Pollán llama a combatir la corrupción “con luz y taquígrafos” y defiende el derecho del contribuyente a saber el destino de su dinero

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, subrayó hoy que “la corrupción ha de ser combatida, entre otros instrumentos, con luz y taquígrafos”. No en vano, consideró que el “honrado” y “sufrido” contribuyente tiene derecho a saber en qué se gasta su dinero. En este sentido, aseguró que más vale prevenir que asistir al “descrédito” de las instituciones, antes de que la reputación de “tantísimos” servidores públicos se vea afectada por la “desvergüenza de unas pocas manzanas podridas”.

Con motivo de la inauguración deI Seminario ‘Integridad en el sector público y canales de denuncia’, organizado por la Autoridad Independiente en materia de Corrupción de Castilla y León (AICCyL), Pollán insistió en que la transparencia y el control ciudadano son pilares esenciales para preservar la confianza en las instituciones. “Desviar el foco de los escándalos, extendiendo sobre ellos un manto de silencio, es propio de organizaciones criminales”, afirmó, recalcando la importancia de garantizar “sistemas de funcionamiento que aseguren la independencia, la confidencialidad y la protección de los denunciantes”.

Durante su intervención, centrada en la necesidad de reforzar la transparencia y la prevención frente a la corrupción en las instituciones públicas, destacó que quien se atreve a denunciar debe contar con el agradecimiento de toda la sociedad. Es por ello que reclamó mecanismos “eficaces” que protejan la identidad y los derechos de las personas informantes.

Espacio para la reflexión y la prevención

El seminario, que tuvo lugar en el Salón de Recepciones del Parlamento autonómico, tiene como objetivo generar un espacio de reflexión técnica y de intercambio de experiencias entre responsables institucionales, expertos jurídicos, técnicos del sector público y otros agentes implicados.

Durante la jornada se abordan cuestiones esenciales como la estructura y funcionamiento de los sistemas internos de denuncia, su integración en los modelos de integridad institucional y las garantías necesarias para cumplir con la Ley 2/2023, de 20 de febrero, que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.