Se fortalece la transparencia en la contratación pública de Castilla y León

El presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León y del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARCCYL), Agustín S. de Vega, y el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, han destacado que el trabajo de control ejercido por ambas instituciones propias posibilita fortalecer la transparencia y la supervisión en los procesos de contratación pública, además de impulsar los objetivos de eficiencia en la gestión de los recursos públicos en la Comunidad.

Así lo han manifestado en la Jornada "Cinco años de la Ley de Contratos del Sector Público", que ha reunido a más de 250 personas, en su mayoría empleados públicos, y donde se ha presentado en el protocolo de colaboración que mantienen ambas instituciones para promocionar actividades formativas y de estudios en materia de contratación pública, así como facilitar el conocimiento recíproco de resoluciones, dictámenes e informes sobre esta materia.ca.

Amilivia significó que el Consejo de Cuentas, como institución encargada de fiscalizar la gestión económica y financiera del sector público de la Comunidad y demás entes públicos de Castilla y León, ha realizado en su serie histórica un total de 39 fiscalizaciones en materia de contratación, 28 de ellas en el ámbito del sector público autonómico y 11 en el sector público local. Representando el 14% de los 275 informes realizados por el órgano de control externo autonómico. De esas 39 fiscalizaciones, 16 corresponden al informe anual de mandato legal que se elabora sobre la contratación administrativa de Castilla y León y 23 a auditorías especiales.

También, el informe anual sobre las cuentas del sector público local incluye un apartado específico sobre el cumplimiento de la obligación legal de la rendición de contratos por parte de las entidades locales de la Comunidad. En la actualidad, continuó Amilivia, el Consejo trabaja en otras cuatro fiscalizaciones sobre contratación: la de las diputaciones, los contratos del servicio de ayuda a domicilio de estas instituciones provinciales, los contratos del bus urbano de los ayuntamientos de Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora, así como la contratación autonómica de 2022.

En cuanto a la evolución de la contratación administrativa en Castilla y León, en 2021 se volvió a niveles prepandemia, con casi 3.000 expedientes y 765 millones de euros. El mayor volumen de contratación en 2021, conforme a la fiscalización realizada por el Consejo de Cuentas, corresponde a la Gerencia de Salud, con el 51,3% del importe total, siendo el mismo porcentaje que el que representaba en los ejercicios 2018/2019, después del incremento experimentado en 2020 con motivo de la pandemia, cuando alcanzó el 62%. Por tipo de contratos, en 2021 el mayor peso del importe total (42,8%) corresponde a servicios. En 2020, primer año de la pandemia, fueron los suministros, con el 58%, los que representaron el porcentaje más elevado, quedándose en 2021 en el 36%.

Por su parte, el Consejo Consultivo integra dos órganos con dos funciones diferenciadas, la consultiva, encargada de velar por la observancia de la Constitución, el Estatuto de Autonomía, y el resto del ordenamiento jurídico, y la correspondiente al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, adscrito al Consultivo desde 2012 -cuando Mario Amilivia presidía esta institución propia con sede en Zamora-.

Sánchez de Vega explicó que más de 1.000 resoluciones, con un valor en litigio superior a 14.600 millones de euros permiten hablar de un acierto en su particular diseño, y de la solidez de la institución. Del mismo modo, señaló que el TARCCYL ha sido reconocido como un modelo de éxito como órgano especializado e independiente para la resolución del recurso especial en materia de contratación pública. El Tribunal ofrece una justicia rápida y gratuita en materia de contratación pública, a la vez que genera una gran confianza entre los candidatos a la contratación, los licitadores y los operadores jurídicos.

El presidente del Consultivo añadió que los órganos encargados de resolver los recursos especiales se configuran como un mecanismo de control de irregularidades y se convierten en uno de los principales instrumentos de transparencia y buen gobierno mediante el control de la legalidad en la contratación pública. El TARCCYL resolvió el pasado año 208 recursos. El 68,75% (143) de los recursos presentados ante el Tribunal fueron dirigidos frente a contratos de servicios siendo el principal acto recurrido el de la adjudicación (40,38 %), seguido del de pliegos (35,58 %) y del de exclusiones y no exclusiones (19,23 %). Los ayuntamientos fueron el órgano de contratación que más recursos recibieron 77 (37,02 %).