Suárez-Quiñones destaca la “eficacia” de las políticas de vivienda de la Junta frente al “fracaso” del Gobierno de Sánchez

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, defendió que algunas comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León, están llevando a cabo “políticas de vivienda eficaces, reales y que están dando solución a las problemas de la ciudadanía” frente al trabajo del Gobierno central en este ámbito que “es una política de anuncios y de ninguna realidad” y cuya medida estrella, la Ley de Vivienda, “ha sido un absoluto fracaso”.

Así se pronunciaba el dirigente regional antes de acceder a la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado donde a propuesta del Grupo Parlamentario Popular se va a llevar a cabo un ‘Debate sobre las medidas necesarias para atajar urgentemente el creciente problema que tienen los españoles para acceder a una vivienda a precio asequible, y la necesaria coordinación de las Administraciones para que las soluciones sean más eficaces'.

Según remarcó Suárez-Quiñones, la Ley de Vivienda del Ejecutivo de Pedro Sánchez “ha sido un absoluto fracaso”, ya que sus medidas más importantes, la fijación de los mercados tensionados y la limitación de alquileres de mercados tensionados, no han funcionado “allí donde se ha aplicado”. Además, recordó que “no hemos visto ninguna de esas 183.000 viviendas que ha anunciado el presidente Sánchez desde hace ya varios años”, al igual que sucede con la prometida “Sociedad de la Vivienda, que tampoco existe” o con el “Perte de construcción industrializada, del que no se sabe nada”.

Frente a este “política de anuncios” está, según el consejero, la labor de las comunidades que, precisamente, se va a exponer en el Senado. Así, señaló las ayudas al alquiler de la Junta de Castilla y León que el pasado año beneficiaron a “20.000 ciudadanos”, especialmente jóvenes, mayores y habitantes de zonas rurales. En total el Ejecutivo autonómico destinó “42 millones de euros” a estas ayudas. Unas cifras, tanto la monetaria como la de beneficiarios, que aumentarán este año, aunque aún no se puede concretar la cantidad, ya que las ayudas están “a punto de resolverse”.

Suárez-Quiñones indicó, además, que en su intervención ante el Senado hablará también de las políticas de facilitación del suelo para la construcción de vivienda pública y privada con especial hincapié en el “el modelo, muy interesante, que tenemos de viviendas colaborativas, donde construimos viviendas en modelo colaborativo, co-housing, co-living, con servicios comunes para los jóvenes”. “Se trata de más de 1.000 viviendas en Castilla y León para alquiler asequible para jóvenes de menos de 36 años”, apuntó.

Asimismo, destacó otras de las medidas de la Junta, “la construcción de viviendas para vender a los jóvenes en el medio rural, descontándoles el 20 por ciento del precio sobre una vivienda ya asequible en venta, porque se hace sobre suelo público, que hemos habilitado para que el suelo dotacional no usado se pueda utilizar para construir viviendas para los jóvenes”. En este sentido recordó que en Castilla y León hay zonas con una alta capacidad económica y actividad económica, pero con ausencia de vivienda “como la Ribera del Duero, la zona logística de Ólvega, la zona galletera de Aguilar o la zona de ligada al porcino de Guijuelo”.

“Son territorios en los que hay mucha necesidad de trabajo, pero no hay vivienda para los trabajadores, y eso ocasiona un cierre de las ampliaciones de las empresas”, señaló el consejero que subrayó que para paliar esta situación la Junta ha utilizado “los instrumentos de ordenación del territorio, como los planes regionales de actuación territorial” a través de los cuales la Junta “asume las competencias urbanísticas de los municipios, haciendo una planificación, recalificación y preparación del suelo rústico para la construcción de esas viviendas de protección y de promoción pública”.

“Estamos hablando, por lo tanto, de una política que en el marco de dos años y medio puede hacer que un suelo rústico no apto para construir se convierta en un suelo en el que haya construidas viviendas para que se utilicen por los trabajadores de estas empresas, en convenios y acuerdos que firmamos con los grupos empresariales, y que permite no solo dar posibilidad a la expansión de esas industrias, sino además que los trabajadores vivan allí, en el medio rural”, enfatizó.

“Podría estar mucho más rato desbrozando y enumerando las medidas que Castilla y León tiene en materia de vivienda”, apuntó, antes de insistir en que uno de los retos de la Comunidad “es la lucha por el reto demográfico y aumentar la población en el medio rural”, de ahí que la Junta apueste por una “política fiscal” que beneficie a las zonas rurales, bajando los impuestos o aumentando las deducciones, para intentar conseguir “el enraizamiento de los jóvenes en ese medio rural”, informa Ical.