Una política de vivienda comprometida con los jóvenes y el medio rural

El Gobierno que preside Fernández Mañueco reivindica la política de vivienda que está llevando a cabo en detrimento de la que está haciendo el Ejecutivo central, empezando por la Ley de Vivienda.

Al respecto, la Junta lleva tiempo denunciando la "invasión de competencias” a las regiones y el “intervencionismo" que se hace en el mercado del alquiler, y que en opinión del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, va a va a producir el efecto contrario al que pretenden obtener. "Creemos que va a retraer el mercado de promoción privada de vivienda de protección, también el del alquiler y favorecer la ocupación ilegal de viviendas, porque protege al ocupante en contra del propietario”, apunta, en declaraciones recogidas por Ical.

Suárez-Quiñones critica también que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya enarbolado la bandera de la ayuda a los jóvenes pero haya lanzado unas ayudas al alquiler sin presupuesto suficiente a las que han accedido solo uno de cada cuatro jóvenes, y que además han tenido que gestionar las autonomías.

Por el contrario, el consejero asegura que en Castilla y León los jóvenes sí que cuentan con las ayudas de la Junta, abonadas en noviembre y que han llegado a todos los solicitantes que cumplieron los requisitos, jóvenes y no jóvenes.

“Somos la única comunidad no foral en la que las ayudas al alquiler llegan a todos”, afirma, al tiempo que cifra en más de 29 millones de euros repartidos entre 24.700 familias, en un plazo que se extendió en el tiempo para “reducir las cargas administrativas”, ya que ahora, en la convocatoria abierta hasta mediados de enero, los ciudadanos realizan la solicitud y presentan los justificantes de una sola vez.

Suárez-Quiñones, además pone en valor otras iniciativas en marcha para favorecer el acceso a una vivienda como el Programa Rehabitare, que desde su reactivación en los años 2015-2016 ha permitido recuperar 450 viviendas en Castilla y León, con una inversión de 21,2 millones y ponerlas en alquiler social para familias con escasos recursos, preferentemente familias jóvenes. Cuando acabe la legislatura, en 2026, serán otros 294 inmuebles, con otros 26 millones. Es decir, cerca de 750 viviendas con una inversión de en torno a 47 millones de euros.

Se trata de una de las líneas que tiene la Junta en materia de vivienda, un capítulo que llevará en esta legislatura a construir más de 2.200 viviendas para venta y alquiler, con especial atención a los jóvenes de menos de 36 años y al medio rural. Con ventajas fiscales en estos dos ámbitos y con una inversión final que superará los 400 millones de euros.

Así, está planificada la construcción de más de mil viviendas de 60 metros cuadrados con alto grado de eficiencia energética para alquiler de familias jóvenes que, además, serán en su mayoría colaborativas (más conocidas como viviendas cohousing por reservar espacios comunes) y que estarán finalizadas en 2026.

Novedosa este año ha sido también la puesta en marcha de una línea de garantías para permitir que los jóvenes castellanos y leoneses puedan comprar su primera vivienda. Conocedores de la dificultad que arrastran para obtener un crédito hipotecario que solo les cubre el 80 por ciento del precio de adquisición de una vivienda, la Junta avala a los jóvenes menores de 36 años con hasta el 17,5 por ciento del valor de compra, de manera que con tan solo el 2,5 por ciento del coste de la vivienda obtienen un préstamo hipotecario.

Hasta ahora, doce entidades financieras se han acogido por convenio a esta medida, más de 1.254 certificados emitidos por la Administración autonómica y 228 hipotecas ya firmadas. Por esta razón se ha prorrogado un año más esta línea.

Otra de las actuaciones que tiene como protagonista, además de a los jóvenes, al medio rural, es la promoción de viviendas en municipios de menos de 10.000 habitantes con descuento para familias jóvenes, de un 20 por ciento del precio de adquisición. Desde el inicio de esta legislatura se han construido y entregado ya 48 viviendas a familias jóvenes con recursos limitados a unos precios que no podrían plantearse si tuvieran que acudir al mercado. En construcción ahora mismo hay otras 136 viviendas y con las que están en estudio sobrepasaremos las 500 viviendas construidas a final de legislatura.

Finalmente, pide a Sánchez que convoque cuanto antes la Conferencia Sectorial de Vivienda para que permita repartir los fondos europeos que están pendientes y, de paso, ampliar el plazo de solicitud de las convocatorias en curso.

Y es que al no haber llegado los fondos del Gobierno antes de finalizar 2023, lo que hubiese permitido prorrogar la actual convocatoria que ha concluido el día 30 de diciembre, la Junta debe ahora reorganizar todo el área encargada de tramitar y resolver las convocatorias de ayudas públicas para la eficiencia energética en edificios colectivos e individuales.