Frente común para pedir a la UE una Euro7 "más laxa" en la transición a la electrificación

Nueva demanda a la Unión Europea para dar un respiro al sector del automóvil en su transición hacia la electrificación. Esta vez se ha producido durante un foro organizado por la CEOE Valladolid y en la que han participado representantes de la Junta, del propio sector así como del Grupo Renew Europe, que engloba a los partidos liberales europeos. Todos ellos han exigido una normativa "Euro7" más laxa que fomente las grandes inversiones en materia de reducción de emisiones para sus motores de combustión a partir del año 2025, ya que serían "incompatibles" por la falta de disponibilidad de recursos.

La eurodiputada Susana Solís destacaba que esta norma "no hace sino poner más palos en las ruedas del lugar donde deberíamos ir, que es invertir en coches eléctricos que sean más asequibles y fabricados en Europa". Por ello ha reclamado que la normativa Euro7 sea “mucho más laxa” y cuente, además, con otros plazos porque “el periodo de aplicación de 2025 es irrealista”.

Una normativa, explicaba, que supondría un sobrecoste para la industria del automóvil de 2.000 euros por vehículo, a lo que habría que sumar las “grandes inversiones” necesarias para la transición hacia el coche eléctrico, único que se podrá comercializar en Europa a partir de 2035.Es por ello que poroponen condiciones de prueba para la reducción de emisiones se aplique a las ruedas y los frenos, porque “va a tener futuro y en el coche eléctrico se van a utilizar” dichas modificaciones, pero “no tiene ningún sentido hacerlo en los motores de combustión, que tienen un periodo de vida hasta 2035”, por lo que las inversiones “no se van a poder amortizar” en la industria que, a la vez, debe afrontar la transición hacia el vehículo eléctrico.

“En el grupo liberal tenemos que hacer el equilibrio pero tenemos que irnos del lado de la industria”, comentó Solís, que reiteró su deseo de realizar una propuesta que retrase las fechas de entrada en vigor de la normativa ‘Euro7’ por ser el año 2025 “totalmente irrealista”.

Una misma línea que compartió el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, que sostuvo la petición para flexibilizar esta norma porque supone “apoyar al empleo, la actividad productiva, la industria y los trabajadores” y permitirá “seguir fabricando automóviles en España y Castilla y León”.

“Estamos del lado de los países productores y nos gustaría que el Gobierno de España se sumara a esta posición”, afirmó Carriedo, recordando que esta postura también ha sido defendida “en alguna ocasión” por Alemania y de manera vehemente por Francia, Italia, Rumanía o Eslovaquía, entre otros, dado que “sin pasar esa barrera de la Euro7, no va a haber el reto siguiente que es el de la electrificación completa del sector del automóvil” en 2035.

Desde CEOE Valladolid, como entidad organizadora del desayuno de trabajo realizado hoy con la europarlamentaria española ponente de esta norma, apuntan que el objetivo del mismo es “ver si, de alguna manera, se pueden introducir mejoras en esa normativa que ahora se está discutiendo en el Parlamento Europeo” con el fin de “apoyar y salvar al sector de la automoción en Valladolid y Castilla y León”.

Y es que, como defendió la presidenta de CEOE Valladolid, Ángela de Miguel, en declaraciones recogidas por Ical, la ‘Euro7’ “es una norma que afecta muchísimo a toda la industria y el sector de la automoción” y, por tanto, “al futuro de Valladolid y Castilla y León” por obligar a los productores a “acometer inversiones que, en muchos casos, pueden resultar incompatibles con la transición al vehículo eléctrico”.

Por tanto, De Miguel abogó por que “si lo que se pretende es hacer esa transición al coche eléctrico, que ya está fijada en gran parte de la normativa europea, se permita que toda la inversión vaya focalizada en ese largo plazo y no haya imposiciones a corto” como plantea la normativa ‘Euro7’, que la presidenta de CEOE Valladolid reconoció que “haría mucho daño al sector” por obligarle a “adaptar, para un breve espacio de tiempo, toda la industria” con “inversiones importantes a corto plazo” que “no tendrían mucho sentido” cuando “la apuesta a largo plazo está en la electrificación”.