Luz verde a 20 millones que reparte la Junta a municipios de menos de 20.000 habitantes

La Junta de Castilla y León ha resuelto este viernes el reparto de los 20 millones de euros con los que está dotado el denominado Fondo de Cohesión Territorial y que será repartido entre los municipios de menos de 20.000 habitantes de las nueve provincias de la Comunidad.

En este reparto, como consecuencia del mayor número de municipios existentes en estas provincias y su peor evolución demográfica y desempleo, las de León, con 3,6 millones; de Zamora, 2,6 millones; y de Salamanca, 2,6 millones, son las que más fondos recibirán, mientras que con cuantías inferiores se sitúan Valladolid (2,1 millones), Ávila (2,1), Burgos (2), Soria (1,8), Segovia (1,7) y Palencia (1,7).

En la reunión de la Comisión General de Coordinación Territorial celebrada hoy en Valladolid, el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha informado a los delegados territoriales de la firma de la resolución del Fondo de Cohesión Territorial 2024, que será publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León el próximo lunes.

Esta herramienta está concebida como un instrumento económico estable para la realización de inversiones y la modernización de los servicios públicos del medio rural, ha recordado la Consejería competente en esta materia.

En concreto, esta partida está destinada a avanzar en la cohesión de las diferentes provincias de Castilla y León, ya que destina mayores aportaciones económicas a las zonas de la Comunidad que presentan "más dificultades demográficas".

A través del comunicado, González Gago ha destacado que estas aportaciones redundan "en la mejora de los servicios públicos, crea oportunidades de empleo y, en definitiva, contribuye a poner freno a la despoblación".

En Castilla y León hay un total de 2.232 municipios menores de 20.000 habitantes, por lo que representan el 99,3 % del total de los 2.248 municipios de la Comunidad, y su población representa el 47,5 % del total de la población castellana y leonesa.

La diferencia entre estos porcentajes habla de la elevada concentración de población en los núcleos urbanos de la Comunidad y de la gran dispersión que existe en un medio rural cuya baja densidad de población impide a estos municipios, en ocasiones, contar con los recursos suficientes para mantener la calidad de sus servicios públicos, ha argumentado la Administración autonómica.

Factor de corrección

El 40 % de estos 20 millones de euros se reparte teniendo en cuenta las tasas de paro y de despoblación.

De esta manera, son varias las provincias que recibirán un mayor porcentaje del Fondo de Cohesión que si hubiesen sido aplicados los criterios generales autonómicos de la financiación local: Soria (un 73,2 % más que si se hubiesen seguido dichos estándares), Zamora (un 45,5 % más), Ávila (un 20,7 % más), Palencia (un 9,8 % más) y Segovia (un 0,7 % más).

González Gago ha apuntado que “estos factores de corrección introducen un componente solidario entre las provincias de Castilla y León, y permiten que el Fondo de Cohesión sea una herramienta que ayuda a progresar en el equilibrio de las condiciones de vida a lo largo de toda la Comunidad”.

Cofinanciación

La normativa establece también la cofinanciación de estas actuaciones por parte de las diputaciones y los ayuntamientos, en concreto, para los 2.007 municipios menores de 1.000 habitantes, con una aportación repartida entre el 50 % de la Junta, el 25 % lo asumirán las diputaciones provinciales -que gestionan estas ayudas- y el otro 25 %, los ayuntamientos.

Para los 225 municipios de entre 1.000 y 20.000 habitantes, la Junta aportará un 75 % de la inversión, y los ayuntamientos, el 25 % restante, en una línea de ayudas que será gestionada directamente por la Dirección de Administración Local de la Consejería de la Presidencia.

La Junta estima que la aportación de estos 20 millones de euros implicará que, junto a diputaciones y ayuntamientos, el volumen total de recursos para llevar a cabo estas iniciativas sean finalmente 33,2 millones.

Para el consejero, este modelo "demuestra que es posible caminar hacia un sistema de financiación anclado al territorio, poniendo en un primer plano las necesidades y las capacidades de cada administración y creando un modelo de colaboración entre las administraciones en beneficio de los vecinos del medio rural".