Sociedad
Mafias chinas especializadas en el cultivo y la exportación de marihuana se asientan en Castilla y León
La rentabilidad de una explotación "indoor" de unas 350 plantas puede superar los 60.000 euros al año, cantidad que se triplica si la droga sale fuera de España
El desabastecimiento de drogas provocado por el confinamiento durante el Covid disparó el cultivo de marihuana en Castilla y León. Solo en 2021 las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado decomisaron en la Comunidad 41.545 plantas de cannabis, cantidad récord de la década y que contrasta con las poco más de 6.400 del año 2016.
Entonces, la alta rentabilidad unida a la posibilidad de controlar todo el proceso, desde el propio cultivo hasta la distribución, y a una menor responsabilidad penal, llevó a históricos narcos asentados en Castilla y León a especializarse en este cultivo, a los que ahora se han sumado mafias chinas, muy violentas y jerarquizadas, que exportan sus producciones a Inglaterra.
Por su proximidad a Madrid, Ávila se ha convertido en la provincia de Castilla y León donde más han proliferado estas mafias y donde mayor actividad viene desarrollando la Guardia Civil en los últimos años. El capitán Juan José V., jefe de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de Ávila, explica a Ical que los narcos suelen alquilar casas por encima del precio de mercado en pueblos muy pequeños y en urbanizaciones antiguas donde hay muchas viviendas vacías, o incluso naves agrícolas o ganaderas sin actividad.
Una vez asentados, convierten la mayor parte de la vivienda en un gran invernadero dotado con un complejo sistema eléctrico, riego automático, humificadores, placas led, ventiladores, sistemas de refrigeración con filtros antiolores, e incluso sistemas de vigilancia por cámaras. Incluso, en una de las plantaciones desmantelada en la provincia abulense, los agentes llegaron a encontrarse, como forma de ahuyentar a curiosos, alfombras de clavos camufladas a lo largo del perímetro
Mientras en el caso de las mafias chinas suelen son compatriotas los que se encargan de los cuidados de la plantación y viven en la misma vivienda o nave, en otras organizaciones criminales los guardeses residen lejos de las plantaciones y realizan frecuentes visitas para comprobar que todo está en orden, e incluso hay casos en los que los propios propietarios ofrecen sus viviendas a las bandas y ellos también se encargan del cuidado de la marihuana.
En este sentido, el inspector Jorge A.R., jefe del Grupo VIII de la Policía Nacional en Valladolid, la unidad de Policía Judicial especializada en la lucha contra el narcotráfico, apunta que en la ‘operación Santo’, desarrollada el pasado año en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera y en la que se decomisaron 3.500 plantas repartidas en siete viviendas del barrio España de la capital vallisoletana, las mismas personas se encargaban del cuidado de todos los ‘viveros’. Por el contrario, en la ‘operación Canal’ fue detenida una persona que a excepción del baño, la cocina y su habitación, había convertido el resto de la vivienda en un invernadero en el que cultivaba más de 330 plantas.
Además de un alto nivel de sofisticación en las plantaciones ‘indoor’, donde no faltan diferentes tipos abonos y pesticidas para combatir el pulgón, la variedad de plantas ha cambiado radicalmente. Ya han dejado de ser plantas de más de dos metros de altura a pasar a la variedad ‘Skunk’,que apenas supera el medio metro, pero que produce muchos más cogollos y con un nivel más alto de tetrahidrocannabinol (THC), el constituyente psicoactivo del cannabis, muy valorado en el mercado negro.
La rentabilidad media de una explotación de 350 plantas de cannabis puede superar los 60.000 euros anuales, cantidad que se multiplica por tres si la droga sale de España. Se estima que el valor de cada cosecha ronda los 15.000 euros y en las plantaciones más sofisticadas se pueden lograr hasta cuatro cosechas anuales.
Precio
A pesar de la aparición de estos nuevos actores en el mapa del narcotráfico, el mercado negro no ha experimentado cambios drásticos en los últimos años y el precio del gramo de marihuana al menudeo se mantiene estable por encima de los 6,50 euros. No obstante, el inspector Jorge A.R., apunta que el consumo de esta droga continúa en aumento, especialmente entre los jóvenes, a la vez que se incrementa el número de plantaciones ilegales.
La colaboración ciudadana suele ser el arma más eficaz del Instituto Armado para luchar contra estos narcos. El capital Juan José V. reconoce que aunque el uso de helicópteros y drones son herramientas eficaces, más del 955 de las operaciones se ponen en marcha tras las sospechas de los vecinos.
La mayor parte de la marihuana decomisada se cultiva en invernaderos ‘indoor’, pero en algunos casos la plantación se realiza al aire libre y se intenta camuflar con otros cultivos. Este ‘modus operandi’ ha sido utilizado en el Valle del Tiétar (Ávila), donde tras solicitarse permiso para plantar cáñamo con fines industriales, este cultivo se ha alternado con marihuana.
Consumo
Mientras cae el consumo de tabaco o alcohol, el cannabis es la droga ilegal más consumida por los jóvenes y la que mejor imagen tiene entre las nuevas generaciones. A pesar de que su consumo habitual tiene consecuencias negativas tanto en la salud como en las relaciones sociales, más de dos de cada diez españoles de entre 15 y 24 años la ha tomado esta droga en el último año y más del 15 por ciento en el último mes, atendiendo a la encuesta sobre alcohol y otras drogas en España del Ministerio de Sanidad.
La cantidad de marihuana preparada para su venta e incautada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Castilla y León ascendió en 2022 a 728 kilos, cantidad muy lejana a los 1.655 kilos decomisados en 2021. No obstante, la cantidad de 2022 está muy lejos de los 193 kilos de 2013, los 130 de 2015 o los 158 de 2016.
Por otra parte, en 2022, último año recogido por las estadísticas del Ministerio del Interior, fueron detenidos en la Comunidad 716 personas por tráfico de drogas, una cifra ligeramente inferior a 2021, cuando los apresados por delitos contra la salud pública ascendieron a 730. Por su parte, las denuncias subieron un 16 por ciento, hasta las 12.429, frente a las 10.740 de 2021.
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