Política
Ofensiva del PP en el Congreso para denunciar el "maltrato" de Sánchez a la provincia de Salamanca
Los diputados populares salmantinos registran quince preguntas en las Cortes Generales al Gobierno de España para que aclare la "falta de ejecución" de las actuaciones previstas
Los diputados del PP por Salamanca, José Antonio Bermúdez de Castro, María Jesús Moro y Pedro Samuel Martín, denuncian que el Gobierno de España “desprecia y maltrata” a la provincia, y por ello han presentado una batería de preguntas en el Congreso para que el Ejecutivo aclare esta situación además del motivo por el que no se ejecutan las inversiones previstas en la provincia, sobre todo en materia de conexiones ferroviarias que en los últimos días, además, se han visto “agravadas” tras la reorganización horaria y el aumento en la duración de los trayectos y en el precio de los billetes.
Se trata de 15 preguntas con las que pretenden conocer la situación en relación con el desarrollo de infraestructuras que se incluían en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 y no se han acometido, así como otras actuaciones que acumulan “años de demora” o algunas relacionadas con el ámbito judicial.
Entre ellas, el por qué no se ha recuperado la cuarta frecuencia con Madrid si está previsto sumar una quinta como se viene reclamando desde antes de la pandemia; si se va a acometer o no el cerramiento de la línea férrea entre Salamanca y Medina del Campo, que fue impulsada por el Gobierno del Partido Popular en 2015 y actualmente se encuentra paralizada; conocer el estado en el que se encuentran las obras de electrificación de la vía férrea hasta la frontera portuguesa, cuando está previsto finalizar la actuación y poner en servicio la línea; y las actuaciones concretas realizadas en este sentido durante el año 2023.
Los diputados del PP quieren saber también cuáles son los elementos metodológicos en los que se ha apoyado el Gobierno para no hacer efectiva la inclusión del tramo ferroviario Astorga – Plasencia en la Red Básica ampliada de la Red TransEuropea de Transporte (RTE-E) a pesar de estar aprobado por el Parlamento Europeo en 2023, así como la previsión para licitar las obras del Centro Documental de la Memoria Histórica de Tejares.
Otras preguntas están relacionadas con la situación del proyecto para desarrollar el enlace de la rotonda de Buenos Aires, en redacción desde 2021; la previsión para sustituir el intercambiador de Arroyo de la Golosa por un cambiador de ancho dual; o por qué se mantiene la previsión de no reponer el servicio del tren-hotel con Portugal.
En materia de Justicia, los diputados populares preguntarán también por el "caos” que está generando la “falta de planificación” del Gobierno en el cambio de ubicación de juzgados y Fiscalía de Menores de Salamanca, así como la “deficiente” ubicación y las condiciones en las que trabaja el personal de este último órgano judicial.
Igualmente, quieren conocer si está previsto acometer las actuaciones de reforma previstas tanto en el Palacio de Justicia como en el edificio de los Juzgados, así como las gestiones que se han realizado para que estas obras puedan desarrollarse “con suficientes garantías”.
En el PP recuerdan al respecto en el Gobierno de España afirmaron no hace mucho que el pasado año comenzaría la obra de reforma del edificio de la Audiencia Provincial, algo que sigue sin materializarse además de que se sigue relegando en los Presupuestos Generales del Estado. Por ello, los parlamentarios del PP preguntarán por la fase de tramitación en la que se encuentra la licitación de las obras de rehabilitación y las razones que existen para la extraordinaria demora de estas obras.
La carencia de un módulo de presos en el Hospital Universitario de Salamanca, motivo por el cual las fuerzas y cuerpos de seguridad han debido hacer frente en las últimas semanas a fugas o agresiones de reos en diferentes traslados al complejo hospitalario, y un mayor equipamiento que las asociaciones y sindicatos policiales “llevan tiempo reclamando”, centra otra de las cuestiones, así como que el Gobierno aclare el motivo por el que aún no ha firmado aún el citado convenio y no quiere acometer esta actuación, y las medidas y actuaciones previstas para reducir el número de agresiones físicas que sufren los funcionarios de la cárcel de Topas.
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