La Junta detecta que en la mayoría de viviendas okupadas no hay personas vulnerables

La directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta, Maria Pardo, ha visitado este lunes la oficina antiokupación de la Cámara de la Propiedad Urbana Valladolid, donde ha defendido la puesta en marcha de estos espacios para ofrecer a los afectados un lugar donde asesorarles y prestarles ayuda y, además, lanzar un mensaje de “tranquilidad” y “seguridad” al mercado inmobiliario para que no se dificulte la puesta en el mercado de viviendas para su alquiler.

La finalidad de estas oficinas es prestar información especializada en materia de okupación ilegal de viviendas, facilitar asesoramiento en relación con la prevención, la actuación inmediata y, en su caso, en las actuaciones posteriores en caso de okupaciones ilegales en curso. La información está también disponible en el Portal web de la Junta de Castilla y León y en el servicio de Atención al Ciudadano 012, desde donde se derivan ya las consultas a las sedes de las Cámaras de la Propiedad de las provincias respectivas. En el caso de la provincia de Valladolid, en el primer mes de funcionamiento de la oficina antiokupación se han registrado quince llamadas.

Pardo aseguraba que en la Junta han detectado que detrás de la mayoría de viviendas okupadas no hay personas vulnerables y sí por bandas que conocen cuál es la situación de las viviendas y que saben que pertenecen a entidades que no se preocupan por su situación. Además, advertía de que en ellas se suelen realizar actividades delictivas como el tráfico de drogas, por lo que apelaba a la necesidad de proteger a los vecinos que compraron su vivienda con toda la ilusión "y ahora se enfrentan a situaciones desagradables que, en el algunos casos, han acabado con tratamientos médicos", decía, mientras criticaba que la actual Ley de Vivienda, “le ha venido impuesta a las comunidades autónomas y está favoreciendo estas prácticas "contrarias al estado de derecho".

La directora general apuntaba que el acceso a la vivienda por parte de las personas vulnerables debe ser abordado por medio del incremento del parque público y de la concesión de ayudas a los más necesitados, y recordaba al respecto que la Junta convoca ayudas al alquiler que subvencionan con el 50 por ciento el coste, el 60 por ciento en el caso de los jóvenes y hasta el 75 por ciento en el caso de los jóvenes del medio rural.

Por otro lado, denunciaba la "lentitud" de Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) a la hora de combatir la okupación, y ponía como ejemplo lo ocurridoen el caso de la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda donde, según avanzaba, han tenido que ser los abogados los que se han tenido que poner en contacto con Sareb para que esta sociedad reaccione.

Tráfico de drogas

Según apuntaba la Junta mantiene un convenio con Sareb por el que esta sociedad ha cedido viviendas a la Administración autonómica para destinarlas a personas vulnerables, y lamentaba que, hasta la fecha, en la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ni siquiera se ha recibido una llamada de interés por parte de Sareb. Pese a todo, señalaba que van a intentar que Sareb actúe para atajar este problema.

Aparte de Arroyo de la Encomienda, en la provincia de Valladolid hay también casos de ocupación en La Cistérniga y Villanubla.