La Junta de Castilla y León presenta información y alegaciones a la Comisión Europea y le insta a revisar el estatus de conservación del lobo y su régimen jurídico

La Junta de Castilla y León ha presentado las alegaciones a la Comisión Europea instando el cambio de estatus jurídico del lobo en Europa y por tanto en Castilla y León. También manifiesta su agradecimiento a la Comisión Europea y su presidenta por la iniciativa tomada. Este paso, puesto en marcha a través de una carta de su presidenta publicada por la Comisión Europea el 4 de septiembre, representa un importante avance en la conservación de esta especie en Europa y en mitigar el conflicto en aumento con el sector ganadero por el incremento de daños a la ganadería extensiva.

A su vez, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha querido reconocer el esfuerzo realizado por otras organizaciones e instituciones (como las organizaciones profesionales agrarias, colegios profesionales, etc) que han aportado información en el marco de este proceso, y que ayudarán a la Comisión europea a formar una opinión ajustada a la realidad actual del lobo en nuestro país.

El objetivo de esta consulta es permitir que la Comisión tome decisiones informadas sobre la posible modificación del estatuto de protección del lobo en la Unión Europea y actualice el marco jurídico en función de la evolución de esta especie, en la consciencia de que (textual del comunidado) “La concentración de manadas de lobos en algunas regiones europeas se ha convertido en un peligro real para el ganado y, potencialmente, también para los seres humanos.”

La Junta de Castilla y León ha criticado en numerosas ocasiones que el gobierno de España remitió a la Comisión una información sobre el estado de conservación del lobo en España que no se ajusta a la verdad, puesto que informó que el estado de conservación es desfavorable cuando la población de lobos no ha dejado de incrementarse en nuestro país.

La Comisión Europea, en el comunicado, instó también a las autoridades locales a hacer pleno uso de las excepciones existentes en la normativa comunitaria hasta tanto se toma una decisión la flexibilización del régimen jurídico. Sin embargo, es destacable que ese uso de las excepciones existentes en la normativa comunitaria que la Comisión insta a los Estados aplicar, es inviable en Castilla y León (y en España) por la acción del gobierno de España, que con la Orden Ministerial de inclusión del lobo en el LESPRE y con la Estrategia de Conservación del Lobo aprobadas respectivamente en los años 2021 y 2022, han impedido de facto poder adoptar una decisión de control de la especie cuando se producen daños significativos, endureciendo el régimen jurídico de conservación muy por encima del permitido por la Directiva europea Hábitats de 1992.

Para respaldar esta consulta, Castilla y León ha proporcionado a la Comisión Europea información relevante y actualizada, que incluye resultados del seguimiento del estado de conservación del lobo en la región, datos sobre los daños al ganado por ataques de lobo y una evaluación del estado de conservación del lobo en España. Además, se han compartido detalles sobre la imposible aplicación de excepciones a la Directiva Hábitats para la ejecución de medidas de gestión de la especie en España.

La Junta espera que esta información contribuya a que la Comisión cuente con datos veraces y actualizados para tomar decisiones informadas sobre el estatus legal del lobo en Europa. Castilla y León se compromete a colaborar estrechamente con la Comisión y ofrecer sus servicios técnicos para el análisis y la valoración de los datos compartidos.

Desde la Junta de Castilla y León se llevan realizando múltiples gestiones y actuaciones ante las Instituciones europeas buscando denunciar la situación creada en España, y en Castilla y León, por la acción del gobierno de España rigidizando el régimen jurídico del lobo, más allá incluso del régimen que permitía la Directiva europea, que incluso ahora, con el proceso abierto, la Comisión se plantea flexibilizar, lo que conlleva que el gobierno de España camina, cada vez con más intensidad, en sentido contrario a las Instituciones europeas.

Es preciso recordar que el antecedente de este posicionamiento de la Comisión europea está en la Resolución emanada del Parlamento Europeo el 24 de noviembre de 2022, en la que, por una amplia mayoría, se pronunció de forma taxativa instando a los Estados y a la Comisión a poner en marcha un proceso de evaluación de las poblaciones de lobos, de los daños que causan a la ganadería y a las actividades humanas en el medio rural, a fin de determinar los cambios que es necesario llevar a cabo en el régimen jurídico de la especie en Europa.

Las regiones del norte del río Duero, con Castilla y León a la cabeza, junto con una región de Grecia, fueron las únicas a las que la Directiva Hábitats en 1992 atribuyó un régimen jurídico más flexible en la protección del lobo que en el resto de Europa, en que se impuso la estricta protección. Ello fue porque Europa era consciente del buen estado de las poblaciones de lobo en estos territorios y su estado de conservación favorable. A pesar de ello, y de que ese estado de conservación favorable seguía protagonizando la población de lobo en Castilla y León al norte del río Duero, el gobierno de España, en contra de la opinión de la mayoría de las Comunidades Autónomas de España, con gobiernos de distintos colores político, decidió en septiembre de 2021, por razones ideológicas, eliminar el régimen flexible y de gestión autonómica del lobo al norte del rio Duero y equipararlo al régimen de estricta protección que existía al sur y resto de Europa. Lo que plantea ahora la Comisión es justo lo contrario, es decir, extender el régimen que el gobierno de España quitó a Castilla y León a otros territorios de Europa.