«Tolerancia cero» a que los menores accedan al juego

El Parlamento autonómico ha aprobado este jueves la nueva Ley del Juego y de las Casas de Apuestas de Castilla y León, que actualiza la de 1988, de hace 26 años, adaptándose por tanto a los tiempos actuales en los que se han producido numerosos cambios sociales y, sobre todo, tecnológicos que afectan al consumo de esta práctica de «asueto y ocio», en palabras del consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, encargado de defender la norma desde el atril del hemiciclo de las Cortes.

«Será la ley más moderna y avanzada de España», decía, mientras ponía en valor que habrá «tolerancia cero» con el acceso de los menores al juego ya que la norma refuerza su protección al intensificar los controles en la entrada a los establecimientos.

En este sentido, cabe señalar que la nueva norma exigirá a partir de ahora la elaboración de un registro de interdicciones, además de un mayor control de la publicidad y los patrocinios de las casas de apuestas o la inclusión en los propios espacios de juego de folletos informativos para advertir de los peligros y promover un consumo responsable.

Además, se aumenta de cien a 150 los metros de separación que ha de haber entre un salón de juegos o casa de apuesta y un centro educativo, y se fija un nuevo régimen de distancias mínimas de 300 metros entre distintos establecimientos específicos de juego y apuestas, para evitar zonas de saturación.

Como novedad, el dinero que se recaude de las sanciones que se impongan se dedicará a programas de prevención y rehabilitación de los adictos así como a campaña de buenas prácticas en el juego. Asimismo, el consejero avanzaba la puesta en marcha de una comisión técnico-responsable que se encargará de hacer un seguimiento de la norma y de coordinar la estrategia a seguir.

Finalmente, a la implantación de estas medidas, se suma el reconocimiento a la independencia del sector del juego para determinar las condiciones de acceso a sus establecimientos (respetando siempre los principios fundamentales de no discriminación), así como para adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la calidad en su funcionamiento. EUnas disposiciones que, según González Gago, están orientadas a "proporcionar seguridad jurídica a las empresas, así como a promover un ambiente propicio para el desarrollo de su actividad empresarial".

La ley salía adelante sin consenso entre los partidos del Gobierno regional, PP y Vox, que defienden la seguridad y protección que ofrece la norma, y la oposición, que echa en cara a populares y conservadores que hayan tumbado todas las enmiendas que se habían presentado. «Es un día triste», lamentaba la socialista Yolanda Sacristán, para quien esta norma no protege a los más vulnerables, a los ludópatas o a los menores sino que más bien promueve el juego privado y da a las a los empresarios de este sector.

Agenda 2030 y tren directo Burgos-Madrid

Por otro lado, las Cortes sacaban también adelante una iniciativa de Vox que fue enmendada en tres de los seis puntos que tenía por el PP, con la que reclaman al Gobierno de España que derogue las políticas de la Agenda 2023 y el Pacto Verde que sean «perjudiciales» al sector primario.

La proposición no de ley, además, pide al Ejecutivo central que denuncie en Europa las medidas que hayan tenido un impacto negativo, y defiende sin fisuras al campo ante los ataques que está sufriendo. También llama a favorecer una «verdadera» conservación del medio natural que conviva con la actividad agrícola y ganadera; y que se plante cara a la competencia desleal.

El parlamento, además, aprobaba otra propuesta impulsada por el PP que pide al Gobierno de España que reabra el tren directo entre Madrid y Burgos pasando por Aranda de Duero, cerrado en 2011 tras el desprendimiento del túnel de Somosierra, para promover el crecimiento económico y el desarrollo de la provincia burgalesa y de Castilla y León.