Suárez-Quiñones pide al Gobierno que se posicione con Europa o se queda al margen en la gestión del lobo

“Europa puso el 20 de diciembre el reloj en marcha para que se produzca un cambio en la gestión del lobo y ahora todos miramos al Gobierno de España que no ha dicho nada y tiene que decir si va a estar con Europa o al margen de ella”. Así lo afirmó hoy el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Organización del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, después de que la “inmensa mayoría” de la Comisión de Agricultura del Parlamento europeo pusiera de manifiesto que “están hartos de los daños que el lobo y otros grandes carnívoros, como el oso, están causando a la ganadería”.

El titular de Medio Ambiente calificó hoy de “cansina, insostenible y con daños creciente” la situación que viven los ganaderos en Castilla y León desde 2021, en el que el Gobierno de España “por razones ideológicas y de ecologismo radical” prohibiera a las comunidades autónomas la gestión del lobo. De acuerdo con los datos que aportó, esta decisión ha supuesto “un incremento de entorno al 30 por ciento de los daños que sufre el ganado” y que en 2022 provocó que más de 5.000 cabezas de ganado murieran en las fauces del lobo, mientras que a mediados de 2023 ya se llevaban 2.700.

Sin embargo, Suárez-Quiñones celebró que “después de muchas gestiones, Europa ha avalado la petición de la Junta de Castilla y León con tres hitos definitivos”. La primera de ellas se produjo el día 20 de diciembre, cuando “la Comisión Europea dijo que había que cambiar el estatus del lobo y que había que flexibilizarlo” porque “lo que quiere Europa es que lo que había antes al norte de Castilla y León rija en toda Europa”, mientras que el Gobierno de España “camina en sentido contrario a las instituciones europeas”.

Tras ello, la abogada general de la Unión Europea ha emitido un informe “en el que avala la flexibilización del régimen jurídico”, a lo que se suma la reunión celebrada el pasado día 23 de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, en la que participaron los ministros de Agricultura de 19 países y donde se puso de manifiesto que “la inmensa mayoría están hartos de los daños que el lobo y otros grandes carnívoros, como el oso, están causando a la ganadería”.

En definitiva, para el consejero “hay un compromiso europeo a favor de la ganadería, el medio rural, la vida en los pueblos y también a favor de la conservación, como ya hacían las comunidades autónomas cuando lo gestionaban, ya que nunca ha habido un conflicto entre conservación y ganadería, porque son plenamente compatibles, como se venía haciendo hasta que el Gobierno de España terminó con ello con unos resultado malos”.

Por otra parte, la Junta de Castilla y León ejecuta en estos momentos la obras de construcción de cuatro estaciones depuradoras de aguas residuales en las localidades leonesas de Cimanes de la Vega, Villaquejida, Alija del Infantado y Valtuille de Abajo, con una inversión de 2,4 millones de euros en unos territorios que “contaban con depuraciones obsoletas que no cumplen con los parámetros de vertido”.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, detalló que Cimanes de la Vega que los trabajos forman parte del programa que, en los municipios de entre 500 y 2.000 habitantes de Castilla y León, se con construirán 240 infraestructuras con una inversión de 140 millones de euros, de las que más de 80 ya están en ejecución. Concretamente en la provincia de León se construyen 36 depuradoras por un importe de más de 30 millones de euros.

En definitiva, “una actuación muy importante”, que la Junta de Castilla y León financia en un 40 por ciento a fondo perdido, mientras que otro 40 por ciento lo ponen las diputaciones provinciales y el 20 por ciento restante los ayuntamientos. Además, para “hacer más fácil esa inversión”, el Gobierno autonómico financia a los consistorios al 20 por ciento a 25 años, precisamente el periodo en el que Somacyl explotará las instalaciones.

Para el titular de Medio Ambiente, el programa de depuradoras se trata de “un programa ambicioso” que permitirá que “en la mitad de la legislatura estén terminadas todas las infraestructuras”, aunque hasta el momento “hay ya 13 de las 36 de León en marcha y a buen ritmo”.

Tras ello, se pondrán en marcha las obras de depuración en los municipios menos de 500 habitantes, lo que supondrá generar y construir más de un millar de instalaciones en Castilla y León con una inversión en torno a los 125 millones, de las que 150 estarán en la provincia de León con unos 20 millones.

Todo permitirá que “Castilla y León no tenga ninguna población que no depure sus aguas y que, por lo tanto, vierta sus aguas con parámetros de vertido de acuerdo con la directiva marco de vertidos europea”, tal y como enfatizó Suárez-Quiñones, convencido de se trata de “un buen objetivo” que “junto con el fin de los vertederos y escombreras en terrenos públicos” en aras de “una Comunidad y una provincia moderas y comprometidas con el medio ambiente y con el medio rural”.