La Junta arremete contra Sánchez por ningunear a las regiones en sus medidas anticrisis

El Gobierno de España ha aprobado este miércoles una serie de medidas anticrisis y de escudo social en la reunión del consejo de ministros. Entre ellas, se elevará el IVA de la electricidad en el 10 por ciento frente al 5 por ciento actual durante seis meses -en el caso del gas, recuperará su tributación en febrero- y se extenderán las ayudas al transporte público de forma generalizada, no sólo para jóvenes, parados y pensionistas como se había adelantado. También ha decidido mantener sin cambios los impuestos extraordinarios a la banca, energéticas y grandes fortunas, aunque ya se prepara una variación tributaria para integrar esta figuras en el sistema fiscal foral, según ha asegurado el PNV respecto a su acuerdo con el PSOE.

También se mantendrá la supresión durante seis meses más del IVA del 4 por ciento que se aplica a todos los alimentos de primera necesidad; se suspenderán todas las comisiones de amortización anticipada de créditos hipotecarios de tipo variable a tipo fijo, y se cede el ingreso mínimo vital (IMV) a todas las comunidades que lo soliciten. Igualmente, se extiende la prohibición de interrumpir por impago los suministros básicos de electricidad, agua y gas natural a los consumidores vulnerables; y se limita el precio máximo de la bombona de butano entre 8 y 20 kilogramos a 19,55 euros, entre otras medidas.

Desde el Gobierno regional, defienden que todo lo que sea mejorar la protección social de las personas que más lo necesitan, es bienvenido, pero se quejan de las formas. Al respecto, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo critica que el Gobierno no haya “consultado” con las autonomías las medidas del su “escudo social” cuando son las regiones las que "tienen que pagar la mitad de lo que anuncia”.

"Una parte relevante del escudo social lo pagan las comunidades, porque asumen el 50 por ciento de la recaudación del IVA", recuerda el también consejero de Economía y Hacienda, en declaraciones a Ical, mientras señala que lo normal y más acertado en estos casos es consultar a las autonomías y pedirnos alguna idea ya que somos parte de lo aprobado.

Carriedo apunta que aunque las autonomías carecen de capacidad normativa sobre el IVA han de asumir la mitad de la recaudación y cuando se toca se ven afectadas.

“No se ha querido consultar a las autonomías ni a los sectores productivos cuando esta es una mera negociación para mantener una supuesta cohesión dentro del Gobierno; un tira y afloja entre los partidos del Gobierno”, afirma el consejero, quien insiste en que deberían participar en este tipo de cuestiones los sectores productivos, el conjunto de las sociedad y las comunidades autónomas.