos más en Cabezón de Pisuerga y Olmedo (Valladolid). Además, ya está proyectada otra planta en Carbonero El Mayor (Segovia).

“En todo caso, el verdadero desarrollo de esta actividad se produciría con un marco normativo homogéneo y más favorable en toda España, porque la situación actual nos sitúa muy lejos todavía de otros países de la UE”, lamentaron los ingenieros industriales.