Sociedad

La Junta concede las primeras 81 ayudas para el retorno de castellanos y leoneses desde otras Comunidades Autónomos

Las cifras arrojan una gran acogida de la primera edición de este programa de ayudas, convocado por la Consejería de la Presidencia

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago
El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González GagoIcalIcal

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha publicado este miércoles 20 de diciembre la resolución de las ayudas para ciudadanos de Castilla y León y residentes en otras comunidades autónomas, destinadas a facilitar su proceso de retorno. El crédito inicial destinado a este programa de ayudas, convocado en 2023 por primera vez, se incrementó de los 150.000 a los 300.000 euros, el máximo previsto en la convocatoria, para llegar a atender el máximo número posible de solicitudes.

Al ser la primera vez que la Consejería de la Presidencia ha convocado este programa, las cifras resultantes sirven para hacer balance de la aceptación social de esta nueva línea de ayudas. El resultado ha sido muy positivo: 249 solicitudes, de las cuales se han llegado a admitir el mayor número que ha permitido el crédito disponible. El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha expresado su satisfacción por el resultado de esta convocatoria, y ha indicado que “esta primera edición debe servirnos para aprender, para pulsar el interés de los potenciales beneficiarios, y para adaptar las futuras convocatorias a este nivel de demanda, en la medida de nuestras posibilidades”.

Un total de 81 personas han resultado beneficiarias de este programa, con ayudas individuales que van de los 2.500 a los 4.800 euros por solicitud. Por provincias, 21 de los beneficiarios tienen su lugar de retorno en la provincia de Valladolid, 17 en León, 12 en Zamora, 11 en Salamanca, 9 en Ávila, 5 en Segovia, 4 en Soria y 2 en Burgos. La media de las cuantías de las ayudas concedidas ha sido de 3.700 euros por persona.

Aunque el programa está dirigido a ayudar económicamente a cualquier persona que haya retornado recientemente a Castilla y León, la convocatoria contempla una serie de incentivos si el solicitante es menor de 35 años (con 1.000 euros más respecto a la cantidad base de 2.500) o si su vuelta se produce al medio rural de la Comunidad (con un incremento de un 20 % a la cantidad total concedida). Además, hay que sumar 500 euros a la cuantía inicial por cada persona que el solicitante tenga a su cargo.

Como consecuencia de estos incentivos, 66 de los 81 beneficiarios tienen menos de 35 años, y 39 de los 81 han retornado a un municipio del medio rural. De hecho, a 27 solicitantes les han sido concedidos 4.200 euros, puesto que cumplen, al mismo tiempo, ambas condiciones. Además, 43 de las 81 personas beneficiarias son mujeres.

En cuanto a las comunidades autónomas de procedencia, 40 de los beneficiarios proceden de la Comunidad de Madrid, 9 de la Comunidad Valenciana, 5 de Galicia, 4 de Navarra y Cantabria, 3 de Andalucía, Aragón y Cataluña, 2 de Castilla-La Mancha, Extremadura, Islas Canarias y Murcia, y 1 de Asturias e Islas Baleares.

Hay que recordar que la semana pasada fue también resuelta la convocatoria del programa ‘Pasaporte de vuelta’, igualmente destinado a otorgar ayudas al retorno, pero esta vez cuando este retorno se produce desde otros países. En dicha resolución resultaron beneficiarias 63 personas originarias de Castilla y León, con un crédito total de 236.000 euros. Es decir, sumando las cifras de ambos programas, se concluye que, en 2023, 144 castellanos y leoneses han percibido una ayuda al retorno, con independencia de su lugar anterior de residencia, y 536.000 euros han sido destinados en total a las ayudas individuales.

Además, de esos 144 castellanos y leoneses, 106 son menores de 35 años, 76 han retornado a un municipio del medio rural, y 82 son mujeres. González Gago considera que estas cifras “representan un paso adelante en la lucha contra la despoblación, ayudando, por un lado, a las familias jóvenes que vuelven a establecerse en Castilla y León, mientras que, por otra parte, privilegiamos el medio rural como lugar de residencia y, por tanto, de creación de actividad económica”.