La judicatura clama contra Sánchez por sus ataques a la independencia judicial que ve "amenazada"

Magistrados, jueces y fiscales de cinco asociaciones del sector han mostrado este miércoles su malestar por los ataques que la judicatura está sufriendo por parte del Gobierno de España y para advertir de la amenaza a la independencia judicial existente dos iniciativas parlamentarias en las que trabaja el Ejecutivo de Pedro Sánchez: el proyecto de modificación de la Ley Orgánica de Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

“No quepa duda de que estas reformas, enmarcadas entre otras que se han ido produciendo, van encaminadas a convertir al poder judicial en un poder con minúscula, un poder más débil en su función de contrapeso del poder político, más maleable y sensible a las presiones mediáticas y del poder”, advierten los magistrados, jueces y fiscales, que se han concentrado en las sedes judiciales de toda la comunidad para reclamar la retirada de ambos proyectos y llamar a la huelga sino se da marcha atrás.

Así, pusieron de manifiesto que la Constitución de 1978 implantó en España el Estado de Derecho al sancionar el imperio de la ley, la separación de poderes y la existencia de un Poder Judicial independiente “de toda injerencia política como garante de los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía”.

Esta independencia judicial, “clave para hablar de una democracia real y de una verdadera integración en la Unión Europea, está bajo amenaza por las recientes iniciativas legislativas”, insisten.

Respecto del proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal, tramitado “injustificadamente por vía de urgencia”, es una iniciativa que, según las asociaciones, “no responde a demanda social alguna”. Además, ha recibido un informe técnico “muy crítico” por parte del Consejo General del Poder Judicial. Se trata de una reforma legal que “va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para nuestra formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración”.

Asimismo, prosiguió, entre otras medidas, “como meter la política dentro del órgano que debe velar por la ética de los jueces”, se pretende crear un centro de preparación de opositores “dependiente directamente del Gobierno y, por ello, “con riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales de este país”. “Pero, sobre todo, poniendo falsamente a Europa como excusa, se quiere modificar la base de ambas carreras convirtiendo en jueces y fiscales a 1.300 sustitutos, sin pruebas que midan su aptitud para ello y, consecuentemente, en contra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, con grave perjuicio de las promociones más jóvenes y de los miles de opositores que se están sacrificando para alcanzar su sueño de ser juez o fiscal”, advierte el manifiesto.

Mientras que con el segundo anteproyecto, los magistrados y fiscales consideran que se persigue “aumentar” las competencias del Fiscal General del Estado, quien, como jefe de todos los fiscales, también de los futuros de instrucción que quieren crearse, seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo, lo que, sumado a la eliminación de garantías de autonomía de los mismos, incrementará aún más si cabe, en contra de las exigencias europeas, el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción”.

Ataque el poder judicial

"Todas estas reformas se desarrollan se desarrollan en un ambiente de continuo ataque al poder judicial y de descrédito de la Fiscalía, con declaraciones políticas que deslegitiman las resoluciones judiciales que molestan, que tratan al Ministerio Fiscal como un apéndice del Gobierno y que, por todo ello, minan la confianza de los ciudadanos en su Justicia, lo que facilita los abusos de poder contra esos mismos ciudadanos”, advierten.

Además, añaden que la existencia de un poder judicial “fuerte e independiente no es un derecho de los jueces, es una garantía de todos, como lo es tener una Fiscalía imparcial y autónoma”. “Ambas exigencias son imprescindibles para preservar la buena salud democrática de un país”, defendieron.

Las cinco organizaciones aprovecharon la oportunidad para reclamar, como hacen “desde hace lustros”, una “masiva” creación de plazas judiciales y fiscales a fin de mejorar la calidad y rapidez del servicio.