Cataluña obligará a los bancos a ofrecer un alquiler social a ocupas

Después de vivir el pasado viernes el desalojo de Juan y Livia, un matrimonio con tres hijos, uno menor de edad, que no podía hacer frente a una subida del alquiler de mil a mil trescientos euros, los miembros de la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca), ayer no sabían contener su alegría. El decreto ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda que presentó el Govern de la Generalitat les llenó de satisfacción. Enfundada en su camiseta verde, el mismo color que vestía Ada Colau cuando era activista, Lucía Delgado, la portavoz de la PAH, admitía sentirse «como un duendecillo de Papá Noël».

El decreto del gobierno catalán para combatir situaciones de emergencia residencial con medidas de urgencia, para la PAH, «es un regalo de Navidad». Sus miembros sienten que gracias a la presión de las entidades sociales se ha conseguido introducir mejoras significativas en la Ley 24/2015 para adaptarse a las nuevas caras de la emergencia habitacional.

El decreto para mejorar el acceso a la vivienda obliga a los grandes tenedores de viviendas, como bancos, fondos de inversión o de capital de riesgo a ofrecer un alquiler social a las personas o las familias que lleven más de seis meses ocupando una casa sin contrato y que están en situación de vulnerabilidad antes de iniciar una demanda judicial.

Los supuestos de alquiler social se amplían. Los grandes tenedores tendrán que hacer alquileres sociales, por debajo del precio de mercado, a personas en situación de vulnerabilidad o exclusión residencial antes de interponer una demanda de desahucio. Estos alquileres serán de siete años, en consonancia con la Ley de Arrendamientos Urbanos, y se podrán hacer a las personas a las que se haya acabado el contrato. Las personas físicas no tendrán que ofrecer alquiler social en el caso de tener un piso ocupado.

Los criterios para determinar si una familia está en situación de Vulnerabilidad o de exclusión residencial son los que aparecían en la ley 24/2015: estos son los hogares que ingresan entre 1.517 euros al mes (una persona); 1.955 euros al mes (una pareja o familia monoparental), y 2.039 euros al mes (una familia de tres).

Los contratos de tres años todavía vigentes se ampliarán también a siete años o a cinco, en caso de que la vivienda sea propiedad de una persona física.

Otro triunfo que se apunta el Grupo Promotor de la ILP Vivienda es que el concepto de gran propietario se amplía a todo aquel que tenga un mínimo de quince viviendas. Antiguamente, esta calificación se hacía en función de los metros cuadrados –a partir de 1.250 metros cuadrados–. Pero la definición en base a las viviendas «facilita la identificación del tipo de propietario», aplauden desde el Sindicato de Arrendatarios. Ya no se habla sólo de personas jurídicas, sino que se amplía el concepto para incluir a las personas físicas, los fondos de capital riesgo y los de titulación de activos. En el caso del desalojo del pasado viernes, estas novedades no hubieran impedido el desalojo, pues la propietaria era una persona física.

El conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, explicó que la Generalitat podrá expropiar a los grandes propietarios los pisos que están más de dos años vacíos por el 50% de su valor. También informó de que en 2018, se realizaron 13.900 desahucios en Cataluña, un 4,8% más respecto al año anterior. Este año, durante el primer semestre, la cifra ha sobrepasado los 6.900 desalojos, según informó la Agencia Efe.

La Generalitat entiende este decreto como una herramienta para combatir las situaciones de emergencia residencial, pero también quiere que sea un instrumento para aumentar el número de viviendas protegidas en régimen de alquiler y contribuir a la moderación de los precios de los alquileres en viviendas privadas. Según alerta la Fundació Arrels, que acompaña a las personas sin hogar, el precio medio de un alquiler en la capital catalana supera los 950 euros, un 9% más que hace dos años y un 35% más que hace cinco años.

Para sacar adelante este decreto, Calvet explicó que ha trabajado con los comunes y los socialistas, después de que en marzo no prosperara en el Parlament una primera propuesta.

Aumentar el parque público

Para aumentar el parque de vivienda pública –en Barcelona apenas llega al 2%–, la Generalitat admitirá construir alojamiento temporal para atender a familias en situación de emergencia en suelo para equipamiento. E implementará herramientas para considerar como desocupados los edificios en obras inacabadas. Antes de un año, la Generalitat quiere aprobar el Plan Territorial Sectorial de la Vivienda. Además, eleva del 30% al 40% el porcentaje del suelo destinado a vivienda de protección oficial en las nuevas promociones del área metropolitana, y la mitad de ellas serán de alquiler. Las administraciones tendrán también más oportunidades para adquirir vivienda vía tanteo y retracto.

En primavera, el Govern retiró el mismo decreto por falta de apoyos políticos. Después de unos meses de negociaciones y de introducir algunas modificaciones, algunas propuestas por entidades sociales, ahora, logra el apoyo de los comunes y del PSC.