Política

El protocolo para evitar el recurso al Gobierno por colisión de competencias, en marcha pero sin activarse

La "vigilancia proactiva" de las consejerías no ha detectado hasta ahora invasión estatal en materias gestionadas por la Administración autonómica

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago
El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González GagoMiriam ChacónIcal

Castilla y León se dotó hace algo más de un año de un protocolo de actuación para evitar el recurso de inconstitucionalidad ante una posible invasión de sus competencias autonómicas por normas estatales con rango de ley. Este mecanismo no se ha estrenado desde su puesta en marcha. La “vigilancia proactiva” de las consejerías no ha detectado, hasta ahora, la existencia de colisión entre disposiciones aprobadas por el Gobierno con las materias de autogobierno de la Comunidad.

El protocolo de actuación de la Administración autonómica para la cooperación y entendimiento con el Estado para evitar el litigio constitucional en normas con rango de ley, puesto en marcha por la Consejería de la Presidencia, no se ha estrenado aun en este periodo, aunque estuvo a punto de activarse con la ley de Vivienda, pero la Junta optó por sumarse a los recursos interpuestos por el PP y cuatro comunidades.

Tanto el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, como otros miembros de su Gobierno han apuntado a posibles recursos en algunos temas en defensa de los intereses de la Comunidad, pero han sido más advertencias políticas pues no hay ningún procedimiento en marcha. El Ejecutivo de Castilla y León sí recurrió la ley de amnistía, en ese caso contra una norma orgánica estatal.

El primer paso corresponde a los centros directivos en su acción de “vigilancia” de las normas que aprueba el Gobierno y pueden afectar a sus competencias. Hasta este momento, la Consejería de la Presidencia, encargada de convocar el grupo de trabajo interdepartamental que debe valorar si es aconsejable iniciar la negociación, no ha recibido ninguna comunicación de posible invasión competencial, explicaron a Ical fuentes de ese departamento.

La Consejería de la Presidencia, cuyo titular, Luis Miguel González Gago, abogó por ser “más proactivos” con el Estado en la defensa competencial y acordó la puesta en marcha de este mecanismo interno no para presentar más recursos, como precisaron las mismas fuentes, sino para ordenar con garantías un proceso en el marco de la cooperación y entendimiento con el Estado.

Así, no ha llegado ninguna comunicación de las consejerías para activar el grupo de trabajo interdepartamental por la Dirección General de Relaciones Institucionales, encargado de decidir, en esos casos, sí se inicia la negociación en la Comisión Bilateral de Cooperación Estado-Comunidad Autónoma.

Es en la Comisión Bilateral, cuya reunión se inicia a petición del titular de la Consejería de la Presidencia, donde de producirse el acuerdo se zanjan las discrepancias o de lo contrario se abren los trámites para la presentación del correspondiente recurso por parte de los Servicios Jurídicos de la Junta.

Comisión Bilateral

La Comisión de Cooperación entre la Comunidad de Castilla y León y el Estado, constituida en julio de 2008 como máximo órgano de relación entre ambas partes, para lo que se creó tres grupos de trabajo (Infraestructuras, Desarrollo estatutario y Seguimiento normativo, Prevención y solución de conflictos), se ha reunido hasta el momento en tres ocasiones.

En 2010, con un acuerdo sobre inversiones por importe de 100 millones de euros del Plan Plurianual de Convergencia Interior, y en 2018, con un acuerdo en relación a la presencia de la Comunidad en la Comisión de Planificación Hidrológica y Participación Ciudadana de la Demarcación Hidrográfica del Duero.

Este órgano estuvo especialmente activo en 2011 con acuerdos sobre discrepancias competenciales en leyes aprobadas por Castilla y León, como las de Servicios Sociales o Turismo. También, se zanjó con acuerdo en el caso de leyes como la de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio; Integración de Inmigrantes en la sociedad de Castilla y León; Ciudadanía Castellano y Leonesa en el Exterior o algunas de las últimas aprobadas, como las relativas al Tercer Sector Social y de Caza y gestión sostenible de los recursos cinegéticos.