
Sociedad
Siete de cada diez quejas ciudadanas tienen que ver con la falta de respuesta a información que se solicita
La Comisión de Transparencia reafirma su compromiso para garantizar al ciudadano el derecho de acceso a la información pública en poder de las administraciones, autonómica y local, y de otras entidades de carácter público

En su afán por garantizar al ciudadano el derecho de acceso a la información pública en poder de las administraciones, autonómica y local, y de otras entidades de carácter público, la Comisión de Transparencia de Castilla y León ha recibido durante el pasado año -el noveno que lleva en marcha dicha entidad- un total de 546 reclamaciones por parte de los castellanos y leoneses.
De ellas, 127 las presentaron cargos representativos locales, y de estas 110 las formularon concejales de ayuntamientos y, diecisiete, vocales de juntas vecinales, según datos facilitados por el Procurador del Común.
En cuanto a otros colectivos, destacan, en menor número, las reclamaciones presentadas por representantes de los empleados públicos, asociaciones ecologistas y periodistas.
Asimismo, cabe señalar que en siete de cada diez demandas se utilizó la sede electrónica del Comisionado para su presentación.
Otras 351 quejas tuvieron como origen la falta de acceso a la información solicitada a entidades locales. De ellas, 291 se presentaron frente a ayuntamientos, 34 frente a entidades locales menores, 25 frente a diputaciones provinciales y 1 frente a una mancomunidad.
Por otra parte, un total de 154 reclamaciones fueron presentadas frente a las consejerías de la Administración autonómica, y 21 frente a otras entidades integrantes del sector público autonómico. 7 reclamaciones se refirieron a la falta de acceso a información en poder de las universidades públicas de la Comunidad.
La mayor parte de las demandas, 386, se fundamentaban en la falta de respuesta a la petición de información realizada, lo que representa más del 71 por ciento del total de las presentadas.160 reclamaciones
Muchas de ellas fueron denegaciones expresas de información, que se basaban principalmente en la protección de datos personales; la necesidad de realizar una acción de reelaboración para proporcionar la información solicitada; que la solicitud era manifiestamente repetitiva o de carácter abusivo; falta de disposición de la información pedida por la entidad a la que se dirigía la petición; yo en que la información se encontraba en curso de elaboración o de publicación general, informan fuentes del comisionado de Transparencia, Tomás Quintana.
El tipo de información solicitada cuya denegación ha motivado las reclamaciones es muy diverso, aunque la mayor parte tenían que ver con el empleo público, contratación, gestión y disposición de recursos públicos, sanidad, obras públicas, protección del medio ambiente y urbanismo.
Por otro lado , durante el pasado año la Comisión de Transparencia ha adoptado 498 resoluciones, de las cuales 329 se adoptaron en reclamaciones presentadas frente a entidades integrantes de la Administración local o de su sector público, y 136 se refirieron a la Administración autonómica o su sector público.
El resto se refieren a Universidades o Colegios Profesionales. En 234 resoluciones se estimó la petición ciudadana de acceso a toda o a partede la información pública solicitada. Las resoluciones de la Comisión de Transparencia, cabe recordar, deben cumplirse y, por tanto, las Administraciones concernidas han de proporcionar el acceso a la información previamente denegada.
En 155 casos, una vez que hubo intervenido la Comisión ante la presentación de una reclamación frente al silencio o falta de respuesta a una solicitud de información ante la Administración o entidad pública, estas han proporcionado la información solicitada sin que la Comisión de Transparencia hubiera tenido que reconocer de forma expresa el derecho del solicitante a acceder a la información.
En 30 resoluciones de las 498 dictadas, la Comisión de Transparencia confirmó la legalidad de la denegación de la información solicitada que con anterioridad había manifestado la Administración o entidad pública correspondiente. El resto fueron inadmisiones o desistimientos.
✕
Accede a tu cuenta para comentar