Sindicatos y organizaciones agrícolas contienen el aliento ante el impacto en el empleo que pueda tener el brote de Peste Porcina Africana (PPA) detectado en Collserola, en Barcelona, y del que dependen unos 11.000 puestos de trabajo en toda la provincia, repartidos, una gran parte, en granjas y mataderos. De momento, sólo ha trascendido el anuncio del Grupo Jorge de que prescindirá de 300 trabajadores temporales en Santa Eugènia de Berga (Barcelona) a raíz de la crisis y tanto el Gobierno como la Generalitat se han apresurado a ofrecer ayudas económicas, lo que insufla un optimismo moderado en el sector, según fuentes consultadas por Efe. El jefe sectorial del porcino de Joves Agricultors y Ramaders de Catalunya (JARC), Jordi Siscart, considera "una buena noticia" la decisión de la Comisión Europea de limitar a 91 municipios la zona sometida a restricciones y dejar fuera de este perímetro a comarcas con gran peso de esta actividad como Osona y el Lluçanès.

70.000 cabezas de cerdo afectadas

Según los cálculos de la JARC, las restricciones afectan sólo a 70.000 de los dos millones de cabezas de cerdo de la provincia de Barcelona. "Es un número bajo. Además las granjas de esa zona pueden ir a Europa a vender el producto y esperamos que cada vez más terceros países acepten la misma regionalización que aplica Bruselas", ha dicho.

Por su parte, el presidente de ASAJA en Cataluña, Pere Roqué, se ha mostrado también confiado en que el sector saldrá bien parado de esta crisis si se continúan haciendo las cosas como hasta ahora y ha puesto en valor "la rapidez" con la que se ha actuado y la resiliencia del sector. Roqué también ve improbable, de momento, que se den nuevos casos de despidos en el sector y ha alertado contra las "psicosis", tras restar trascendencia al paso dado por Grupo Jorge. "La empresa cuenta con 2.000 trabajadores fijos y ha prescindido de 300 que venían de una ETT. Es menos del 10 %", ha dicho.

30 granjas en la zona cero

Roqué ha explicado que en los 20 kilómetros del perímetro del foco de peste detectado se encuentran 30 granjas, que están aplicando un protocolo de bioseguridad "extremadamente intenso" para evitar que el virus se cuele en su interior. En este contexto, tanto la JARC como ASAJA creen que el trance por el brote de peste porcina puede quedar circunscrito a una crisis de precio en el mercado de la carne de cerdo, que ha caído en los últimos días hasta el punto de que se encuentra ya por debajo del coste de producción.

Siscart ha pedido que los ERTE (expediente de regulación temporal de empleo) por causa de fuerza mayor que se puedan aprobar para encarar la crisis sirvan también para rescatar a los productores, el eslabón que percibe como el más débil de la cadena en estos momentos.

Pese a mostrar este moderado optimismo, tanto JARC como ASAJA han asegurado que los próximos días serán clave para ver cómo evoluciona el brote. "Un animal infectado tarda siete días en morir. Necesitamos entre dos y tres semanas para ver la evolución final de la enfermedad", ha recordado Siscart.

Ayudas para los productores

Los sindicatos agrarios y ganaderos también piden ayudas para congelar el producto que está ahora en las empresas cárnicas y que será más difícil que tengan salida en el mercado por las restricciones en marcha, y así contribuir a amortiguar la caída del precio.

Por su parte, el responsable de Industria de CCOO, Josep Rueda, ha asegurado: "Si el brote va más allá, está claro que tendremos serios problemas", aunque se muestra "moderadamente optimista" por la expectativa que existe de control de la crisis.

La parte del sector porcino que ve más expuesta son los pequeños mataderos y granjas de la provincia de Barcelona que viven de las exportaciones a terceros países, mientras que los que venden en España y Europa capearán mejor el temporal. Rueda ve clave el uso de los ERTE por causa de fuerza mayor para contener una eventual ola de procesos de despidos, un mecanismo que tiene que activar el Ministerio de Trabajo, y reclama que se condicione su uso por parte de las empresas a que complementen los ingresos por desempleo que cobrarían los trabajadores. "Se trata de que no acaben pagando siempre los mismos", ha dicho.